El Gobierno ha aprobado las “líneas maestras” del plan de vacunación de España frente a la COVID-19. Lo ha llevado Salvador Illa a Consejo de Ministros, pero se trata de un documento en el que estaban trabajando desde septiembre Sanidad, representantes de ocho comunidades autónomas y expertos en campos como la vacunología, la sociología, las matemáticas y la ética. Presenta un operativo en tres fases y divide a la población en 18 grupos, para establecer entre ellos prioridades. “Lo importante era estar preparados”, ha defendido el ministro, para que cuando lleguen las primeras vacunas sepamos “qué tenemos que hacer, quién lo tiene que hacer, por dónde empezar, con qué criterios de seguridad, con qué sistema de farmacovigilancia, y mecanismos preparados para que la población esté informada”.
El Ministerio de Sanidad espera comenzar a recibir dosis en enero de 2021, después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Comisión Europea den luz verde a los ensayos que se encuentran ahora en fase final. Entonces, si se cumplen las previsiones, comenzará la primera etapa que ha descrito Salvador Illa, entre enero y marzo, un “suministro inicial”. Los primeros destinatarios serán el “grupo diana primero en ser objeto de atención”, “los más vulnerables”, cuatro: sanitarios y personas usuarias de residencias de ancianos, resto de sanitarios, y grandes dependientes no institucionalizados. Serían alrededor de 2,5 millones de personas. Aproximadamente entre marzo y junio será la segunda etapa, durante la cual se podrá incrementar “progresivamente” las dosis. Más adelante llegará la tercera, cuando alcancen al resto de la población. Los grupos son en total 18, pero no están definidos los otros 14, “los daremos a conocer oportunamente”. Los plazos “son realistas, de acuerdo con la información de la que disponemos”, ha valorado Illa, si todo sigue según lo previsto y la EMA da autorización.
Las dosis serán gratuitas para la ciudadanía y las administrará el Sistema Nacional de Salud, el despliegue será articulado por los centros de Atención Primaria. El plan está enmarcado en la estrategia común europea para la adquisición de vacunas. Tiene dos objetivos, ha definido el ministro: “Ayudar a controlar la mortalidad por la covid-19” y “que estemos listos como país para vacunar desde el momento en el que empecemos a recibir vacunas”. La Unión Europea (UE) tiene contratos ahora mismo con cuatro farmacéuticas (Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sanofi y Johnson & Johnson) y conversaciones avanzadas con otras dos (Moderna y CureVac). El ministro espera recibir las primeras dosis, que pueden llegar paralelamente de más de una compañía, en enero; y para mayo haber podido vacunar a 10 millones de personas, lo suficiente para tener un primer control de la pandemia aunque el operativo deba continuar.
El Ministerio calcula que a lo largo de 2021 podrían llegar, en total, 140 millones de dosis (el 10%, lo que corresponde a España por población, del total que espera tener la UE). Sería lo suficiente para inmunizar a unas 80 millones de personas, teniendo en cuenta la efectividad de las dosis –las que tengan un 90% no funcionarán con una de cada diez personas– y que varios ensayos son de doble dosis. Es más que la población del país, pero un número considerable podría guardarse como reserva estratégica o destinar a terceros países. En todo caso se tendrá suficiente para vacunar al “100% de la población, vamos a ver qué porcentajes alcanzamos”, ha comentado Illa. El objetivo, lo ha dicho el portavoz Fernando Simón, es poder vacunar a largo plazo a al menos el 75% de la población para conseguir inmunidad de grupo, lo cual serían unas 35 millones de personas.
El documento establece grupos de ciudadanos, que se han dividido en 18. Por orden de prioridad para recibir la vacunación, los primeros serán los sanitarios y personas usuarias de residencias de ancianos, resto de sanitarios, y grandes dependientes no institucionalizados; los demás están por clarificar. Se ha decidido conforme a criterios “éticos” de riesgo, de acuerdo a la exposición al virus, la morbilidad, el impacto socioeconómico, y la transmisión, ha incidido Salvador Illa. Sin embargo, fuentes de Sanidad han explicado que esto no debe tomarse como algo fijo, sino que la aplicación dependerá de que se concreten las características de todas las vacunas que lleguen. Es decir, aunque las personas de residencias y sanitarios sean los grupos pensados como prioritarios, España podrá disponer en algún momento de sueros que estén recomendados para jóvenes y no para ancianos, por ejemplo. El texto “está vivo” y puede ser variable, ha señalado Illa, según se vaya teniendo más conocimientos sobre los proyectos.
El presidente Pedro Sánchez también avanzó que nuestro país se convierte, con este plan, en el primer país junto a Alemania en tener una estrategia detallada para inmunizar a un porcentaje grande de la población contra el coronavirus. Italia sigue en fase de preparación, igual que Bélgica y Países Bajos. El Gobierno ha reservado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 1.011 millones de euros para la compra de vacunas, aunque existen al margen mecanismos de ejecución para gastos extraordinarios si los hubiera.
El texto no plantea la vacunación de la COVID-19 como obligatoria, “vamos a partir de la voluntariedad”. Según han explicado desde Sanidad, en España la vacunación no es obligatoria en ningún caso y aun así se consiguen elevadas tasas de cobertura. Sobre todo entre la población infantil, pero esta temporada la campaña de la gripe también ha tenido una buena respuesta ciudadana –el Gobierno cifra que se ha vacunado este otoño contra ese virus estacional a 14 millones de personas–. Así que, como ha expresado Salvador Illa en alguna ocasión, y también otras fuentes de Sanidad, confían en que “contando la verdad” a los ciudadanos, casi todos entenderán que solo con una aceptación masiva de la vacuna se puede salir por fin de la pandemia.
Los expertos también coinciden así: la ética en Salud Pública indica que las vacunas preferiblemente han de no ser obligatorias, ya que se puede crear un efecto contraproducente. Fuentes de Sanidad añaden que, de todos modos, si finalmente es necesario hacerlo porque no se cumplen las expectativas de respuesta o por cualquier otro motivo, hacerla obligatoria es un escenario que no se descarta completamente. Una parte del documento también está destinada a la comunicación, a cómo se va a informar a sanitarios y a la ciudadanía sobre los aspectos más importantes de la vacunación.