Los obispos que encubran, consientan o no actúen contundentemente contra sacerdotes o catequistas acusados de abusos sexuales a menores tendrán que responder ante un tribunal. El Papa Francisco ha aordado este miércoles a propuesta de la Comisión de Víctimas vaticana la creación de un tribunal específico para juzgar a aquellos prelados que cometan “abusos de poder” o negligencia en esta lacra.
A su vez, la Santa Sede ha decidido la creación de la figura de un “superfiscal” que se encargará de investigar y tener la última palabra en estos casos. De este modo, y por primera vez, los obispos tendrán que responder ante un tribunal especial, que determinará si su actuación en escándalos de abusos en sus diócesis fue adecuada.
Por primera vez, cualquiera podrá denunciar ante la Santa Sede. Hasta ahora, no existía la posibilidad de que un particular formalizara una denuncia contra un obispo, de ningún país del mundo, por negligencia, abuso de poder o por su comportamiento en casos de pederastia, de tal modo que -salvo que algún juez civil fuera lo suficientemente valiente para saltarse los Concordatos y enviar a un obispo al banquillo-, en la práctica, los obispos eran jurídicamente intocables en esta materia.
El arzobispo de Granada estaría “imputado”
Con estas decisiones del Vaticano, parece que esta impunidad toca a su fin. Y es que con la futura normativa, casos como el de los abusos a menores en Granada supondrían, automáticamente, que el arzobispo de Granada quedaría “imputado” en el ámbito canónico.
El histórico acuerdo de la Santa Sede tiene lugar al término de la décima reunión de la Comisión de Cardenales encargada de la reforma de la Curia (más conocidos como el “G9”). El cardenal irlandés Sean O'Malley, miembro de este grupo y presidente de la Comisión de Víctimas, recordó cómo hasta ahora no se podían denunciar los comportamientos de los obispos por este tipo de delitos, desde ocultación de casos de pederastia o gestión de las diócesis.
En la anterior reunión del “G9”, O'Malley había expresado su preocupación por este tema y la necesidad de darle una respuesta. El purpurado irlandés había pedido en aquella ocasión al papa y a la Comisión de cardenales que se está ocupando de la reforma de la Curia soluciones sobre “procedimientos” también del tipo jurídico y “competencias” para actuar cuando se crea existan casos de “abuso de poder, omisiones o coberturas” por parte de los responsables eclesiales ante delitos de abusos sexuales.
Cinco propuestas
La propuesta aprobada este miércoles incluye cinco peticiones específicas al Papa. Son las siguientes:
1. Que la competencia para recibir y examinar las denuncias de abuso de oficio pertenezca a las Congregaciones para los Obispos, para la Evangelización de los Pueblos o para las Iglesias Orientales y que todas las denuncias se presenten a la Congregación apropiada.
2. Que el Santo Padre dé mandato a la Congregación para la Doctrina de la Fe para juzgar a los obispos en relación con los delitos de abuso de oficio.
3. Que el Santo Padre autorice la institución de una nueva Sección Judicial dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe y el nombramiento de personal permanente que prestará servicio en el Tribunal Apostólico. Para realizar todo ello se consultará con el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
4. Que el Santo Padre nombre un Secretario para asistir al Prefecto por cuanto respecta al Tribunal . El Secretario será responsable de la nueva Sección Judicial y el personal de la Sección se empleará también en los procesos penales por abuso de menores y adultos vulnerables por parte del clero. También esta decisión se consultará con el Prefecto de la Congregación.
5. Que el Santo Padre establezca un período de cinco años para desarrollar ulteriormente estas propuestas y para completar una evaluación formal de su eficacia.
En román paladino esto significa que, a partir de ahora, cualquier obispo que haya actuado con negligencia o mala fe en casos de abusos, o que no haya seguido al pie de la letra la normativa vaticana respecto a la pederastia, será juzgado por un tribunal y podría ser condenado a penas que podrían acabar, en los casos más graves, con su reducción al estado laical. En todo caso, según informan fuentes vaticanas, ninguna de las posibles penas serían incompatibles con las posibles sanciones civiles en cada país.