Tirón de orejas de la Fiscalía a las comunidades autónomas que han permitido la caza de cientos de miles de tórtolas europeas este verano tras la apertura de un expediente sancionador a España por no proteger adecuadamente la especie. La sección de Medio Ambiente ha pedido a estos 13 gobiernos que prohíban, de momento, esta actividad ante la “situación preocupante” que vive la tórtola europea, según han confirmado fuentes del Ministerio público.
En un oficio de 11 de octubre, la Fiscalía especializada ha conminado a los ejecutivos autonómicos (los competentes en materia cinegética) a que dejen de autorizar cada año la caza de esta ave. Las órdenes de las comunidades suman un cupo de cientos de miles de tórtolas abatibles. En 2017, se mataron casi 800.000, según los datos del Ministerio de Agricultura. Esta diligencia llega después de que la Comisión Europea abriera un expediente sancionador a España en julio pasado por no proteger adecuadamente una especie en estado vulnerable.
Una vez iniciado el proceso de sanción comunitario, los responsables de caza de estas comunidades han mantenido las autorizaciones para la llamada media veda –temporada estival de caza menor– en la que estaba incorporada la tórtola. Fueron Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Catalunya, la Región de Murcia, Galicia, La Rioja, Navarra, Aragón, Euskadi (menos Álava), Madrid y las Islas Baleares.
Es más, en mayo de 2018, la Comisión Europea aprobó un plan de acción para la tórtola europea (Streptopelia turtur) que incluía una moratoria de su caza “hasta que los estados se aseguren de que se alcanzan niveles sostenibles”. El plan consideraba la moratoria “esencial”. Sin embargo, en España, esta medida apenas ha hecho mella. Solo existe como tal en cuatro comunidades y en algunas otras se han reducido los días hábiles para matar tórtolas.
Las capturas no disminuyen
Los cazadores ya se revolvieron contra la idea de suspender la temporada de tórtola. Según su criterio, paralizar la caza pondría en riesgo la especie al desincentivar “la correcta gestión de su hábitat”, según la Fundación Artemisán. María Carricondo, coordinadora de programas de conservación de SEO-Birdlife, insiste en que saben que “la causa primera del declive de la tórtola no es la caza sino la pérdida de hábitats, pero es un factor de mortalidad añadida”.
En julio de 2019 llegó el expediente a España. Ahora, con el aviso de la Fiscalía encima de la mesa, la Real Federación Española de Caza ha repetido el discurso y ha considerado “lamentable” la acción fiscal. Carricondo en cambio considera “razonable y justificado” el oficio.
De hecho, la investigadora del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos de Castilla-La Mancha, Lara Moreno-Zárate, avanza que, a pesar de haberse reducido los cupos y acortado la temporada de la tórtola en España, “los niveles actuales de caza de la especie no son sostenibles”. Según los cálculos de la bióloga (cuyo análisis se presentará en el próximo Congreso Español de Ornitología) “no se observa una disminución significativa en el número de capturas de tórtola asociada a ninguna de las medidas de regulación de la caza de la especie en España”.