El Gobierno de Aznar, en su segunda legislatura, dio una subvención pública a la Fundación Franco. Fue entre los años 2000 y 2003, según la respuesta del Ejecutivo a una pregunta parlamentaria del grupo En Marea. Tal y como desglosa el Gobierno en el documento [ver abajo], en 2000 se dio a esta asociación fascista 41.080 euros. Al año siguiente fueron 42.070. En 2002 recibió 41.000 euros y, por último, el cuarto año las ayudas se rebajaron a 26.600 euros.
Este dinero, según especifica el Gobierno en su respuesta, no se concedió “de forma directa”, sino “con cargo a las convocatorias públicas de ayudas, de libre concurrencia” para “proyectos archivísticos”. Es decir, la Fundación Franco concurrió a las ayudas para digitalizar unos documentos y fue la elegida para recibir la subvención y hacer el trabajo. El Gobierno añade que desde 1990 no se le ha dado ninguna subvención directa, pero no especifica más.
En Marea denuncia que se ha obviado parte de su pregunta: “Queríamos conocer la cuantía de las ayudas públicas percibidas por la Fundación Francisco Franco desde su constitución, desglosadas por ejercicios fiscales y con indicación concreta de las fechas, conceptos y cuantías abonadas, sin embargo, nos encontramos con que el Ejecutivo de Rajoy solo explica las ayudas desde el año 2000 al 2003”, asegura el diputado y portavoz de En Marea en el Congreso, Antón Gómez-Reino.
Aunque no se conoce con exactitud qué documentos digitalizó la Fundación Franco y nunca se ha hecho público el resultado final de ese trabajo subvencionado, el Gobierno sí admitió en abril en otra respuesta parlamentaria a Alberto Garzón (IU ) que la Fundación tiene en su poder documentos clasificados como “secretos”. Se trataría de documentación de la Secretaría de la Jefatura del Estado y de la Presidencia hasta junio de 1973.
Qué otros documentos se han digitalizado además de estos “secretos” es algo que no se ha dado a conocer, como tampoco si la entidad privada que ensalza la dictadura va a seguir teniendo en su poder esa documentación de Estado. Entonces, el Gobierno se limitó a decir que pedirá que se custodie y no se haga pública.
Desde En Marea aseguran que quieren investigar las cuentas de la Fundación Franco para comprobar si recibe otro tipo de ayudas con cargo a fondos públicos para impedir, a través de diversas iniciativas en el Congreso, que esto siga ocurriendo.
“El Gobierno no está facilitando toda la información, por lo que En Marea seguirá investigando esta cuestión y pidiendo información directamente a la fundación, dado que cada año el patronato tiene la obligación de confeccionar y aprobar las cuentas anuales y depositarlas en el Protectorado de Fundaciones, organismo dependiente del Ministerio de Educación, que las examina y comprueba”, dicen desde el grupo parlamentario.
Varias iniciativas parlamentarias en el Congreso buscan bloquear posibles subvenciones en el futuro a la Fundación Franco, investigar su actividad así como analizar sus incumplimientos de la Ley de Memoria Histórica.