El Gobierno comunicará a la Fundación Franco, a través del Ministerio de Cultura, el carácter público de los 30.000 documentos del archivo privado del exdictador, “sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrirse por la retención indebida” de estos bienes muebles.
Los 150.845,77 euros que obtuvo entre 2000 y 2003 bajo el mandato del PP los empleó en digitalizar esos 30.000 documentos procedentes del despacho y las dependencias personales del dictador Franco y de personalidades del régimen que hicieron donaciones. Aunque custodia documentos del que fuera jefe del Estado por levantamiento militar, es un archivo privado, y la subvención la recibió a cambió del compromiso de dejar una copia de la digitalización al Ministerio de Cultura, como así sucedió.
Ahora ha cerrado el acceso, según dicen en la Fundación por mejoras para su consulta. En la respuesta parlamentaria del Ejecutivo a dos preguntas escritas formuladas por el senador de Compromís Carles Mulet, quien se dirigió al Gobierno para saber “qué medidas piensa adoptar” para recuperar la documentación pública “en manos de esta organización franquista”, el Gobierno le recuerda que debe abrir el acceso.
Mulet señalaba en su pregunta que el Gobierno “ha reconocido que la Fundación Nacional Francisco Franco, pese a ser un organismo privado, dispone de documentos clasificados como secretos, de origen que sería público” y añadía que “obtuvo dinero público para la digitalización de sus archivos”.
En su respuesta, el Gobierno recuerda que, “a la vista de la información difundida en la propia web” de la fundación sobre el contenido del denominado “Archivo de Francisco Franco,” comunicará a este organismo “el carácter público de tales documentos, en virtud de lo establecido en los artículos 49.2 y 54.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español”.
“El Gobierno reiterará a la Fundación, igualmente, la obligatoriedad del cumplimiento de lo establecido en el conjunto de la normativa vigente en materia de Archivos, Protección de Datos Personales, Propiedad Intelectual, etc., sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrirse por la retención indebida por parte de la Fundación de estos bienes muebles”, señala.
Según la respuesta del Gobierno, la fundación afirma en su web que el archivo “contiene unos 30.000 documentos que son clave para la historia de España, ya que representan la práctica totalidad de la documentación que pasó por las manos de quien fuera Jefe del Estado durante 40 años”.
Entre ellos, “correspondencia con otros jefes de Estado, ministros y personalidades tanto de España como del extranjero, informes confidenciales del Estado Mayor, distintos ministerios y embajadas, borradores de leyes con anotaciones manuscritas del propio Franco al margen, etc”.
En su página web, la fundación señala que está realizando un programa de mejora de consulta del archivo“ que le obliga ”a restringir el acceso al fondo documental que hasta ahora se consultaba en nuestras dependencias, con el compromiso de mantener esta situación el menor tiempo posible“.