Baleares no ve que los niños menores de seis años vuelvan a las escuelas antes del verano. Tampoco el País Vasco. En Aragón no creen que deba regresar nadie y que la docencia online se aguanta. Castilla y León, casi toda en fase 0, considera que, aunque pudiera, no merece la pena por una cuestión de plazos. No son los únicos territorios que dudan a la hora de aplicar el plan de desescalada que ha propuesto el Gobierno en la educación.
Tampoco los representantes de los implicados lo ven claro: CCOO considera que “lo razonable” es que se reabra en septiembre, el sindicato Anpe pide que solo vuelvan los alumnos de los cursos que dan un título en Secundaria (4º de la ESO y 2º de Bachillerato) y ambos exigen garantías sanitarias. El Sindicato de Estudiantes rechaza taxativamente el retorno y llama a la huelga. Los pediatras aconsejan retrasarlo lo máximo posible, especialmente para los más pequeños.
Todo esto le dirán algunos consejeros a la ministra de Educación, Isabel Celaá, en la conferencia sectorial que reúne este jueves a los Gobiernos autonómicos con el central para tratar el final de curso. Desde el ministerio recuerdan: es una propuesta y es voluntaria. Las comunidades tienen las competencias y pueden y deben ejercerlas.
El debate que gira
El plan dibujado por el Gobierno contempla que durante la fase 1 se abran las escuelas para prepararlas para la fase 2. Personal administrativo y algunos miembros de la dirección serán los primeros en retornar a los centros. Se limpiarán y desinfectarán escuelas infantiles, colegios e institutos y se organizarán las medidas de higiene y seguridad necesarias para garantizar, por ejemplo, el distanciamiento y que no haya más de 15 estudiantes por aula.
En la fase 2 es cuando está prevista la llegada del alumnado. En resumen: se abrirán escuelas infantiles para los menores de seis años cuyos progenitores tengan que volver al puesto de trabajo; se organizarán clases voluntarias de repaso y preparatorias de otras pruebas como la Selectividad para los alumnos de los cursos que dan un título o acceso a otra etapa (2º de Bachillerato o 4º de la ESO); y habrá refuerzos, también voluntarios, para los estudiantes con problemas educativos (los seleccionarán los centros).
Y con esos mimbres, las objeciones. Cuando el Gobierno anunció su plan, la primera reacción fue: “¿Por qué solo los niños hasta seis años? ¿Y el resto?”. Ahora ese debate parece haber girado, al menos en parte de España, hacia: “¿Por qué hay que volver a clase ya, si apenas queda curso? Los niños más pequeños deberían ser los últimos en volver”.
En esas están, al menos, Baleares, País Vasco, Castilla-La Mancha o Aragón, según adelantó El Mundo. “Es difícil garantizar las condiciones sanitarias necesarias, especialmente, en la etapa de 3-6, para su incorporación presencial en la fase 2”, resume el sentir una portavoz de la Consejería de Educación del Gobierno balear. Comunidades y docentes también lamentan que la cuestión se plantee desde el punto de vista de la conciliación, dado que las escuelas infantiles se abrirán solo –siempre de manera voluntaria– para los pequeños cuyos padres tengan que reincorporarse a sus puestos de trabajo.
En esta misma línea se expresa la Asociación Española de Pediatría, que recomienda en un informe que los más pequeños sean precisamente los últimos en reincorporarse a los centros educativos y que lo hagan cuando haya indicios de que la cosa está funcionando con sus hermanos más mayores. “La recomendación general es que no se incorporen, en la medida de lo posible, hasta el control total de la epidemia”, se lee en el texto.
Hay otros territorios que directamente opinan que la vuelta no tiene sentido. “Es una cuestión de tiempo”, explica una portavoz de la Consejería de Educación de Castilla y León. “La mayoría de nuestra comunidad sigue en fase 0. Los centros abrirían en fase. Si todo va bien nos plantamos en junio ya empezado [para cuando vuelvan los alumnos a clase]”, argumenta. Y el curso no irá más allá del 30 en ningún caso. Por eso la consejera, Rocío Lucas, dijo en el parlamento regional que “no parecía factible” la vuelta.
En la misma situación que Castilla y León están Andalucía, Catalunya o Castilla-La Mancha. También Madrid, que se muestra prudente de cara a la reunión, aunque a la vez se ha adelantado a las previsiones del Gobierno y ha enviado esta semana una instrucción a los centros educativos para que empiecen a prepararse aún antes de la fase I, algo no previsto en la hoja de ruta de Moncloa.
“No se dan las condiciones”
Los sindicatos docentes y de estudiantes tampoco las tienen todas consigo. CCOO considera que “resulta evidente” que específicamente en los centros de Educación Infantil y los de Educación Especial “no se dan las condiciones para atender a una tipología de alumnado que interactúa constantemente con quienes les rodean”, por lo que considera “prioritario y razonable” que la vuelta de los alumnos se produzca en septiembre.
Anpe exige test generalizados para quienes tengan que acudir presencialmente, misma petición que realizan desde UGT. Maribel Loranca, responsable del sector educativo, se sorprende de que el BOE establezca que sean los directores de los centros los que tengan que proveer a los trabajadores de material de protección. “¿El director se tiene que ir a comprar el material?”, se pregunta.
En CSIF comparten con Loranca una preocupación: el Ministerio no se reúne con los sindicatos desde el pasado 20 de marzo, y aquello fue por una cuestión técnica relacionada con la convocatoria de oposiciones a docente (han sido todas pospuestas al año que viene), explican. Aunque aún no es oficial, hay disposición para que la mesa sectorial se reúna la semana que viene finalmente.
Pero no solo los docentes tienen recelos. El Sindicato de Estudiantes rechaza volver a las aulas porque consideran que no hay medidas de seguridad. “¿El Ministerio va a repartir mascarillas a estudiantes, profesores y trabajadores? ¿Asegurarán la desinfección de las aulas y tests para todo el mundo? ¿Cómo organizarán un transporte público que suele ir abarrotado?”, se ha preguntado su secretaria general, Coral Latorre.
Desde el Ministerio no ofrecen certezas porque no las tienen. Nadie las tiene, recuerda una portavoz, que insiste: las competencias son de las comunidades, que las tendrán que ejercer, de momento solo se hacen previsiones en base a los distintos escenarios que puedan darse dentro de un mes y también en septiembre. Y las decisiones se tomarán en base a criterios sanitarios de seguridad. De todo esto discutirán mañana Gobierno y comunidades. De la última sectorial salió un supuesto acuerdo para evaluar el tercer trimestre que duró unas horas hasta que algunos Ejecutivos regionales se desmarcaron. Las respuestas, mañana alrededor del mediodía.