El Gobierno prevé aprobar el próximo martes la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la llamada ley del 'solo sí es sí', más de un año después del visto bueno del Consejo de Ministros, en marzo de 2020. Una semana después de darle luz verde al anteproyecto de 'ley trans', el Ministerio de Igualdad llevará otra de sus medidas estrella y que también desató una dura disputa en el seno del Ejecutivo. Seguirá así su andadura en el Congreso y el Senado, que según cálculos de departamento dirigido por Irene Montero, lo “previsible” es que inicien su debate ya a la vuelta del verano, en septiembre, tras un trámite que ha acumulado varios retrasos.
La ley establece medidas de prevención, atención y reparación para las víctimas de violencia sexual, al estilo del sistema que ya existe para las de violencia de género en el seno de la pareja o expareja, y reforma el Código Penal para acabar con la distinción entre agresión y abuso sexual. Esta es la piedra angular de la norma, duramente criticada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) e impulsada por las protestas sociales y el debate que suscitó el caso de 'la manada'. A juicio de Igualdad este cambio hará que España se sume a “la vanguardia de los derechos de las mujeres en Europa con una clara perspectiva feminista y de derechos humanos”.
El objetivo es que, tal y como cada vez han hecho más países, se adapte al Convenio de Estambul, que obliga a que la regulación de los delitos sexuales se haga en base al consentimiento y no a otros elementos. Actualmente, para que haya agresión sexual se requiere violencia o intimidación, y si no se dan, será abuso sexual. La ley, que han trabajado Igualdad y Justicia, termina con esta diferencia, de forma que todo acto sin consentimiento será considerado agresión sexual. La idea es evitar que sea considerada abuso una violación en la que no hay una violencia o intimidación explícita, pero sí ambiental, tal y como pasó en las dos primeras sentencias de 'la manada', que desataron protestas masivas bajo el lema “no es abuso, es violación” o “yo sí te creo”.
En lo que sí ha confirmado Igualdad modificaciones es en la definición del consentimiento, que también fue objeto de valoración por los órganos consultivos. Mientras para el CGPJ era “innecesaria” y “problemática”, el Consejo Fiscal propuso un cambio en línea con la nueva redacción. Será una definición “en positivo” en vez de en base a negaciones, como ocurría hasta ahora. En este sentido pasa de entender que “no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto”. A “solo” entender “que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.
La tramitación de esta ley no ha estado exenta de polémica. Ya inició su trámite en medio de las discrepancias en el seno del Ejecutivo, entre el Ministerio de Igualdad, Justicia y la vicepresidencia primera de Carmen Calvo, y consiguió la luz verde del Consejo de Ministros in extremis, a las puertas del 8M. Prueba de ello fue que el texto definitivo fue objeto de cambios de última hora y no se cerró hasta poco antes de su aprobación. Tras ello los ministerios siguieron trabajando y en octubre la ley culminó su proceso de consulta pública, tras las alegaciones de unas 60 organizaciones. Fue entonces cuando se envió a los órganos consultivos, un proceso que volvió a alargar el trámite tras los retrasos del Consejo General del Poder Judicial en la emisión de su informe.
En este tiempo Justicia e Igualdad incorporaron modificaciones al texto, entre ellas la ampliación de su objeto de aplicación a las víctimas de violencia sexual menores de edad, así como la creación de servicios especializados y adaptados a sus necesidades en todos los ámbitos. También se sumó la figura de la 'tercería locativa', que implica perseguir a los dueños de los clubes que se enriquezcan con el ejercicio de la prostitución, que podrán ser castigados con penas de cárcel de uno a tres años y el cierre de los establecimientos. Además, reforma el delito de proxenetismo con el objetivo de acabar “con la impunidad” del no coactivo.
Un marco integral
La valoración de los órganos consultivos no ha sido homogénea: recibió duras críticas por parte del CGPJ, que cuestionó los aspectos más clave, como la absorción de los abusos en la agresión sexual. Consideraba el organismo que esto podía incurrir en “desprotección” para las víctimas y proponía un tipo agravado de agresión sexual cuando concurrieran violencia e intimidación. Por su parte, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal hicieron sendos informes favorables.
La ley recoge un catálogo de agravantes específicas, entre ellas que los hechos vayan acompañados de una “violencia de extrema gravedad”, que se trate de una agresión grupal, o el uso de fármacos para anular la voluntad de la víctima, entre otros. Lo que de momento no detallan desde Igualdad es la articulación final de los delitos y si se ha introducido alguna modificación en lo que respecta a las penas. En el anteproyecto inicialmente aprobado, algunas sufrieron una bajada, aunque en otros casos, al unificar el delito de agresión y abuso, en la práctica implicaban un mayor castigo que el Código Penal actual, por ejemplo cuando la víctima está inconsciente.
En este sentido, el departamento dirigido por Irene Montero asegura que se ha optado “por un sistema penológico progresivo y proporcional a la gravedad, con horquillas más amplias”, lo que a su juicio “permitirá dar una adecuada respuesta penal a la multiplicidad de circunstancias”.
La norma establece un marco integral de atención a las víctimas de violencia sexual, al estilo de lo que hizo la ley de 2004 con la Ley Integral contra la Violencia de Género. Incluye medidas de sensibilización en el ámbito social y educativo, formación especializada a todos los agentes que intervienen en estos procedimientos o la implantación de los llamados 'centros de crisis' 24 horas para atender a las víctimas independientemente de que denuncien o no y para cuya puesta en marcha el Gobierno ya ha habilitado créditos para las comunidades. Se incorporan medidas encaminadas a evitar la revictimización de las mujeres que denuncian violencia sexual, incluyendo la posibilidad de evitar contacto visual con el presunto agresor o de declarar en salas especiales.