Los tres (de cinco) acuíferos sobreexplotados que se extienden bajo Doñana requieren inversiones de al menos 150 millones de euros para revertir su deterioro y un plan de acción de años para conseguir cumplir la ley, justo cuando nos encontramos frente al plazo final de la última prórroga: 31 de diciembre de 2027. Mientras, España afronta un proceso judicial en la Unión Europea por, precisamente, el expolio en Doñana.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir explica en los estudios previos para el Plan Hidrológico que abarcará 2021-2027 que, según su última revisión, se “hace evidente una conclusión que no debe dramatizarse pero tampoco ignorarse: estas tres masas de agua van a continuar en mal estado cuantitativo en 2021 y también en 2027” si no se toman medidas “cuya realización llevará años y requerirá inversiones importantes”.
Las tres masas de agua a las que se refieren son las denominadas La Rocina, Almonte y Marismas. El sistema de acuíferos de Doñana, del que vive el parque nacional situado en su corazón, se compone de cinco masas subterráneas superpuestas e interconectadas: las tres sobreexplotadas y otras dos bien conservadas: Manto Eólico y Marismas de Doñana.
La fórmula incluida en este diagnóstico se basa en sacar menos agua subterránea –sobre todo para regadío– de los depósitos colindantes con el Parque Nacional de Doñana. En ese perímetro “es fundamental una buena gobernanza que evite el efecto fortaleza asediada, difícilmente sostenible a largo plazo”, avisan. Para ello, se propone adaptar las extracciones al estado ecológico de los acuíferos y controlar los bombeos irregulares. También llevar agua desde otras zonas para satisfacer la agricultura: agrandar presas y trasvasar. El presupuesto ronda los 150 millones de euros.
Segunda y última prórroga
“Debemos centrar todos nuestros esfuerzos en el horizonte de 2027, que constituye, por otra parte, la segunda y última prórroga permitida por la Directiva Marco del Agua”, sentencia la Confederación. El límite legal para que las masas de agua estén en buenas condiciones se marcó por ley y entró en vigor el 1 de enero de 2004.
Los técnicos de este organismo (que pertenece a la Vicepresidencia de Transición Ecológica) han constatado cómo en Doñana se ha podido extraer más agua de la disponible en dos acuíferos y cómo los bombeos ilegales han provocado que el consumo real sea el doble del registrado oficialmente en un tercero.
El caso de este último es el de la masa Almonte. El documento explica que, con el Inventario de Regadíos de la Cuenca del Guadalquivir en la mano, el nivel de extracciones de agua subterránea ronda algo más del 50%. “No es coherente con los grandes descensos piezométricos registrados”, asegura la CHG. Es decir, si ese consumo fuera verdad, no podría bajar tanto el nivel del acuífero. Así que la deducción es sencilla: de ahí sale más agua de la registrada. Los técnicos cuentan que hay un fuerte trasvase de agua desde esta masa hacia la adyacente de Marismas “inducido en gran medida por los bombeos que desde hace décadas posibilitan la permanencia de la agricultura de regadío”.
En Doñana se produce de manera patente una competencia por el agua. Los contendientes son la conservación del medio y las actividades económicas. “Coexisten con crecientes dificultades”, analiza el informe que añade que “la agricultura de alto valor añadido (…) es el principal motor económico de un conjunto de municipios que suman más de 80.000 habitantes”. Una agricultura “desarrollada, al menos en una parte, al margen de la planificación hidrológica como de ordenación del territorio”. Es decir, fuera de la legalidad a la hora de usar el agua y el suelo.
Régimen del miedo
El conjunto de medidas preferidas se centra en “adaptar las extracciones a la meteorología y piezometría, control estricto de los bombeos , incluyendo seguimiento mediante teledetección y telecontrol de contadores e incremento de las labores de guardería”. Un asunto complicado, como demostró la situación acoso a un inspector que tuvo lugar en septiembre de 2018: los agropiratas han extendido un régimen de miedo para mantener el uso indiscriminado de agua. También se señala la construcción de una depuradora en Matalascañas.
Este análisis cree crucial el proyecto de recrecer el embalse del Agrio (en Aznalcóllar) para “sustituir extracciones de agua subterránea en Almonte y Marismas”. La CHG considera esto “parte indispensable de cualquier actuación de calado para dar respuesta a la problemática de Doñana”. Y con la idea de que los regantes no utilicen el agua de subsuelo se pide la activación de un trasvase (ya aprobado legalmente) desde la demarcación Tinto-Odiel-Piedras y Guadiana para sustituir el uso de aguas subterráneas para la agricultura en diversas zonas y el núcleo de Matalascañas.
El documento asegura que, con estas actuaciones, se conseguirá “una recuperación muy significativa de la piezometría y la hidrología, aunque en ningún caso se volvería a los niveles previos a la intervención humana. Se considera que podría alcanzarse una situación similar a la del año 2000, previa a la última gran expansión agrícola en la zona”.
Porque revertir Doñana a un estado previo a la “intervención humana a gran escala implicaría la eliminación de todos o la mayor parte de los regadíos y abastecimientos urbanos con agua subterránea”. Eliminar fincas o traer toda el agua desde otro lugar. La Confederación calcula que eso costaría no menos de 500 millones de euros.