Este viernes se ha celebrado el juicio entre el Ayuntamiento de Santiago y la familia Franco, tras la demanda del Consistorio contra los herederos del dictador para recuperar las esculturas de Abraham e Isaac del Pórtico de la Gloria de la Catedral gallega, adquiridas en 1948 por el equipo municipal, y de las que se apropió el matrimonio Franco hace más de seis décadas.
Ninguno de los descendientes de Franco ha acudido al juzgado. Su abogado ha incidido en que sus herederos son los “legítimos propietarios” después de adquirir las imágenes “a través de un particular”, también ha confirmado que no existe prueba documental de esa compra, tal y como alegaban desde el Consistorio.
Entre la documentación incorporada en la denuncia, el Ayuntamiento aportó la copia del acuerdo de compraventa de estas figuras en 1948 entre el conde de Ximonde, Santiago Puga, y el Consistorio. En el convenio firmado figura que fueron vendidas “para el patrimonio artístico de esta ciudad” y Puga expuso que la venta estaba condicionada a que las estatuas “permanezcan indefinidamente en el patrimonio” municipal.
La defensa de la administración gallega ha basado su argumentación en estos documentos. Además, el letrado ha reseñado “que frente al título de dominio del Ayuntamiento, consistente en una escritura de compra venta lo que nos propone la familia Franco es una tradición familiar sin ningún soporte probatorio”. Aludiendo así a que los descendientes del dictador han justificado esta adquisición en “la tradición oral de la familia, – según el escrito presentado por el Consistorio – nuestros abuelos los adquirieron de un particular a través de un anticuario”.
Posesión “pacífica”
“La desnudez de la afirmación habla por sí misma”, ha reseñado el letrado de la entidad municipal. Sin embargo, la defensa de los Franco ha reivindicado que esta adquisición fue una posesión “pacífica”, “duradera” y “pública”. Además ha cuestionado que se ejecutase plenamente el acuerdo de compraventa firmado entre el conde de Ximonde y el Consistorio, ya que considera que no queda acreditado que se efectuasen los dos pagos programados para la adquisición.
Uno de los puntos en los que más ha enfatizado este letrado es en el de la imprescriptibilidad. El abogado del Consistorio ha destacado que estas propiedades “son inalienables e imprescriptibles” por “su naturaleza de patrimonio histórico-artístico” y “bienes demaniales por su afectación de servicio público afectos al interés público”. Por su parte, el representante de los Franco ha defendido que todas estas acusaciones han prescrito y ha reivindicado la usucapión.
De acuerdo al relato del Consistorio, el 25 de julio de 1954, con motivo de la celebración del Año Santo Jacobeo, el dictador y su pareja visitaron Santiago. Polo “centró su atención en las dos estatuas del Maestro Mateo, mostrando un interés muy insistente por ellas”. El alcalde decidió “complacer a la esposa del jefe del Estado” y envió las esculturas al Pazo de Meirás “sin adoptar ningún tipo de acuerdo ni guardar formalidad alguna”. Ante estas afirmaciones, el letrado de la Franco ha sido rotundo: “Es una historia inventada”.
Primera institución que denuncia el expolio
En la vista judicial ha comparecido también el perito Ramón Izquierdo. Preguntado sobre si las figuras las de la familia Franco son las mismas que las adquiridas por el Ayuntamiento, este profesional ha ratificado esta vinculación. “Efectivamente, no hay duda ninguna”, ha reseñado. Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento las adquirió en 1948, “hasta que en una fecha imprecisa” salieron del Consistorio. Durante el tiempo que ha invertido en investigar este patrimonio no ha conseguido encontrar en los archivos municipales “ningún documento” que acredite la adquisición por parte del dictador.
Este procedimiento judicial se inició el pasado 20 de noviembre del 2017, después de que el Ayuntamiento de Santiago decidiese denunciar a la hija del dictador Carmen Franco y Polo – que falleció un mes después – para recuperar estas dos piezas. El alcalde alcalde Martiño Noriega (Compostela Aberta) se mostraba satisfecho por haber llegado a la vista judicial, ya que aseguró que es la primera vez que se celebra un procedimiento así “contra el expolio patrimonial de la Familia Franco” iniciado por una institución.