El Gobierno canario acuerda modificar el decreto de vivienda después de la negociación con el Estado

El Gobierno canario ha acordado modificar dos artículos, suprimir uno y derogar una disposición adicional del decreto de vivienda aprobado a principio de este año, la norma que permite a los ayuntamientos destinar suelo dotacional a viviendas públicas y que depende “en gran medida” de la respuesta de la patronal de la construcción, reconoció el consejero de Vivienda del Ejecutivo regional, Pablo Rodríguez, de Coalición Canaria (CC). 

Este lunes, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el acuerdo alcanzado entre el Gobierno canario y el Estado en la Comisión Bilateral anunciada en verano para tratar las “discrepancias” en torno a la norma, anunciada a bombo y platillo por parte de la Administración dirigida por Fernando Clavijo (CC).

El decreto canario de vivienda es el principal argumento de Rodríguez para combatir la emergencia habitacional en las Islas, con el que pretende levantar mínimo 3.000 casas. Así lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Pero los expertos en políticas públicas consultados por esta redacción levantaron dudas al respecto, al desconfiar que la retahíla de medidas de la normativa fuera capaz de lograr efectos inmediatos.

El Estado mostró “discrepancias” con ocho artículos y dos disposiciones adicionales, la primera y la tercera, pero finalmente ha pactado con el Gobierno autonómico la modificación de un menor número de apartados, aunque todos de importante calado.

En primer lugar, el decreto permite a las entidades locales habilitar suelo dotacional, el pensado en un principio para construir escuelas, hospitales o parques, para levantar viviendas protegidas de promoción pública. Pero con las reformas adoptadas, las corporaciones deberán identificar “de manera motivada” el suelo que destinen a este uso. Antes no debían hacerlo, no había ninguna obligación.

Lo mismo es aplicable a las viviendas protegidas de promoción privada o pública que vayan a edificarse en suelos destinados a equipamientos, como centros deportivos o residencias. En este caso, además, el acuerdo entre el Estado y Canarias añade que cuando se trate de equipamientos públicos, las viviendas mantendrán de manera indefinida su calificación como vivienda social.

Por otro lado, el decreto canario recogía que todas las actuaciones urbanísticas iniciadas a raíz de su entrada en vigor y que supongan modificaciones de planeamiento formarían parte de la reserva estatal para vivienda protegida, obligada por ley desde 2015.

Ese mandato dice que todas las administraciones públicas deberán “destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y residencial, con reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesión administrativa”.

El acuerdo de la Comisión Bilateral señala que el Ejecutivo canario deberá suprimir la disposición adicional en la que incluía las casas construidas en base al decreto en esa reserva estatal de viviendas protegidas.

Por último, la norma canaria también avalaba que la aplicación de las medidas planteadas no esté sometida al régimen de evaluación ambiental “por las circunstancias excepcionales que las justifican”, pero eso ya no va a ser posible. El anuncio difundido en el BOC muestra que el Gobierno regional tendrá que “derogar dicho precepto”, por lo que en caso de que resulte necesario, la edificación de viviendas deberá seguir los trámites ambientales.

El decreto canario de vivienda fue aprobado por el Ejecutivo autonómico en febrero de 2024. La normativa, compuesta por treinta artículos y nueve disposiciones, es “la base”, dijo el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, para que las empresas constructoras edifiquen casas en las Islas, tanto públicas como privadas, mediante la cesión de suelo dotacional, de equipamientos, la rehabilitación de edificios o la reconversión de locales comerciales.

“En Canarias, probablemente hay una necesidad mayor de construir viviendas que parques”, resumió Rodríguez en la rueda de prensa de presentación de la norma.

Desde su aprobación, la Federación Canaria de Municipios (FECAM) reprochó que se había marginado a las entidades locales de su elaboración, que las actuaciones planteadas no son susceptibles de producir “efectos inmediatos” y que muchas de las medidas carecen de concreción y detalle. Un consejero del Consultivo también advirtió que el decreto “quiebra el principio de seguridad jurídica” en un voto particular.

A finales de octubre, Canarias Ahora preguntó a la Consejería si ya contaba con cifras de viviendas construidas gracias a la norma aprobada, pero solo apuntó que estaba “trabajando” con la FECAM para hacer un “balance conjunto”.