A una semana del 25-N, el Gobierno ha iniciado la negociación con todos los grupos parlamentarios para renovar, cuanto antes, el Pacto de Estado Contra la Violencia Machista, que se firmó en 2017 y que caduca el año próximo. Este miércoles por la tarde, los dos partidos de la coalición han propuesto a todos los grupos de la cámara la actualización del Pacto, entre otras cosas, para garantizar su financiación.
La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, y la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, han trabajado conjuntamente en las últimas semanas para impulsar la renovación del Pacto en el Congreso, según han informado fuentes de los dos partidos de la coalición.
El Ejecutivo quiere renovar el Pacto que se firmó en el Congreso en 2017, y hacerlo con el mayor consenso posible y con novedades. La principal: las dos formaciones del Gobierno quieren asegurar la financiación del Pacto “y ofrecer estabilidad a las políticas públicas que combaten la violencia de género”. En la propuesta del Gobierno se incluye también garantizar la financiación de las organizaciones feministas que luchan contra la violencia machista.
“El Gobierno trabajará, desde la unidad institucional, con todas las formaciones políticas representadas en las Cortes Generales para la actualización, cuanto antes, del Pacto de Estado”, ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación.
Hace apenas un mes, el Ministerio de Igualdad anunciaba que quería reformar la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 para hacer permanente el Pacto de Estado. El departamento dirigido por Irene Montero inició entonces una consulta pública para blindar ese Pacto “gobierno quien gobierne” y para ampliarlo a “otras manifestaciones de la violencia machista”, más allá de la pareja o expareja.
El Gobierno anuncia ahora, sin embargo, que quieren rubricar la renovación del Pacto en el Congreso. La consulta pública sigue adelante porque ambos procesos son compatibles, aunque queda por ver de qué manera se concretan y complementan.