La Fiscalía remite al Gobierno la posible ocupación ilegal de los frailes del Valle de los Caídos
¿Se han convertido los frailes del Valle de los Caídos en okupas? Para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), desde el pasado 2 de octubre, sí. Hace unas semanas la asociación presentó una denuncia sobre posible ocupación ilegal de Cuelgamuros a la Fiscalía General del Estado, que ha remitido la misma a Vicepresidencia del Gobierno, encargada de la gestión de Patrimonio Nacional. Si se confirma la presencia ilegal de los frailes, la vicepresidenta Carmen Calvo podría proceder a la expulsión de la comunidad, algo que según ha podido saber elDiario.es el Gobierno no se plantea por el momento.
La ARMH ha revelado en un comunicado que la Fiscalía General del Estado ha remitido al Gobierno una denuncia sobre la posible ocupación ilegal del recinto por parte de los benedictinos desde el pasado 2 de octubre de 2020, cuando se cumplieron cuatro años sin que se renovara el convenio entre el Estado y la abadía benedictina de Silos, vigente desde 1958, tal y como obliga la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
¿Desalojo o un nuevo convenio?
El Ministerio Público ha remitido la documentación a Patrimonio Nacional, organismo que se encuentra dentro de las competencias del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de la que es titular Carmen Calvo. De esta forma, ahora es el Gobierno el que tiene que decidir si desaloja el Valle de los Caídos y ordena a la comunidad benedictina que lo abandone, u opta por negociar un nuevo convenio, algo que según la ARMH “iría contra su promesa de convertir el lugar en un cementerio civil”.
En todo caso, las asociaciones memorialistas lamentan que la Fiscalía “actúe como un servicio de mensajería” con el Gobierno, en lugar de “perseguir el incumplimiento de la ley”. La ARMH subraya que según la ley sostiene, de no haber sido renovados los acuerdos que permiten la existencia de Cuelgamuros, habrían quedado extinguidos el 2 de octubre del pasado año.
Al no haberse producido tal actualización, la asociación entiende que la comunidad benedictina debería haber abandonado ya el Valle de los Caídos y por ello, al no haberlo hecho, su estancia debe ser considerada “ilegal” por el Gobierno. Algo que, según las fuentes consultadas por este diario, no parece tan sencillo, pues la salida de una comunidad religiosa, y mucho más sin acuerdo entre las partes, podría chocar con algunos puntos de los Acuerdos Iglesia-Estado.
De hecho, fuentes gubernamentales precisaron a Europa Press que la razón esgrimida por la asociación no es correcta y que la futura Ley de Memoria Democrática, que está pendiente de volver al Consejo de Ministros para después enviarla al Congreso, regula la presencia de los monjes en el Valle de los Caídos.
El Valle, “monumento a la reconciliación”
Entretanto, los frailes de Cuelgamuros acaban de lanzar una versión remozada de su web, en la que defienden la persistencia del Valle de los Caídos como “monumento a la reconciliación”, y explican que la basílica, “como tantos otros monumentos históricos integrantes del mejor patrimonio de Europa y de España” han surgido “a raíz de un acontecimiento bélico”. En el caso del Valle, la Guerra Civil, que la web de los benedictinos define como “las circunstancias que concurrieron en la contienda española de 1936-39”.
¿Adónde irían los benedictinos en caso de salir de Cuelgamuros? Como adelantó elDiario.es, el obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig, muy cercano a Santiago Cantera y a la comunidad del Valle –les ha visitado en varias ocasiones en los últimos meses–, les habría propuesto la gestión del complejo de Paracuellos, su cementerio y la llamada 'catedral de los mártires'. Una propuesta que, al parecer, no ha terminado de definirse por las dudas del Vaticano a aceptar una solución que se atisba más problemática incluso que Cuelgamuros.
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