El Gobierno considera que no debería cazarse el lobo que el Principado de Asturias planea matar en en su vertiente del Parque Nacional de los Picos de Europa. El Ministerio de Transición Ecológica ha emitido un informe desfavorable al que ha tenido acceso elDiario.es, que concluye que no puede certificarse que “la extracción de ejemplares de lobo solicitada resulte neutra sobre el estado de conservación de la especie en España”.
El Ejecutivo del Principado pretende abatir un lobo de la manada que vive en la zona Cabrales-Tresviso por, aduce, los daños que produce a la ganadería. Para poder matar un ejemplar hace falta justificar las razones que avalen no cumplir la nueva protección legal de la especie que impide cazarla de manera generalizada, incluso al norte del río Duero. Y contar con un informe preceptivo, aunque no vinculante, del Gobierno.
El análisis de Transición Ecológica explica que las autoridades asturianas han acreditado que las explotaciones ganaderas han aplicado las “medidas preventivas o de protección del ganado” por lo que no quedarían alternativas. También que los daños son recurrentes o significativos.
Pero, prosigue el documento, hace falta más información relativa a esa población de la que se pretende “extraer” un individuo: la tasa de mortalidad, tasas de productividad, tamaño del grupo familiar en distintas fases del ciclo vital. También “el censo del número total de lobos o de grupos detectados tanto en la Comunidad como en el área en la que se propone llevar a cabo la extracción, en el entorno del Parque Nacional de los Picos de Europa”.
Sin ese requisito “se constata la dificultad de asumir que la extracción solicitada no supondría un cambio significativo que pudiera afectar al estado de conservación de la especie” tanto a nivel local como nacional. Y este punto incumple una de las exigencias de la normativa para admitir la caza de lobos, insiste el informe.
Asturias afirma en su resolución que, a pesar de haber matado de media ocho lobos al año –antes de la protección– “lo que corresponde al 20% de la población”, no se ha producido “un declive de la población [...] lo que demuestra que tienen una gran capacidad de recuperación y una gran resistencia a las extracciones”.
El Principado estaba a la espera de este informe para poder abordar una autorización explícita de extracción, es decir, de caza del animal. “El Gobierno asturiano puede seguir adelante con ese plan, pero este informe nos da más argumentos para recurrir en los tribunales así que corren más riesgo”, afirma Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, organización contraria a gestionar la especie mediante la caza.
Oberhuber considera que el plan asturiano, “no se ajusta a lo que prevé la normativa, ya que es una especie de autorización de muerte preventiva cuando lo que dice la regla es que hay que identificar qué ejemplar causa los daños para poder matarlo. Es una senda legalmente resbaladiza”.
El Principado entiende que la extracción está justificada por “la evolución de los daños a la ganadería en la concreta zona asturiana del Parque Nacional de los Picos de Europa” tanto en 2021 como en lo que va de 2022 y porque “se han dado todos los pasos previos exigidos” por la nueva normativa.