El (pen)último debate político antes de la implantación definitiva de la LOMCE a partir del próximo septiembre sirvió para dejar claro que las posturas respecto a la ley educativa del PP son irreconciliables entre Gobierno y el resto de los partidos. “Es una reforma sin apoyo, implantada a la carrera”, le espetaron los diputados de la oposición. Con 11 millones de votos y la mayoría parlamentaria no se puede hablar de poco apoyo, recordó el ministro de Educación, José Ignacio Wert.
Pero no sólo hubo reproches, también algunas novedades. A dos meses de que la norma con la que el PP pretende atacar el problema del fracaso escolar (está en un 23%) por fin se conoce la financiación que tendrá, un aspecto que la oposición venía reclamando al ministerio desde hace meses. Implantar la ley Wert costará 2.164 millones de euros hasta 2020 que pagarán entre Bruselas, el Gobierno y las Comunidades Autónomas.
Además, durante su comparecencia el ministro negó en el Congreso que Educación se esté planteando sustituir las becas por su sistema de préstamos y abrió la puerta a que las universidades cambien el modelo actual de carrera y grado (cuatro años más uno) por otro más en consonancia con el entorno europeo (tres más dos). La oposición le reprochó la norma con carácter general, deploró que las becas “hayan pasado de ser un derecho a un premio” y expusieron sus dudas respecto a la implantación el próximo curso de la Formación Profesional Básica.
Como el ministro José Ignacio Wert llevaba 10 meses sin aparecer por la Comisión de Educación tenía mucho de que hablar. La primera noticia que dejó fue que el próximo lunes informará a las Comunidades Autónomas con detalle sobre los costes de la LOMCE, que éstas tendrán que sufragar en buena parte. La norma, que empieza a implantarse por etapas a partir del próximo septiembre, necesitará 964 millones de euros durante los tres cursos que tardará (si es que llega a hacerlo) en ponerse completamente en marcha. Este dinero saldrá fundamentalmente del Fondo Social Europeo (614 millones) y de las arcas del Estado (los restantes 350), según explicó el ministro.
La consolidación de la norma una vez implantada necesitará otros 400 millones de euros durante los tres siguientes cursos, hasta 2020. Se suman estos 1.200 millones de euros –aún por determinar cuánto va a poner cada uno– con los 964 iniciales y el total es de 2.164 millones de euros (además del presupuesto ordinario de Educación) en seis cursos, según los datos de Educación.
“Van como pollos sin cabeza. A dos meses de empezar el curso, con la oferta educativa cerrada, se pone a hablar de financiación. Esto es incompetencia”, le espetó el portavoz socialista, Mario Bedera.
Becas, de derecho a premio
Los mayores reproches del debate los tuvo que escuchar Wert a raíz del cambio en el sistema de becas y algunas declaraciones controvertidas de su secretaria de Estado, Montserrat Gomendio. Bedera resumió el pensar de muchos en la Comisión: “Las becas han pasado de ser un derecho a ser un premio”. La afirmación se basa en el cambio de método para repartir las becas (ahora hay una parte fija y una variable) y en la elevación de la nota mínima requerida para optar a una.
Wert rechazó el cambio del espíritu de la beca y ofreció números para rebatir los argumentos. “Hay más becarios y más dinero que nunca”, afirmó (823.000 personas se repartirán 1.411 millones de euros este curso). También sostuvo que “todo el que cumple unos ciertos requisitos económicos y académicos recibirá una beca”, que éstas “nunca han sido un derecho incondicional”. Frente a su optimismo, Bedera y la portavoz de la Izquierda Plural, Caridad García Álvarez, lamentaron que con el cambio de sistema ahora hay un tope a repartir que antes no existía y que por tanto las cuantías han bajado.
Respecto a la polémica generada los últimos días, Wert afirmó rotundo que “en ningún momento, desde ningún punto de vista, se ha planteado cambiar el sistema de becas por uno de préstamos” para el nivel universitario, matizando así a su segunda. Wert explicó que el debate que propone el ministerio es sobre “cómo resolver el problema de financiación por la creciente demanda de las universidades en un contexto de no crecimiento”. Según el ministro la idea es introducir “mecanismos de ayuda para estudiantes con un mayor nivel socioeconómico” en forma de préstamos a devolver, como ocurre en los sistemas anglosajones. El número uno de Educación afirmó que en esta cuestión “existen diferencias culturales importantes” y deslizó que “hay ideas arraigadas sobre la financiación” difíciles de salvar.
“La FP Básica es un fraude estadístico”
La implantación de la FP Básica a partir de septiembre fue el otro gran caballo de la batalla de la sesión, que se extendió durante cinco horas. Esta nueva modalidad de Formación Profesional se ha creado como sustituta de los antiguos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), la hasta vía que adoptaban los estudiantes que han fracaso en secundaria para evitar que abandonen el sistema educativo. “La realidad es que la FP Básica no se va a implantar realmente”, enmendó la totalidad Bereda, haciéndose eco de las dudas de algunos responsables de centros.
Wert defendió que la FP Básica “no tiene el carácter radicalmente finalista de los PCPI (sólo uno de cada ocho alcanzaba el título secundario que se otorgaba tras un segundo año voluntario) y combinan un curriculum básico con conocimientos profesionalizantes que permiten el tránsito a hacia ciclos de grado medio”.
La oposición criticó la etapa creada bajo el argumento de que se va a utilizar con fines estadísticos. “Es un fraude porque los que van por esta vía no computan como fracaso escolar aunque no tengan el título de la ESO”, sostuvo Bereda, un argumento que repetirían otros. “¿Por qué si las evaluaciones son tan estupendas (en referencia a las pruebas que se harán en Primaria y Secundaria) no evalúan la FP?”, se preguntó la portavoz del PNV, Isabel Sánchez. “Porque es una enorme autopista por la que titular y bajar el abandono”, se contestó a sí misma.
¿Una reforma universitaria?
Respecto a la universidad, Wert reafirmó su deseo –público– de realizar una reforma. El ministro lamentó que al adaptar sus planes al espacio europeo común de Bolonia las universidades optaran por un modelo de cuatro años de carrera más uno de máster cuando el estándar europeo son tres más dos, circunstancia que ha provocado algunos problemas en la convalidación de ciertos títulos y que seguro que no provoca la internacionalización de los centros pretendida.
El ministro abrió la puerta a que “de forma optativa y selectiva” algunos centros adapten algunos grados, aunque admitió que, recién terminada la adaptación al nuevo sistema, un cambio profundo “daría más problemas”. El diputado de CiU Martí Barberà se preguntó para qué sirve un proceso de internacionalización que no funciona (Bolonia) y bajó al ministro a la tierra respecto a sus pretensiones reformistas: “Queda un año y medio de legislatura, no le van a dejar”, zanjó.
Por último, Wert invitó a los diputados a realizar “una reflexión” respecto a las diferencias de las tasas universitarias entre las diferentes Comunidades Autónomas desde que hace dos cursos el Gobierno les permitiera subir sus precios dentro de una horquilla determinada (entre el 15% y el 25% del precio real de la matrícula). Según Educación, mientras el precio medio de un crédito ECTS en Galicia es de 11,9 euros –la Xunta no ha subido los precios en dos años–, en Cataluña alcanza los 33 euros, una subida del 66%.
Pese a esta invitación, el ministro sostuvo que el incremento del precio de las tasas no tiene “repercusión alguna” en el número de alumnos universitarios: este curso ha habido más, cuando la población en edad de serlo ha caído. “El impacto en la matriculación no se da en el número de alumnos sino en el número de créditos porque no se los pueden permitir”, cuestionó la socialista María Angelina Costa.