La Guardia Civil, obligada a intervenir en el convento de las clarisas cismáticas de Belorado

Las monjas cismáticas de Belorado parecen decididas a encastillarse en el monasterio, y no dejar entrar a nadie. La Guardia Civil tuvo que personarse el mediodía de este jueves en el convento, después de que los representantes del Mario Iceta, arzobispo de Burgos y comisario pontificio designado por la Santa Sede, quisieran hacer entrega a las clarisas de varios requerimientos para “establecer alguna línea de diálogo e interlocución con las monjas, de modo particular con las más mayores”, tal y como ha anunciado la diócesis en un comunicado.

Asi, se han personado en Belorado sor Carmen, secretario de la Federación de Clarisas de Arántzazu; Rodrigo Saiz, apoderado de Iceta, “para comunicar las facultades jurídicas que le competen sobre la administración de los monasterios”; y Carlos Azcona, notario de Burgos, “responsable de transmitir las notificaciones pertinentes de este Tribunal con respecto a la apertura del proceso canónico correspondiente a la declaración de abandono de la Iglesia católica”, junto a una notario.

La respuesta de las religiosas ha sido la de recibirlas primero desde el torno, y posteriormente con sor Sión, la segunda del convento, en el locutorio. La ex abadesa, sor Isabel, no quiso encontrarse con nadie, e informó que “excepto la notaria, los demás 'no eran bien recibidos' en el monasterio y que deberían abandonarlo, requiriendo la presencia de una patrulla de la Guardia Civil en el caso de negarse”, según el relato de la diócesis.

En ese momento, la notaria ha hecho entrega de los requerimientos pertinentes, mientras el notario del Arzobispado y la secretaria de la federación decidieron esperar fuera.

El apoderado de Iceta, mientras tanto, decidió esperar fuera del monasterio a la llegada de la Guardia Civil.

Tal y como sigue el relato de la diócesis, “se persona la patrulla y don Rodrigo se identifica y muestra la documentación que le acredita como apoderado del Comisario Pontificio”. La patrulla indica que “se practicarán 'diligencias a prevención' y que, a continuación, se entrevistarán con las religiosas”.

“La denuncia contra el Comisario Pontificio ante la Policía Nacional en Logroño, su posterior ratificación ante los juzgados de Burgos y el requerimiento de una patrulla de la Guardia Civil en Belorado, pueden interpretarse como gestos de hostilidad que manifiestan la nula intención de la comunidad de establecer cualquier diálogo con la persona designada por la Santa Sede y su equipo”, finaliza el comunicado de Burgos. Aun así, culmina la diócesis, “el Comisario Pontificio mantiene su voluntad de tender puentes y de encontrar vías adecuadas para alcanzar una solución”.

Al parecer, uno de los escritos conmina a las religiosas a responder en el plazo de dos días. Pablo de Rojas, por su parte, acaba de asegurar que “no se van”.

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