El Gobierno rechaza declarar el Valle de los Caídos Bien de Interés Cultural: “No tiene suficiente relevancia”

La que fue la tumba monumental de Francisco Franco no pasará a integrar la lista de los más de 30.000 Bienes de Interés Cultural de España. En una carta que el Ministerio de Cultura ha enviado este jueves a la Fundación para la Defensa del Valle de los Caídos, el director de Patrimonio Cultural y Bellas Artes informa que han decidido no incoar el expediente de declaración BIC del conjunto arquitectónico situado en San Lorenzo del Escorial (Madrid).  

La asociación, que se constituyó en 2010 y ha sido protagonista de muchas de las numerosas disputas judiciales alrededor del Valle desde entonces, había solicitado la declaración de BIC en julio de 2014. Ocho años después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha obligado al Ministerio, a través de una sentencia dictada el pasado 16 de junio, a pronunciarse sobre esta petición.   

La respuesta es contundente: no hay elementos que justifiquen el inicio de un proceso de declaración de Bien de Interés Cultural. Y basa su rechazo en tres argumentos.

“Ausencia de interés”

Primero, señala que la construcción ha efectuado “una alteración notable del entorno natural sin haber previsto las consecuencias que la intervención podría causar en las condiciones medioambientales”. A ello adjudica que se hayan perdido “los valores paisajísticos y medioambientales del valle de Cuelgamuros”. 

En cuanto a su importancia desde el punto de vista arquitectónico, el Ministerio entiende que “las aportaciones arquitectónicas exteriores, más allá de su carácter simbólico y político, no poseen suficiente relevancia en el contexto de la producción de la época”. Y abunda en esta idea: “No se trata de un monumento arquitectónico de singular importancia ni por su planta, ni por la figura del arquitecto, ni por la técnica constructiva, ni tampoco por los materiales empleados”.

Para terminar, destaca que “se percibe en la construcción (…) una ausencia de interés compositivo en cualquier dependencia o espacio alejado de la visión pública”.

Por todas estas razones, descarta que el conjunto monumental pudiera estar incluido entre los que se encuentran especialmente protegidos. La asociación se ha opuesto a todas las intervenciones que se han planificado en el Valle de los Caídos, y ha alzado la voz contra la salida del dictador Francisco Franco y también contra las exhumaciones de víctimas que están enterradas en Cuelgamuros. 

Ya con la ley de Memoria Histórica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se comenzó a hablar de una resignificación del Valle de los Caídos, que desde su inauguración ha funcionado como un símbolo del poderío franquista. La nueva Ley de Memoria Democrática, que previsiblemente será aprobada en los próximos días, habla específicamente de transformar el espacio y su significado, extingue la fundación que ha gestionado el lugar gracias a un decreto franquista y señala la necesidad de trasladar los restos de José Antonio Primo de Rivera de la tumba en la que reposa, en un “lugar preeminente” de la basílica del Valle. 

La sentencia que exige la respuesta  

La sentencia del TSJM ha empujado la decisión del Gobierno, ya que estima “parcialmente el recurso contencioso-administrativo” de la asociación y condena a la Administración a que “resuelva sobre la iniciación del procedimiento de que se trata y notifique su decisión a la asociación recurrente”.

Sin embargo, no entra a considerar cómo debe ser esa respuesta ni los argumentos aportados por la asociación para pedir el BIC. De hecho, admite que muchas veces las solicitudes “supervaloran” lo que “una simple observación” llevaría a los especialistas a “descartar su interés histórico-artístico”. Pero el texto sí reconoce que “la Ley del Patrimonio Histórico Español exige, en su artículo 10, que se dicte y se notifique a quienes instaron la declaración”.

“La entidad demandante no es titular de un derecho subjetivo a la iniciación del procedimiento. En cambio, sí tiene un derecho a recibir una respuesta expresa y razonada sobre su solicitud, correlativo al deber de la Administración de decidir si incoa o no el procedimiento de que se trata, según hemos visto”.

La asociación puede recurrir la negativa del Ministerio. Y será un capítulo más en los recursos judiciales pendientes sobre este tema. Sobre todo desde la exhumación de Franco y tras la decisión –también con aval judicial– de recuperar los restos de las personas que han pasado enterradas junto al dictador y Primo de Rivera contra su voluntad. El pasado 21 de junio, el Tribunal Superior de Madrid estimó el recurso de la Dirección de Patrimonio y levantó las cautelares que pesaban sobre las obras necesarias para exhumar los restos de decenas de víctimas de la dictadura enterradas en el Valle, que habían sido paralizadas cautelarmente. Este tira y afloja ha llegado ya al Tribunal Supremo.