La predisposición de los descendientes de José Antonio Primo de Rivera para que los restos de su familiar sean exhumados del Valle de Cuelgamuros (anteriormente denominado Valle de los Caídos) no ha sido bien acogida entre los líderes actuales de Falange. “José Antonio no es patrimonio, por supuesto, de su familia. Ellos tendrán la capacidad legal de decir lo que se hace con su cuerpo o no, como hemos visto con la familia Franco”, ha apuntado Manuel Andrino, jefe nacional de la organización de ultraderecha, que ha cargado duramente contra los familiares del fundador de su organización. Otras fuentes de la formación matizan la afirmación y aseveran que la figura de su fundador no es patrimonio “exclusivo” de sus sucesores.
Tras conocer la decisión de la familia, Andrino, condenado por el asalto a la librería Blanquerna, realizaba estas declaraciones hace un mes en un canal de Youtube afín al partido y en el que se abordó la exhumación del líder falangista. La intervención, difundida el 11 de octubre, se ha producido en un programa que se llama La hora del CAFÉ, un acrónimo que utilizan los falangistas para hacer referencia a ‘Camaradas, Arriba Falange Española’. “Yo de la familia Primo de Rivera no esperaría nada. Nunca he esperado nada”, ha añadido Andrino.
En su argumentación, el jefe nacional de la organización ultra relataba que en 1991, durante el entierro de Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio, tuvo que colocar la “bandera de la Falange” en el ataúd a “mamporros” con la familia. Según ha apuntado el líder del partido, los familiares “pasan olímpicamente del cuerpo del que llaman su tío”.
El Gobierno ha mantenido conversaciones con la familia
En un tono más comedido, Norberto Pico, jefe nacional de Falange Española de las JONS, aseveraba que él habría optado por “tratar de pelear lo máximo posible [para] que dejen descansar en paz a José Antonio Primo de Rivera” y “que no se consume esa nueva exhumación, que no sería otra cosa que la profanación de su cadáver”. Estas declaraciones de Pico se realizaron en la misma tertulia, publicada el 25 de octubre. “No me queda más remedio que respetar la voluntad de estos sobrinos nietos”, añadía. En esa conversación, Andrino también aseguraba que “en reglas generales” el comunicado de la familia “es totalmente nefasto” y “cobarde”.
La familia de Primo de Rivera solicitó en octubre al prior del Valle de los Caídos y a la Comunidad de Madrid la exhumación de los restos del fundador de la Falange. Antes de que la Ley de Memoria Democrática entrase en vigor, el Gobierno mantuvo conversaciones con los descendientes del líder falangista, que ya trasladaron su disposición para que los restos de su allegado saliesen de Cuelgamuros.
Acusado de ser uno de los principales inspiradores del golpe de Estado, Primo de Rivera fue condenado a muerte por un tribunal popular y fusilado en Alicante el 20 de noviembre de 1936, trasladándose sus restos posteriormente al Valle de los Caídos. Actualmente, se encuentra en el altar mayor de la Basílica. Con la ley ya aprobada, la preeminencia, en palabras del Ejecutivo, de los restos del líder falangista en ese lugar ya no tenía sentido. Para evitar litigios judiciales, como sucedió con la exhumación del dictador Francisco Franco, Moncloa apostó por dialogar con la familia del fundador de la Falange.
El comunicado en el que se hizo público el posicionamiento de la familia fue enviado por Fernando Primo de Rivera, que ostenta actualmente el ducado de Primo de Rivera. El sobrino nieto del líder falangista heredó el nombramiento de su padre, Miguel Primo de Rivera y Urquijo, que fue alcalde de Jerez de la Frontera. Aunque, con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, ese es uno de los 33 títulos nobiliarios otorgados por Franco que se han suprimido. El portavoz de la familia lamentó que se le retirase el ducado, con base al “amor” y “fidelidad a España” que su familia ha demostrado “a lo largo de la historia”.
“Nos repugna especialmente el anuncio de la profanación del cuerpo de nuestro fundador”, indicó Falange tras la aprobación de la Ley de Memoria. Y añadieron en un comunicado: “En ese sentido nos comprometemos a iniciar las acciones judiciales oportunas para que sus restos mortales sean tratados con la dignidad que merecen, aun a sabiendas de que el régimen ya ha demostrado no respetar las más elementales normas de respeto a los difuntos”.
Falange anunció acciones judiciales
A diferencia de las quejas de la organización de ultraderecha, la familia no solo no ha bloqueado la exhumación del líder de la Falange, sino que ha promovido esa actuación. Con la petición dirigida al Valle de los Caídos y a la Comunidad de Madrid, los descendientes pretenden evitar que José Antonio quede enterrado en un cementerio civil, tal y como se resignificará Cuelgamuros de acuerdo a la Ley de Memoria Democrática.
Los familiares argumentaron su petición amparados en el testamento de Primo de Rivera, que pidió ser enterrado “conforme al rito de la religión católica, apostólica, romana”. “La familia se considera obligada a cumplir la voluntad de nuestro tío y llevar a cabo la exhumación y correspondiente inhumación de sus restos mortales en un cementerio sagrado de acuerdo con el rito católico”, apuntaron, y destacaron que “el proceso de exhumación debe permanecer y permanecerá dentro de la estricta intimidad familiar, sin que pueda convertirse en una exhibición pública propensa a confrontaciones de ninguna clase entre españoles”. Sin embargo, fuentes de la organización falangista se aventuran a anunciar que si finalmente salen los restos del Valle habrá “un homenaje” a Primo de Rivera “quiera o no quiera la familia”.