Las familias que están a punto de ser desahuciadas se han encontrado en estos últimos meses con un nuevo aliado: el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU se ha convertido en su último recurso para evitar el desalojo. Hace ahora un año, en julio del 2017, este organismo condenó a España por no garantizar una alternativa habitacional en 2013 a la familia de Mohamed Ben Djazia. Tras ser desahuciado, él, su mujer y sus hijos de 8 meses y 2 años pasaron cuatro días durmiendo en un coche.
El Comité determinó que el desalojo de Ben Djazia “constituyó una violación de su derecho a la vivienda adecuada”. 12 meses después, esta institución ha solicitado medidas cautelares en otros 18 casos y han recibido 25 quejas. En el último mes, las asambleas de vivienda han hecho públicos dos requerimientos en la Comunidad Valenciana y uno en la de Madrid.
La última resolución emitida por este organismo se dictó el pasado lunes. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos amparaba a una familia con dos niñas de 10 y 12 años, que reside ocupando un piso de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid en San Martín de la Vega. El escrito se emitió 24 horas antes de la fecha programada para el desahucio.
Actuando en nombre del Comité DESC, el Alto Comisionado solicitó al Estado “tomar medidas para evitarles posibles daños irreparables”, mientras la institución internacional investiga el caso. Para evitar el desalojo, determinaron la suspensión del lanzamiento o que se les proporcionase una vivienda alternativa.
El 30 de julio llegó la comunicación internacional, el 31 estaba programado el desahucio. Desde la Comunidad de Madrid aseguran que el 30 llamaron a la familia para comunicarles que habían pedido al juzgado la paralización de desalojo, tras la intermediación del Ayuntamiento. A pesar de que la fecha coincide con la resolución emitida por la ONU, fuentes oficiales del Gobierno regional inciden en que esta decisión “no ha tenido nada que ver” con la petición internacional. Sin embargo, según la documentación facilitada por el grupo municipal de Sí se puede!, la Agencia tenía constancia de este caso desde el 20 de julio. Fecha en la presentaron un recurso ante esta administración.
Actualmente, el Comité DESC está analizando 25 casos de este tipo contra España y 22 se han recibido en 2018, informan desde el departamento de prensa de este organismo. En 18 solicitaron medidas cautelares. Tras la resolución del año pasado en la que se determinó que el Estado había vulnerado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en vigor desde el 2013, los movimientos en defensa de la vivienda han decidido recurrir a esta institución.
La vivienda, un derecho humano
Javier Rubio, el abogado que defendió el caso de la familia de Mohamed Ben Djazia, destaca que el Comité DESC introduce un enfoque diferente al de la justicia española al posicionarse sobre estos casos. “La ONU toma la perspectiva de la declaración universal de 1948 en la que se declara la vivienda como un derecho humano, nuestras administraciones generalmente no la entienden así”, incide. Los afectados recurren a esta institución una vez que les han denegado vivienda pública y han agotado la vía interna del recurso en los tribunales.
Ante estos casos, este organismo decide entre derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda. “El Comité pide que se haga un juicio de proporcionalidad para determinar cuál conviene respetar más y considera que el derecho a la vivienda es más protegible que en otros casos”, incide Paco Morote uno de los portavoces estatales de la PAH.
A pesar de que desde el año 2013, España tiene que cumplir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que reconoce en su artículo 11 que los estados parte “reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”, en estos últimos meses han llegado más peticiones de intermediación porque la PAH ha difundido a través de distintos colectivos el fallo de Ben Djazia.
En estas comunicaciones, la ONU interpela directamente al Estado. Hace dos semanas, las plataformas en defensa de la vivienda también dieron difusión al caso de una familia de Oliva (Valencia) que, tras la intermediación del Alto Comisionado de Derechos Humanos y la difusión de su situación, consiguió una vivienda municipal. En marzo, el Comité ordenó la paralización de la salida de otra vivienda ocupada por una familia en el barrio madrileño de Villaverde y solicitó al Estado que tome “medidas para evitar posibles daños irreparables” a la familia, tal y como contempla el quinto artículo del Pacto.
Ante el desahucio de una nueva familia valenciana programado para el pasado viernes en la localidad de Burjassot, el Comité reiteró a España (ya se había pronunciado en ese mismo sentido un mes antes) la necesidad de que suspendiese el lanzamiento o les otorgase una vivienda alternativa. La Generalitat ha tomado parte en el procedimiento y el mismo día del desahucio la Entitat Valenciana d’Habitatge les facilitó por procedimiento de urgencia una casa.
Solicitud desoída
Sin embargo, estas peticiones internacionales no tienen una efectividad del cien por cien. En Mazarrón (Murcia) el 26 de junio se ejecutó el desahucio de una familia a pesar de que un día antes el Alto Comisionado solicitó al Estado “tomar medidas para evitar posibles daños irreparables” suspendiendo el lanzamiento o facilitarles “una vivienda alternativa adecuada”. Morote asegura que los denunciantes están actualmente viviendo en “casa de unos familiares” y que el “proceso judicial está recurrido”. El Ayuntamiento ha rechazado aclarar en qué situación se encuentra el expediente de esta familia.
Rubio lamenta que el Estado no está “preparado” para atender todas las resoluciones del Comité. “No hay vivienda pública y los servicios sociales están saturadísimos”, apunta. Además, según añade, estas familias hacen frente a otra adversidad: no hay comunicación entre el juzgado que tiene que determinar la medida cautelar y la Representación Permanente de España ante Naciones Unidas, que recibe la notificación.
Finalmente, según denuncia el letrado, el magistrado es informado de estas decisiones por la defensa del demandado. “Se genera un problema más de andar por casa, menos jurídico y más humano, ya que al juez no le llega por una vía oficial y por desconocimiento de estos mecanismos no sabe cómo reaccionar”, explica.
Desde el Ministerio de Exteriores recuerdan que estas medidas son cautelares, mientras el Comité estudia cada caso. Además señalan que las comunicaciones de este organismo “pueden llegar en fases tardías de los procedimientos internos”. “Se está trabajando internamente a fin de agilizar la comunicación y la coordinación entre las diferentes instituciones implicadas en la tramitación de estos casos”, aclara un portavoz del departamento de prensa de Exteriores.
Petición al Gobierno central
Sobre la actuación judicial, Morote reseña que las comunicaciones de la ONU “están recibiendo un trato desigual” dependiendo del juzgado en el que recaiga. Por eso, para evitar esa disparidad, la PAH ha solicitado al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que les comunique cuándo van a dar cumplimiento a las medidas de los tratados internacionales y qué modificaciones legales se pueden introducir para que cualquier juez respete las peticiones de medidas cautelares solicitadas por el Comité DESC.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU examinó a España el pasado mes de abril y en el informe emitido mostró su preocupación por la situación en la que se encuentra el derecho a la vivienda, sobre todo en los colectivos en riesgo de exclusión social. “Preocupa al Comité el número insuficiente de vivienda social”, recogían en las conclusiones emitidas.
A su vez, reseñan su inquietud por “la falta de un marco legislativo adecuado que determine las debidas garantías legales y procesales para las personas afectadas” por desahucios hipotecarios e impagos de alquiler. Para combatir esta situación recomienda al Estado “que adopte un protocolo de actuación en casos de desahucios que asegure una coordinación adecuada entre los tribunales y los servicios sociales locales, así como entre los servicios sociales mismos”.