El número de procedimientos por delitos sexuales se incrementa un 23% en un año, según la Fiscalía

El número de delitos contra la libertad sexual tramitados en los juzgados españoles ha crecido significativamente en un año. En 2018, este tipo de delitos conllevaron un total de 18.986 procedimientos incoados, un 23,2% más que en 2017, según la memoria presentada este lunes por la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público ha constatado el incremento de los procedimientos de los abusos y agresiones sexuales cometidas por menores de edad, en total fueron 1.833, un 32,2% más que en 2017, cifras que ha calificado de “preocupantes” e “inquietantes”.

Pese a los datos, no descarta que, al suceder en la intimidad, se mantenga un indefinido índice de impunidad de estos delitos ha lamentado que el impacto extraordinario que estos hechos tienen en las víctimas se haya visto agravado por “aquellos supuestos en los que la Administración de Justicia no ofrece la respuesta esperada”.

“Las sentencias dictadas durante 2018 en el conocido como caso 'la manada' nos invitan a reflexionar sobre la norma penal, sobre su interpretación y aplicación práctica, sobre el tratamiento informativo de este tipo de asuntos y sobre la imagen que se transmite desde el sistema de Justicia cuando las decisiones que se adoptan se muestran tan alejadas de una mayoría de sensibilidad social”, ha apuntado.

Preocupa especialmente a la Fiscalía la violencia machista y los abusos y agresiones sexuales entre menores de 14 años. “Existe una inequívoca tendencia al incremento de la violencia entre menores, adolescentes y jóvenes”, ha alertado. “Esta tendencia se refleja tanto en el ámbito doméstico como en las relaciones sentimentales iniciadas a una edad cada vez más temprana, y que se asientan sobre pautas de control y dominación del chico sobre la chica”, indica el informe.

En concreto, el número de diligencias preliminares incoadas por violencia machista ejercida por menores en 2018 fue de 944. Se trata del dato más alto de la década y se sitúa lejos de las 684 contabilizadas en 2017.

La Fiscalía ha subrayado que estas agresiones cometidas por adolescentes “revisten aspectos inquietantes”: aparecen implicados menores de más corta edad, con “significativas cifras de archivo por ser los investigados menores de 14 años”. Además, “no menos preocupante es la constatación cada vez más frecuente de la actuación grupal en algunas agresiones sexuales”, un fenómeno que “guarda relación con el uso de la pornografía a través de las redes sociales, donde se presenta a la mujer cosificada”.

El Ministerio Público ha achacado estos comportamientos en edades tempranas a “una deficiente educación, a una pobre formación en valores y a la ausencia de la mínima empatía y consideración hacia los demás”.

Una revisión de los planteamientos educativos

Así, la Fiscalía pide prestar una atención especial a los jóvenes que, pese a haber crecido en un entorno de sensibilización contra los malos tratos, funcionan con similares patrones de discriminación del hombre sobre la mujer, lo que exige una revisión de los planteamientos educativos en la escuela y la familia, ha explicado el Ministerio Público, que llama la atención sobre cómo las relaciones a través de las redes permiten “nuevas vías de control, persecución y acoso”.

“Aparecen así nuevas situaciones de dominio y maltrato no sólo físico, también psicológico del varón sobre la mujer, que constituyen la esencia de la violencia de género, pero que encuentran alguna dificultad para incardinarla dentro de los tipos penales específicos, además de cierta resistencia judicial”, indican.

En 2018, 249 menores fueron enjuiciados por violencia machista y se adoptaron medidas en el 92,37 % de los casos. Las solicitudes de medidas de protección de chicas menores subieron de las 963 a las 1.010.

Castigar al cliente de prostitución

La Fiscalía también ha reservado parte del informe para abordar la trata de mujeres con fines de explotación sexual, ámbito en el que aprovecha para proponer que se considere delito el consumo de prostitución, es decir, que se castigue a los clientes. En la memoria anual lamenta que el proxenetismo es una actividad “en constante e imparable expansión” que constituye un negocio “boyante” con unos beneficios diarios que superan los cinco millones de euros, la mayor parte en dinero negro.

“Sólo tipificando todas las manifestaciones del proxenetismo se vislumbrará el inicio del camino que conduzca a acabar con la trata de mujeres para ser esclavizadas en la prostitución”, subraya. Así, propone como modelo de referencia la legislación francesa aprobada en 2016, que no solo persigue al proxeneta, sino que también da un tratamiento adecuado al cliente de la prostitución.

La Fiscalía destaca que desde que en España se tipificó el delito de trata de seres humanos se han ido desarrollando en buena medida las acciones requeridas por el derecho internacional englobadas en la Acción Mundial contra la Trata en su modalidad de explotación sexual. Pero lamenta que los resultados obtenidos –aún siendo satisfactorios si se comparan con otros Estados europeos– son “decepcionantes”, sobre todo en relación a la protección y al reconocimiento de los derechos elementales de la mujer.

Así, ha denunciado que la normativa española no tiene previsto un régimen de protección integral a las víctimas de trata y urge a incluir este aspecto en la futura Ley Integral contra la Trata.