El Gobierno admite que el cambio climático hará que en España haya entre un “20 y un 30%” menos de agua disponible. El Ejecutivo planea una ley de transición hidrológica –que seguirá a la de cambio climático– para adaptar la gestión de este recurso al nuevo escenario basado en estas cifras “que son las que manejan los expertos”, explica. Los recursos españoles son de unos 111.100 Hm
En una respuesta al diputado de Equo Juantxo López d Uralde, el Gobierno especifica que “sería irresponsable seguir manteniendo los mismos mecanismos de gestión de los recursos” y ya avanza que, con menos agua “será cada vez menos viable recurrir a las transferencias externas de recursos”. Es decir, la política de trasvases entre cuencas como el polémico Tajo-Segura.
Esta vulnerabilidad ante el cambio climático ha venido siendo denunciada por grupos ecologistas, pero es la primera vez que la Administración reconoce el problema con esta claridad. La premisa con la que trabaja el Ministerio de Transición Ecológica es que el “análisis científico” llevado a cabo para la redacción de la ley de cambio climático ofrecerá un escenario de España muy distinto: “Diferente al que se ha venido utilizando hasta ahora”, describen.
El escenario aplicado actualmente ha resultado en unos planes hidrológicos que prevén unas 700.000 nuevas hectáreas de regadío. La tecnología de riego en España ha multiplicado la eficacia en el uso del agua. Sin embargo, el investigador de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC, Jaime Martínez Valderrama, contaba a eldiario.es a cuenta de la conversión de zonas áridas en explotaciones de regadío que a más ahorro de agua por unidad de cultivo, se aumentaban las hectáreas de explotación con lo que el volumen de recurso consumido no bajaba. “Cada vez es más evidente el grave impacto del cambio climático sobre la disponibilidad de agua. Este hecho que ahora conocemos exige un replanteamiento de las políticas hídricas hacia un mayor peso del ahorro especialmente en agricultura”, ha analizado López de Uralde tras recibir la contestación gubernamental.