El Gobierno está dando los últimos pasos para poner en marcha el sistema con el que dejará de vincular el reconocimiento como víctimas de violencia machista a que las mujeres hayan interpuesto una denuncia. El objetivo es que cuenten con una red de apoyo y acceso a derechos para lograr salir del maltrato más allá del sistema judicial, al que la mayoría de víctimas no llega, y la previsión es que el mecanismo sea aprobado antes del adelanto electoral, según confirman fuentes de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a eldiario.es. Desde el pasado 8M tres mujeres han sido asesinadas por sus parejas, lo que eleva la cifra oficial a 12 en lo que va de año. Solo una de ellas había interpuesto denuncia contra el agresor. La cifra de asesinadas asciende a 987 desde que en 2003 se empezaran a contabilizar los casos oficialmente.
La ampliación de los mecanismos de acreditación de la violencia de género, que el Consejo de Ministras aprobó mediante un decreto el pasado mes de agosto por su “urgencia y necesidad”, responde a la infradenuncia característica de este tipo de delitos –en 2018 solo denunció un 29,8% de las víctimas–. Este reconocimiento es el necesario para acceder a determinados derechos de carácter estatal, fundamentalmente una ayuda económica, los mecanismos laborales y de Seguridad Social, prestaciones a las que, según ha denunciado UGT, apenas se acogen las víctimas.
“La idea es que esto sirva para que las mujeres que no denuncian puedan salir de la situación de violencia gracias a las ayudas y recursos a los que ahora se les dará derecho”, explica la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Pilar Llop. Según la última Macroencuesta, elaborada por el entonces denominado Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2015, un 65% de las mujeres que han sido víctimas de maltrato en el seno de sus parejas o exparejas lo han sido sin que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Policía hayan tenido conocimiento de ello. “Si han logrado salir de la violencia en estos casos, ha sido por otras vías”, remarca la encuesta.
El decreto, aprobado con otras medidas encaminadas a poner en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se extendió después en forma de proposición de ley en el Congreso con el objetivo de ampliar el contenido, pero el adelanto electoral ha impedido que vea la luz. Ahora, y tras los trabajos de los últimos meses, el Ejecutivo prevé aprobar el sistema de acreditación en una primera fase el próximo 20 de marzo en la llamada Comisión Técnica de Igualdad, que incluye a las comunidades autónomas, la Secretaría de Estado de Igualdad, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
La previsión del Gobierno es que a principios de abril se celebre la Conferencia Sectorial que aprobará definitivamente el sistema para que entre en vigor antes de las elecciones generales. Fuentes de la Delegación aseguran que las negociaciones con las autonomías han sido fructíferas, así que confían en que la aprobación sea efectiva sin mayor dilación. A partir de entonces, la situación de violencia machista será acreditada también por parte de servicios sociales generales, especializados y recursos de acogida. Actualmente la Ley Integral de Violencia de Género de 2004 vincula este reconocimiento a haber denunciado y establece como requisito contar con sentencia condenatoria, orden de protección y, excepcionalmente, informe del Ministerio Fiscal.
A partir de ahora, también servirá con el informe motivado y elaborado por expertos y expertas de Servicios Sociales en el que se confirmará que la mujer y los menores de edad, en caso de haberlos, se encuentran en una situación de violencia de género. Este informe dará lugar a la acreditación, un papel oficial en el que se reconocerá esta particularidad y que incluirá los datos de la mujer y de los niños o niñas pero no los del hombre.
Movilidad geográfica o cambio de centro
Los derechos a los que podrán acceder las mujeres sin necesidad de denunciar son, entre otros, el derecho a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la reducción o reordenación del tiempo de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto, a la justificación de las faltas de puntualidad o ausencias o a la consideración de cotización efectiva en periodos de suspensión del trabajo para las autónomas.
También alcanzará a las ayudas sociales destinadas a mujeres que carezcan de rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. Esta prestación, que se otorga siempre y cuando se acredite especial dificultad para encontrar un empleo por razones de edad, falta de preparación o circunstancias sociales, consiste en un pago único de seis meses de subsidio por desempleo (unos 2.500 euros) y desde el pasado agosto es compatible con las ayudas autonómicas y locales que cada comunidad o Ayuntamiento haya diseñado.
El mecanismo que el Gobierno pretende ahora poner en marcha ha sido diseñado en consonancia con las comunidades autónomas, que tienen competencia propia en Servicios Sociales y también ha sido validado por el Servicio Público de Empleo, que es el organismo que confiere muchas de las ayudas. El procedimiento ha partido de la puesta en común de los diferentes sistemas de acreditación que cada comunidad tiene, puesto que ya en sus leyes autonómicas prevén este reconocimiento más allá de la denuncia para la concesión de determinados derechos como el acceso a una vivienda pública. Lo que ahora se pretende es que ese título habilitante dé derecho también a las ayudas estatales. “Las comunidades han facilitado cuáles son sus sistemas y a partir de ahí hemos propuesto un modelo armonizado, sencillo y homogéneo”, apunta Llop.
La Guía de Derechos de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, publicado por el Ejecutivo en 2016, incluye una relación de los derechos económicos, laborales y relacionados con la Seguridad Social a los que a partir de ahora podrán acceder las víctimas sin necesidad de pasar por el sistema judicial. A los mencionados anteriormente se suman otros como el derecho a la prestación de jubilación anticipada en caso de suspensión del contrato por violencia de género, el derecho a la prestación por desempleo aunque el contrato se suspenda voluntariamente siempre que sea por esta causa o la posibilidad de ser incluida en el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia machista en paro.
“El reconocimiento de derechos laborales a las mujeres víctimas de violencia de género tiene como finalidad evitar que, a causa de la violencia que sufren, abandonen el mercado laboral. Para ello, se les reconocen derechos tendentes a procurar la conciliación del trabajo con la situación de violencia de género, se garantiza su protección”, asume la Guía.