Los ayuntamientos de La Laguna y Telde, sin el canal interno para denunciantes de corrupción obligado por ley

El Tribunal de Cuentas ha reprochado a los ayuntamientos de Telde y San Cristóbal de La Laguna no contar aún con un sistema de información interno que permita a cualquier persona presentar de forma anónima escritos sobre posibles infracciones o irregularidades, garantizando de este modo su protección.

En un informe publicado el pasado 28 de noviembre, ambas entidades locales canarias forman parte de las 21 corporaciones de entre 100.000 y 200.000 habitantes señaladas por el órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público español por carecer de este canal de denunciantes, obligado por ley desde 2023. Los resultados muestran que solo 14 de los 35 municipios analizados sí lo han desplegado.

El año pasado, el Gobierno nacional aprobó la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esa norma dio tres meses a los ayuntamientos para el desarrollo de un sistema de información interno (SII) en el cual las personas puedan denunciar de forma anónima presuntas irregularidades y estas sean tramitadas mediante un procedimiento reglado.

Sin embargo, “al cierre de los trabajos de fiscalización” del Tribunal de Cuentas, el 31 de marzo de 2024, el 60% de las entidades locales de entre 100.000 y 200.000 habitantes, 21 de 35, carecen de este SII casi diez meses después del plazo legalmente establecido. Los ayuntamientos de San Cristóbal de La Laguna y Telde están entre ellos. Todas estas corporaciones pueden ser sancionadas por la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI) o por los órganos competentes de las comunidades autónomas, si así lo consideran.

El Ayuntamiento de Telde dijo que sí había implantado un SII, no obstante, “durante la ejecución de los trabajos”, el Tribunal de Cuentas “verificó” que únicamente había habilitado una vía telemática para la recepción de comunicaciones, pero no había aprobado las vías de recepción de esos escritos, ni iniciado el expediente de aprobación del sistema, ni designado a un responsable del canal de información ni tampoco aprobado procedimientos para la gestión y tramitación de las denuncias.

Las conclusiones del Tribunal de Cuentas se alinean con las de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que hace unas semanas publicó sendos informes sobre los sistemas de control interno de información y los planes de medias antifraude en las corporaciones de San Cristóbal de La Laguna y Telde. En ambos documentos, ahonda en lo destacado ahora por el principal órgano fiscalizador de España: el tercer municipio más poblado del Archipiélago (La Laguna) y el cuarto (Telde) no protegen a los denunciantes de corrupción a través de un canal anónimo.

La Audiencia de Cuentas señala que el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna afirmó en febrero de 2024 que no había implementado ninguno de los procedimientos establecidos en la Ley 2/2023. El de Telde, por su parte, afirmó lo mismo, pero su interventora interina comunicó que “se está trabajando en la aplicación” de la norma y que, “si bien ya existen determinadas medidas adoptadas, aún no se cumple en su totalidad”.

Por último, el Tribunal de Cuentas concluyó que “la mayor parte” de las entidades locales analizadas no indicaron causas concretas que justificaran la falta de implementación de los SII. De los que sí lo hicieron, el principal motivo argumentado fue la falta de medios humanos y, en menor medida, la carencia de recursos y ausencia de formación en la materia.