El Gobierno de España recupera la financiación para la Memoria Histórica con 15 millones de euros incluidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2019. La última partida en esta materia data de 2012, con 2,5 millones. Desde entonces, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se abonó al “cero euros” para las víctimas del franquismo.
El anuncio lo ha realizado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado las cuentas anuales que tendrán que ser refrendadas en el Congreso, y cuyos apoyos están en entredicho.
El gasto presupuestario recoge esta “apuesta por la Memoria Histórica destinando 15 millones para el derecho a la reparación de las víctimas del franquismo”, según Montero.
La ministra ha subrayado la pertinencia de activar políticas públicas “en momentos como el actual en el que algunas formaciones radicales y nostálgicas de épocas oscuras apuestan por el revisionismo”.
La recuperación del proyecto memorialista estatal aparece como respaldo a través de las políticas públicas para quienes sufrieron la represión franquista. Y el amparo queda certificado a escasos días del ataque de las derechas, después de que PP y Vox anunciaran la derogación de la ley de Memoria Histórica de Andalucía.
Las fosas comunes, como clave
La apertura de fosas comunes aparece como la clave de bóveda de esa “reparación” a los represaliados por los golpistas de Franco. Estar por ver el detalle de las partidas, que se conocerán a partir del lunes.
El Gobierno atiende de esta forma el deber de memoria que reclaman para España asociaciones de derechos humanos e instituciones internacionales como Naciones Unidas.
En España, según el Mapa de Fosas oficial, hay más de 2.500 tumbas ilegales donde yacen al menos 114.226 asesinados. Solo unos cientos de estas fosas comunes han sido abiertas hasta ahora.
Una cantidad sin precedentes
La aprobación de la ley 52/2007, de la Memoria Histórica, abrió la participación del Estado en la apertura de fosas comunes del franquismo y la búsqueda de desaparecidos forzados. La cantidad destinada en los PGE 2019, un total de 15 millones de euros, no tiene precedente.
En seis años, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sumó unos 20 millones de euros. Un tercio de esta cantidad iba destinada a exhumaciones y el resto para investigaciones y otros proyectos relacionados.
Sin embargo, las intervenciones arqueológicas eran realizadas en esta etapa mediante subvenciones dirigidas a asociaciones de recuperación de la Memoria Histórica. Era una forma de “privatizar” la cuestión, como afeaba Naciones Unidas.
Con la llegada a la presidencia de Rajoy, el presupuesto memorialista fue menguando hasta cumplir con el dogma de los “cero euros” a las víctimas de Franco que el dirigente popular sostuvo hasta el último día de su mandato.
El primer año, Rajoy redujo en casi un 60 por ciento la cuantía destinada el curso anterior por Zapatero: el presupuesto pasó de 6,2 millones en 2011 a 2,5 en 2012. Ese mismo ejercicio el Consejo de Ministros suprimió la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.
Las cuentas estaban gestionadas desde el Ministerio de la Presidencia, primero con la socialista María Teresa Fernández de la Vega al frente, y luego con la popular Soraya Sáenz de Santamaría.
Y en 2013 desapareció de los Presupuestos Generales del Estado cualquier referencia a la Memoria Histórica. Hasta 2019, cuando regresa a las cuentas del Estado con una cantidad de 15 millones de euros para atender “el derecho a la reparación de las víctimas del franquismo”.