Fueron detenidos, fichados e internados en cárceles y centros de rehabilitación franquistas por ser homosexuales y transexuales. Más de 40 años después, quieren saber si aún queda constancia de esos antecedentes policiales en los sistemas informáticos de la Policía y la Guardia Civil. La asociación Expresos Sociales ha enviado una carta al Ministerio de Interior solicitándole que aclare si se han eliminado esos antecedentes y cuándo por temor a que hayan quedado en el sistema informático.
Aclarar si existen actualmente antecedentes policiales por detenciones amparadas por la ley de vagos y maleantes –sustituida por la de peligrosidad y rehabilitación social en 1970, vigente hasta 1995 y que eliminó el artículo de la homosexualidad en 1979– es una tarea que viene ocupando a esta asociación desde hace años. En 2001, el Congreso aprobó por unanimidad una proposición no de ley para eliminar estos antecedentes. Siete años después, el grupo parlamentario socialista presentó otra sobre medidas para culminar dicha expurgación, que fue aprobada en diciembre de 2008 y que, de facto, venía a reconocer que no se habían eliminado completamente.
Apenas dos meses después, en febrero de 2009, el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, achacaba a un “error administrativo” la existencia de un certificado de antecedentes policiales en el que constan detenciones por la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Preguntado por esta cuestión en el Senado, afirmaba que “en la base actual no hay ninguna referencia” a esas normas. Y se justificaba alegando que 1986 se actualizó “manualmente” la base de datos donde se recogían. El vicepresidente de Expresos Sociales, Antonio Gutiérrez, explica que la ficha física sí ha sido eliminada, “pero los datos de esas fichas se habían pasado al programa informático”. eldiario.es se ha puesto en contacto con el Ministerio de Interior, que remite a la Dirección General de la Policía. Fuentes policiales afirman a esta redacción que esos antecedentes fueron eliminados del sistema durante los años 80. En el caso de que quedara alguno, se debe a “un error informático o alguna errata” y que, en caso de ser detectados, se borran de oficio.
Piden un certificado
Para el presidente de la asociación, Antoni Ruiz, la respuesta no es suficiente y pide que “si lo han eliminado, lo certifiquen”. Rafael Simó de los Ríos, el abogado que acompaña a la asociación en este proceso, explica que, aunque se puede solicitar la eliminación de los antecedentes policiales, “el tratamiento que tiene la policía respecto a sus archivos informáticos no está al alcance de cualquiera”.
Por eso han pedido por carta al Ministerio que les confirme que esas detenciones no constan en ningún sitio, cuentan desde la asociación, cuyo objetivo es reparar el daño moral que les infringió el franquismo. En 2009 consiguieron que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero presupuestara 4 millones de euros para indemnizar a todos aquellos que estuvieron encarcelados por ser homosexuales o transexuales. En total, 116 personas se beneficiaron de esta medida. Se repartieron 624.000 euros, con cuantías que variaban en función de los meses que se hubiera permanecido internado. Por ejemplo, Antoni, que estuvo tres meses “de prisión en prisión” por ser homosexual, obtuvo 4.000 euros. Con el resto del dinero presupuestado no se hizo nada, pese a que la pretensión de la asociación era que se creara un fideicomiso con el que complementar las pensiones de jubilación, en la mayoría de los casos no contributivas, de los afectados.
La indemnización tenía en cuenta el tiempo en prisión, pero no que, tras abandonarla, eran desterrados fuera de sus localidades de origen o que se les impedía trabajar. “No nos hacían juicio. Nos detenían en la calle, nos llevaban a comisaría y el juez decidía”, explica Silvia Reyes, que fue detenida por ser transexual. “Nos aplicaban la ley de peligrosidad social, de tres a seis meses. Cuando pasaba el tiempo, el secretario del juez se presentaba en nuestro domicilio y nos decía que estábamos desterradas, expulsadas de toda Catalunya durante dos años”, relata. “Esto supuso un desarraigo que ha destrozado la vida a muchas personas gays, bisexuales y transexuales”, indica Ruiz, que también fue expulsado de su ciudad.
Detenciones reiteradas
Montse González no tuvo derecho a esa indemnización, porque sus detenciones por ser transexual –“no llevábamos la cuenta, pero unas 30 ó 40 en dos o tres años”- no constan en ningún registro. “No te hacían ficha, porque era para cachondearse, reírse de ti, humillarte, vejarte…”, explica la actual presidenta del Colectivo Gamá. “No podías caminar tranquila por la calle, porque cuando menos te lo esperabas aparecía un furgón gris y te llevaba detenida”, continúa. Después, “te dejaban tirada en el barranco o en La Isleta, (el muelle principal de la isla de Gran Canaria, donde atracan los barcos), en una montaña. Si llovía, decían: mira los maricones, ¡cómo se están mojando!”. “Todavía estamos vetadas para trabajar. Todavía hoy vas a buscar trabajo y, por la forma de mirarte, ya sabes que no te van a llamar”, denuncia González. Por eso, reclama al Estado que mire por las compañeras “que son mayores, que están en peores situaciones, con una triste paga y no tienen más ayuda”. Para el resto, pide “un puesto de trabajo” y para los jóvenes, “que nunca vuelvan a pasar por lo que pasó nuestra generación”.
“Esas detenciones que duraban unos pocos días, unas semanas y que eran sucesivas, no constan”, explica el investigador de la historia LGTB en Canarias, Víctor M. Ramírez. Por eso, “no fueron reparadas ni las palizas, ni los abusos sexuales, ni los maltratos que se pueden constatar en los testimonios recabados. La unanimidad de esos testimonios es una muestra evidente de que existieron esas prácticas, aunque es difícil de demostrar”, indica. Él aboga por “recuperar la memoria oral de estas personas” como forma de reparación, algo en lo que coincide la directora de la cátedra extraordinaria de memoria histórica del siglo XX, Mirta Núñez Díaz-Balart, que apuesta por “difundir la existencia de este segmento y que ese reconocimiento público normalice su presencia”. “Podría haber una iniciativa a nivel estatal para construir un organismo que recoja esta memoria y conseguir un fondo documental histórico que sirva para mantenerla y que no se pierda en el olvido. Más aún, teniendo en cuenta que son personas mayores”, añade Martínez.
Este investigador ha recabado testimonios de cerca de una decena de personas que vivieron la LGTBIfobia del régimen franquista. Muchos no quieren hablar, porque aquellos hechos “marcaron su vida de forma definitiva y, psicológicamente, llevan una carga importante”, indica. “Muchas no quieren saber nada, no quieren ni oír hablar del tema”, reconoce Montse, “por las familias o porque están cansadas”. “Al principio yo no quería hablar porque mis hermanas no sabían ni la mitad de las cosas que he pasado. Si hubiera estado viva mi madre, me lo hubiera pensado. Pero ya está bien de callarse”.