Madrid, 18 may (EFE).- El Gobierno ha dado luz verde a la futura Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que implantará dos nuevos impuestos verdes -uno a los envases de plástico de un solo uso y otro a residuos en vertederos e incineración- con el objetivo de reducir en un 15% la generación de desechos en 2030 respecto a 2010.
El proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que será ahora remitido al Parlamento, incrementará las tasas de reciclado de residuos municipales 5 puntos porcentuales cada 5 años desde 2020 a la vez que reducirá los recipientes alimentarios y los vasos de plástico de un solo uso hasta un 70 % en 2030.
La norma reemplazará la ley vigente desde 2011 y es la “clave” de todo el paquete normativo sobre economía circular y una de las reformas más relevantes incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha señalado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
De esta manera, se establecerán nuevos impuestos, uno de ellos a los envases de plástico no reutilizables, a razón de 0'45 euros por kilogramo, y otro al depósito en vertedero e incineración, que podrá oscilar entre 1,5 euros y 40 euros por cada tonelada métrica.
HACIA LA REDUCCIÓN DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO
Entre los plásticos de un solo uso sujetos a reducción están los vasos para bebidas, incluidos sus tapas y tapones, y los recipientes alimentarios destinados al consumo inmediato, cuya comercialización ha de reducirse un 50 % entre 2022 y 2026 y un 70 % para 2030.
En cualquier caso, a partir de 2023 se prohíbe su distribución gratuita, debiéndose cobrar un precio por cada uno de los productos de plástico que se entregue al consumidor, diferenciándolo en el ticket de venta.
La ley también incorpora medidas para otros plásticos como artículos monodosis, anillas de plástico y palitos de plástico de sujeción para sustituirlos por otros materiales, y se prohibirán las pajitas, bastoncillos, cubiertos, platos y cualquier producto hecho con plástico oxodegradable y microesferas plásticas de menos de 5 milímetros.
El proyecto introduce requisitos de diseño, -tapas y tapones han de permanecer unidos al recipiente- y establece que las botellas PET -polietileno- han de contener un 25 % de plástico reciclado a partir de 2025 y todas las botellas de bebidas un 30% en 2030.
IMPUESTOS A LA INCINERACIÓN Y DEPÓSITO EN VERTEDEROS
Otros impuestos verdes recaerán en la incineración y en el depósito de residuos en vertedero, que deberán incluir la obligación de entidades locales de desarrollar en 2 años, una tasa de carácter pública no tributaria asociada a los servicios que presten.
Para la ministra, es necesario “cumplir con este orden de prioridad” para darle la vuelta al sistema actual, debido a que la tasa de reciclado municipal en 2018 (último año disponible) se sitúa en torno al 35 %, lejos del 50 % comunitario para 2020.
“Desaprovechamos gran parte de los recursos en un contexto en el que las materias primas cada vez son más escasas y caras”, ha incidido Ribera.
La nueva ley otorga un papel especial a la prevención de residuos y establece una reducción de peso de un 13% en 2025 y de un 15% en 2025 respecto a 2010, que se añaden al objetivo actualmente vigente del 10% de reducción a partir de 2020.
Asimismo contempla reducir a la mitad los alimentos desechados en el hogar, en hoteles, restaurantes y cafeterías; rebaja un 20% las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y prohíbe destruir excedentes no vendidos de textiles, juguetes o aparatos eléctricos y la suelta intencionada de globos.
Amplía también la recogida separada de biorresiduos domésticos a partir de 2022 para entidades locales con más de 5.000 habitantes, y, a partir, de 2024 para el resto de municipios; a los residuos textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos a partir de 2025.
AGUA DE GRIFO OBLIGATORIA EN HOSTELERÍA
La norma establece la obligación de que la hostelería ofrezca a sus clientes la posibilidad de agua del grifo, en lugar de envasada, y para las administraciones públicas, la reducción del agua embotellada en sus dependencias y espacios públicos, salvo en centros sanitarios, donde se permitirán envases de un solo uso.
En cuanto a la responsabilidad ampliada del productor del residuo, se encuentra el sistema de depósito, devolución y retorno, las partidas de gestión de residuos -financiadas por los productores- y la regulación de responsabilidad para 2025 de productos como toallitas, globos o artes de pesca.
La futura ley regulará los suelos contaminados, y, como novedad, incluye el Inventario Nacional de descontaminaciones voluntarias de suelos contaminados, que será alimentado por los registros autonómicos.