El Gobierno va a crear una sociedad mercantil a medias con dos grandes farmacéuticas españolas para desarrollar terapias avanzadas. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de esta de esta empresa público-privada, que tiene un triple objetivo: por un lado, crear tratamientos contra enfermedades sin cura conocida; por otro, aprovechar la habitual inversión pública necesaria para poner en marcha estas investigaciones –que normalmente se pierde por el camino y acaba en manos de laboratorios privados– a la vez que el estado mantiene control sobre el posible producto final de las mismas; y por último crear una industria nacional en el sector, inexistente hasta ahora, explican fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
El objetivo específico último al que apunta la sociedad, añaden estas fuentes del ministerio, es desarrollar dos tratamientos que surjan de investigaciones nacionales para que estén en la calle en 2027.
La sociedad contará con una participación del 51% en manos de dos grandes farmacéuticas privados españolas, el Grupo Rivo e Insud Pharma, y un restante 49% del Estado a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI). En los mismos porcentajes se distribuirá la financiación inicial que aportará cada parte (74,8 millones de euros como punto de partida, 200 millones como objetivo final) y la gestión de todos los posibles beneficios que puedan obtenerse de las patentes que se generen.
Fuentes del Ministerio de Ciencia han asegurado que aunque el Estado esté en posición minoritaria el diseño de la sociedad garantiza la cogobernanza. “La administración pública tiene mucha capacidad de decisión con los precios, capacidad de veto, mayorías cualificadas, etc”, según el ministerio.
Los productos que se generen con la financiación de esta empresa tendrán un precio por debajo del mercado para el Sistema Nacional de Salud (SNS), han explicado las fuentes de Ciencia. Estos tratamientos tienden a ser muy caros, ilustran fuentes del sector, desde su desarrollo hasta su comercialización, y están generando quebraderos de cabeza a los gestores públicos, que en algún momento tendrán que decidir si financian medicamentos que pueden costar hasta medio millón de euros por paciente.
“Es un proyecto innovador desde su concepción”, resumen desde el Ministerio de Ciencia. “El Estado se convierte en un Estado emprendedor. El objetivo que los fondos invertidos en investigación básica por el estado español en etapas iniciales reviertan tanto en la industria nacional como en la salud de los ciudadanos, cerrando un círculo en el que la participación pública es imprescindible por el alto coste de las tecnologías”.
La última esperanza de tantos pacientes
Las terapias avanzadas aparecen si no como la última como la penúltima esperanza para pacientes de una infinidad de enfermedades sin cura conocida (“necesidades medicas no cubiertas”, en el argot propio). El término aplica a los tratamientos basados en terapia celular, la terapia génica y la ingeniería de tejidos o cualquier combinación de las tres, explican fuentes del sector.
El cáncer, enfermedades raras o sin cura conocida, medicina regenerativa, tratamiento de fístulas, artritis rematoide, artrosis o incluso la diabetes son algunos ejemplos de dolencias tratables con terapias avanzadas.
Una vez se constituya la sociedad, cada una de las partes (Gobierno, Grupo Rivo e Insud Pharma) propondrá un consejero técnico. Este grupo de tres expertos, el comité científico-técnico, será el que decida en base a criterios de “interés público, comercial, plan de viabilidad jurídico y técnico, viabilidad económica e interés del producto” qué dos tratamientos se financiarán para salir al mercado. Deben partir de investigaciones nacionales, explican fuentes del Ministerio de Ciencia, y con los plazos que se manejan (para 2027 en la calle) y los tiempos habituales en investigación es probable que tengan que estar ya por lo menos en algún estadio inicial.
Un problema histórico en la I+D española
El objetivo de esta iniciativa conjunta trata de abordar un problema histórico de España, según explican algunos investigadores. La I+D española es muy buena en los estadios iniciales, según reconocen los expertos europeos y mundiales, pero falla a la hora de dar el paso siguiente, acabar de desarrollar esas buenas ideas, convertirlas en un producto y sacarlo a la calle. “Se pretende capacitar a empresas españolas en este ámbito, en el que todavía no tenemos industria nacional para este tipo de terapias”, según explica la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.
En ese punto del proceso habitualmente aparece una gran farma, compra esa investigación prometedora (y pagada probablemente con fondos públicos), le da el empujón final y la comercializa. Y España acaba recomprando esa patente a un precio alto. En el caso de las terapias avanzadas, altísimo.
Este bucle pretende romper el Gobierno, además de para obtener un rendimiento de sus inversiones iniciales en investigación, con el fin de que después estos productos lleguen al Sistema Nacional de Salud (SNS) con un precio más reducido.