El Gobierno sacará a los benedictinos del Valle de los Caídos por decreto en cuanto apruebe la nueva Ley de Memoria

Pedro Sánchez ha escogido la memoria histórica y democrática como una de las banderas de su tiempo en el Gobierno. Tras la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, los socialistas mantienen la ofensiva contra los vestigios de la dictadura. La previsión del Ejecutivo es que la reforma de la Ley de Memoria Histórica comience a tramitarse en el Congreso en el mes de marzo tras haberla fijado como una de sus prioridades en el arranque de la legislatura, al igual que la ley de eutanasia que ha pasado este martes su primera prueba en el Congreso.

Con la reforma de la ley que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero, el departamento que dirige Carmen Calvo pretende, entre otras medidas, poner en marcha las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil a través del Estado y también crear un banco de ADN. Pero la normativa también tiene en la diana a los monjes benedictinos que desde 1957 regentan el Valle de los Caídos gracias a un decreto ley de Franco que les otorgó la custodia de la fundación creada ad hoc. La oposición frontal de los religiosos frente a la exhumación selló la voluntad del Gobierno de alejarlos de Cuelgamuros. 

El Ejecutivo está determinado a expulsar a los monjes y conseguir al mismo tiempo una resignificación del lugar, y en ello está trabajando ya la vicepresidenta con el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. La proposición de ley que defenderán los socialistas establece la derogación de todos los decretos que hasta ahora han establecido el estatus del mausoleo, entre ellos el de 1940 por el que se ordenó su construcción y el de 1957 que le daba a los benedictinos la custodia del lugar.

La derogación será efectiva desde que, una vez aprobada la nueva normativa, el Gobierno promulgue un real decreto en el que establecer un nuevo “marco jurídico” que rija el Valle de los Caídos. Con él, se establecería la “institución directora definitiva, sus bienes y cuantas otras relaciones y situaciones jurídicas puedan verse afectadas”. Fuentes gubernamentales explican que, a partir de ahí, se establecería una nueva “junta directiva” para el Valle de los Caídos.

Acuerdo con el Arzobispado

El Ejecutivo no pretende desacralizar el lugar. La intención es designar, de acuerdo con el Arzobispado de Madrid, una orden religiosa que se encargue del culto de la basílica y de la abadía. El diálogo con el responsable de la archidiócesis, el cardenal Carlos Osoro, es más fluido que con los obispos de a Conferencia Episcopal, y el Gobierno cree que no resultaría difícil encontrar una alternativa a la gestión religiosa actual del Valle. En el Arzobispado aseguran que no han recibido ninguna comunicación sobre este tema, pero destacan las buenas relaciones con el Gobierno.

Eso sí, este movimiento materializaría la salida del prior Santiago Cantera, que se posicionó en todo momento con la familia Franco durante el proceso de exhumación del dictador –de hecho, participó de la exhumación por deseo de los Franco– y dio la batalla contra la decisión del Gobierno aún al margen de la Conferencia Episcopal (que no tiene jurisdicción en Cuelgamuros) y del propio Vaticano. 

Con la salida de los benedictinos del Valle de los Caídos se pondrá fin, además, a un régimen de privilegios con el que han vivido durante décadas la veintena de monjes que allí habitan. Reciben 340.000 euros anuales que les llegan por transferencia de Patrimonio Nacional. Cobran del Estado por dar misa, hacer ejercicios espirituales o “seguir el pensamiento social”. En concreto, utilizan el dinero para comprar comida, pagar el teléfono, contratar a la “limpiadora” y la “lavandera”, hacer excursiones con los niños de la escolanía, comprar velas para las misas o renovar los hábitos benedictinos cuando se desgastan.

El PSOE también aprovechará la reforma de la ley de memoria histórica para eliminar los títulos nobiliarios creados en la dictadura, como el ducado de Franco o el de Primo de Rivera –pendiente de renovación por parte del Ministerio de Justicia–.

La ofensiva contra los vestigios del franquismo no se queda ahí: la proposición establece que en el plazo de un año se modificará la ley orgánica de derecho de asociación, que permitirá declarar ilegales las fundaciones y asociaciones que exalten la dictadura o inciten al odio hacia las víctimas.

También será a través de esa normativa con la que se habilitará al Gobierno a la retirada de las condecoraciones y recompensas policiales recibidas por torturadores como 'Billy el Niño'. “Podrán revocarse cuando quede acreditado que el beneficiario, antes de la concesión, había realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con el ingreso en dichas órdenes”, reza el texto que el Grupo Socialista ya ha registrado en el Congreso y que pretende que se debata a principios de marzo.

El cálculo del Ejecutivo es que puede estar aprobada antes del verano. Si todo va según lo previsto, este será el último invierno de los benedictinos en Cuelgamuros.