El Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C, que se puso en marcha el pasado 1 de abril, tiene varias “fortalezas”, una de ellas “claramente poderosa” como la estrategia terapéutica, sin embargo, también tiene defectos, y el mayor de ellos es la “financiación poco transparente”.
Lo ha asegurado, en declaraciones a Efe, el hepatólogo Javier Crespo, secretario de la Asociación Española para el Estudio del Hígado y miembro del comité de expertos que elaboró el Plan, tras participar en el acto de presentación de un informe sobre cómo implementar dicho plan que ha elaborado PwC y la farmacéutica Gilead.
Crespo ha afirmado que la estrategia terapéutica del plan ha permitido que se esté tratando con los nuevos fármacos -que tienen más de un 90 por ciento de éxito- “sin restricciones” prácticamente a todos los pacientes que tienen una fibrosis hepática significativa, tal y como contempla el plan.
“Esa es la primera fortaleza”, ha destacado el hepatólogo, quien también se ha referido a la I+D+i como punto fuerte del plan, ya que recoge, entre otras cosas, que se estudien eventos específicos relacionados con la prevalencia e incidencia de la infección y el desarrollo de líneas de trabajo con financiación.
En este sentido, ha subrayado que es “la primera vez” que un plan aborda “con dinero de verdad” un problema de salud invirtiendo precisamente en salud.
Por el contrario, “el gran defecto” de este plan es, a su juicio, el sistema de financiación“: ”es muy poco transparente, no le entendemos, no lo entienden los agentes locales de salud, no lo entendemos los médicos y eso exigiría un proceso de explicación más claro“, ha aseverado el experto.
En su día, el Gobierno explicó que para financiar los nuevos tratamientos iba a ofrecer a las comunidades autónomas un plan de financiación a diez años.
A través de este mecanismo, las comunidades se tienen que dirigir a las farmacéuticas, dentro del convenio marco alcanzado con ellas por Sanidad, para solicitarles los medicamentos y las cantidades que adeuden serán abonadas a los laboratorios por Hacienda.
Las autonomías tienen que devolver al Gobierno el dinero adelantado en un plazo de diez años.
Junto a la financiación, otra de las “patas más flojas” para Crespo es el desconocimiento de la prevalencia de la infección porque los estudios epidemiológicos que el Plan prevé tardarán en dar información.
El cribado poblacional es otra de estas debilidades que ha subrayado Crespo, al igual que los mecanismos de coordinación entre los distintos agentes implicados en la lucha contra esta enfermedad.
No obstante, el experto asegura que, salvo la financiación que ha insistido en que se debe explicar, el resto de defectos que tiene el plan no son estructurales y sí “solucionables”.
“El plan debe tener continuidad en el tiempo y si eso es así estoy seguro de que se va a solucionar en gran medida”, ha considerado.
El informe sobre la implementación del Plan que ha sido presentado en esta jornada tiene como objetivo aportar una visión sobre los aspectos “críticos” en su despliegue y su puesta en marcha, y ha sido elaborado a partir de testimonios de expertos nacionales e internacionales en distintos foros de debate durante los primeros seis meses de 2015.
Entre las conclusiones, destaca la necesidad de realizar un estudio epidemiológico que permita conocer la dimensión de la hepatitis C en España, de hecho, según los datos incluidos en el informe únicamente el 40 % de los enfermos está diagnosticado.
El informe, que ha sido presentado por los jefes de Hepatología de los hospitales Puerta de Hierro y La Paz, José Luis Calleja y Javier García-Samaniego, respectivamente, también se hace eco de las “trabas” para el acceso a los nuevos medicamentos contra la hepatitis C de los reclusos.
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, ya reconoció hace unos meses “desencuentros” con algunas comunidades autónomas en este sentido.
A este respecto, Crespo, preguntado por Efe, también ha reconocido que en un principio “hubo dificultad” en el acceso de los reclusos pero ha confiado en que está en vías de solución.
Para lograrlo, en el informe se estima necesario que se integren las instituciones penitenciarias en los servicios de salud, como ocurre en algunos países europeos.