El Gobierno de Pedro Sánchez y Unidos Podemos han llegado a un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado en el que incluyen la aprobación de una norma integral de violencia sexual al estilo de la Ley contra la Violencia de Género de 2004. En el documento sellado, y con el objetivo de “blindar que solo sí es sí”, ambos partidos han pactado que todas las conductas sexuales sin consentimiento sean una agresión sexual. Es decir, eliminan la distinción entre abuso y agresión que contempla el actual Código Penal y que sirvió para condenar a los cinco miembros de 'la manada' por abuso sexual.
Aunque en esta reforma ya trabajaba la comisión de expertos y expertas a la que encargó el anterior Ejecutivo la reforma penal sobre delitos sexuales, la ley que será impulsada, y que incorpora este punto clave, es la Ley Integral de Libertad Sexual registrada el pasado mes de julio por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Según el documento pactado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, se procederá a la “unificación y ordenación de las conductas constitutivas de agresiones sexuales y de abusos sexuales bajo la denominación común de agresiones sexuales”.
En este sentido, prosigue, “se impulsará una reforma del Código Penal con el objetivo de garantizar que, si una mujer no dice que sí explícitamente, todo lo demás es no”, con lo que “la falta de consentimiento expreso de la víctima se convierte en clave nuclear de los delitos sexuales”. Es decir, será el consentimiento el eje sobre el que gire la regulación de los delitos sexuales y no de si existe violencia e intimidación en el acto, como ocurre ahora.
El actual Código Penal contempla que si no existen estos dos requisitos es un abuso sexual y si existen, se trata de una agresión sexual. Las juristas feministas llevan años reclamando que se elimine esta diferenciación para que los delitos sexuales sean ajustados a Convenio del Consejo de Europa contra la Violencia sobre la Mujer, el Convenio de Estambul.
Sánchez e Iglesias han acordado que la norma que impulsarán “garantice la sensibilización, prevención, detección, atención protección y reparación”. Así, la ley presentada por el grupo confederal hace unos meses diseña todo un marco integral con medidas sociales, judiciales, educativas y sanitarias al que pueden acceder las víctimas de violencia sexual como ocurre actualmente con las víctimas de violencia de género en el seno de la pareja o expareja.
En este sentido, la norma crea un único tipo penal de agresión sexual que se agrava dependiendo de las circunstancias, por ejemplo, si hay penetración, si la víctima es especialmente vulnerable o si el atentado se acompaña de actos vejatorios o degradantes. Por otro lado, se añade un tipo específico de agresión sexual colectiva, que se prevé para aquellas ocasiones en las que “aprovechándose de la situación objetiva de superioridad manifiesta, en un contexto objetivamente intimidante para la víctima, dos o más personas realizan conjuntamente” actos constitutivos de agresión sexual. Además, propone castigar el acoso callejero.
La ley contempla un abanico de medidas (información, atención psicológica y especializada, asistencia jurídica gratuita...) que no dependerán de si la víctima ha denunciado o no, es decir, la puerta de entrada al sistema de protección y reparación no será la judicial. El objetivo es que se empiece a tratar el tema de una forma global e integral, como política de Estado, al igual que ocurre con la violencia de género desde 2004.
En este sentido, Unidos Podemos incluye en su ley que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que actualmente solo llevan casos de violencia de género, amplíen competencias y se especialicen también en violencia sexual.