El Gobierno afronta la última etapa de la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, pero aún con dudas sobre si podrá salir en el plazo que establezca el Ejecutivo. Básicamente tiene dos escollos: la decisión pendiente del Supremo y la negativa del prior del Valle.
Fuentes del Gobierno han confirmado a eldiario.es que ya se ha notificado a la familia Franco el procedimiento para que puedan hacer alegaciones (la segunda y última oportunidad para hacerlo) contra la decisión de sacar el cuerpo del dictador de Cuelgamuros.
En el plazo de diez días tendrán que ser presentadas y, previsiblemente, irán en la línea de las anteriores: irregularidades en el proceso, ley de 'caso único', prevaricación.
Una vez recibidas, se cerrará el expediente con toda la documentación, incluyendo el informe de Delegación de Gobierno que recomienda no enterrarlo en la catedral de La Almudena. A partir de ahí, el asunto se llevará al Consejo de Ministros, que decretará cuándo y cómo se exhuma y a dónde irá el cuerpo en el presumible caso de que no acepte las alegaciones. Ahí acaba el procedimiento administrativo.
Sin embargo, según lo anunciado, los nietos de Franco recurrirán al Supremo (que estudia un contencioso que han puesto estos familiares) y le pedirán medidas cautelares para paralizar la exhumación hasta que no haya una sentencia al respecto. La primera vez se rechazaron, pero si el alto tribunal decide imponerlas, el proceso tendrá que esperar por tiempo indefinido, hasta que haya un fallo.
Si el Supremo decide no frenar el proceso, todo depende del prior del Valle: como los templos son inviolables, solo él puede dar acceso y podría alegar que quiere esperar a la sentencia definitiva. De momento le ha dicho a Justicia que no deja entrar a los técnicos.