El Gobierno ha decidido aplazar la aprobación de la reforma educativa prevista para este viernes tras una jornada de huelga en la comunidad educativa marcada por las multitudinarias protestas en las calles, según ha podido saber eldiario.es. Fuentes del Partido Popular han reconocido que la falta de consenso en torno a la denominada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa están detrás de esa decisión. En concreto, el Ejecutivo habría reclamado al ministro Wert un mayor esfuerzo para lograr un consenso en torno a la ley que permita al Gobierno evitar un nuevo conflicto en un contexto marcado por las protestas ciudadanas.
Desde Moncloa se intenta, sin embargo, evitar ligar las protestas de este jueves al aplazamiento. Fuentes del Gobierno aseguran que la decisión de no llevar la reforma educativa al Consejo de Ministros se debe a que se “han estado cerrando cuestiones técnicas de la memoria económica” que han impedido que el texto estuviera listo para su incorporación al orden del día de la reunión de este viernes.
Desde el Ministerio de Educación se ofrece una tercera versión. Fuentes del Ministerio han explicado a eldiario.es que el motivo del retraso es que se quiere ajustar el texto lo máximo posible a las recomendaciones formuladas por el Consejo de Estado. En concreto, se estaría buscando un mayor consenso con la comunidad educativa y las comunidades autónomas en dos puntos criticados por el organismo en su informe: la religión y la lengua.
Este jueves al mediodía fuentes de Moncloa reconocían que el texto podría no ser tratado en el Consejo de Ministros, tal y como estaba previsto. Sin embargo, el ministro de Educación no confirmaba la noticia en una breve conversación con eldiario.es tras abandonar el hemiciclo por la puerta de atrás para evitar a los periodistas. Durante esa conversación, Wert preguntaba quién había afirmado que la reforma no sería aprobada en la reunión del Gabinete de este viernes y respondía con un silencio a la cuestión sobre el aplazamiento.
Críticas del Consejo de Estado
El Consejo de Estado emitía un dictamen sobre la ley que incide en dos de sus puntos más controvertidos: la supresión de Educación para la Ciudadanía y la garantía de escolarización en español en las comunidades con lenguas cooficiales.
En su informe, el órgano presidido por el exministro de Aznar José Manuel Romay Beccaría, critica la decisión de eliminar del currículo la asignatura de Ciudadanía. “Procedería imponerla como obligatoria en algún momento” pues han sido numerosos los acuerdos y recomendaciones suscritos por España del Consejo Europeo y la UE para “velar por el aprendizaje de los valores democráticos (...) con el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa”, asegura el escrito.
El Consejo de Estado, se mostraba contrario además a que las comunidades autónomas deban costear un centro privado a aquellos alumnos que quieran estudiar en castellano y no dispongan de esa oferta ni en colegios públicos ni concertados.
Rechazo en la calle
Miles de personas se han echado a la calle este jueves contra la reforma educativa promovida por Wert en una jornada de huelga que ha sido calificada de “histórica” por los convocantes. Según los organizadores, 120.000 personas han acudido a la marcha de Madrid y 100.000 a la de Barcelona. El seguimiento del paro que ha afectado a todos los niveles y colectivos - padres, alumnos y docentes - de la enseñanza ha alcanzado el 80%, según los convocantes, y el 20% según el Ministerio.
A la protesta de este jueves se va a sumar en los próximos días la marcha convocada con motivo del segundo aniversario del 15-M. Los colectivos en defensa de la enseñanza pública han anunciado ya su adhesión a la manifestación que tendrá lugar el domingo en Madrid.