Qué hacemos con la educación

1. La educación en tiempos de recortes

La educación pública española, a consecuencia de los compromisos de los sucesivos gobiernos con la iglesia católica y con la patronal de la enseñanza, nunca ha llegado a romper del todo con las tres principales herencias del franquismo: segregación clasista, confesionalidad y un amplísimo sector privado costeado con fondos públicos. No obstante, se han logrado importantes avances en el desarrollo de la red pública, con un incremento notable de centros y de profesorado, bajada de ratios de alumnado por aula, ampliación de la edad escolar obligatoria, escolarización casi total desde los tres años, y mayor acceso a estudios superiores de las capas populares.

Esta línea de conquistas está siendo sistemáticamente atacada desde hace tiempo en diferentes Comunidades Autónomas por los gobiernos de la derecha, cuya ideología mercantilista y privatizadora (“menos Estado y más mercado”) quiere convertir la educación en un negocio, poniendo gran parte de los nuevos centros educativos en manos de la enseñanza privada concertada, mayoritariamente católica. Este proceso de privatización, que pretende convertir la escuela pública en subsidiaria de la privada, se ha acentuado de forma exponencial en los últimos años.

Y más ahora que, con el pretexto de la crisis, se ha abierto la veda contra la educación pública y se está aplicando todo un programa sistemático de desmantelamiento, mediante continuos recortes y estrangulamiento económico. Desde las políticas conservadoras del gobierno central y los autonómicos se ha decidido entrar a saco en ella a través de una reducción estratégica de la inversión, en términos de PIB, con el consiguiente intento de deterioro de la calidad y equidad de la educación pública española. Podemos estar, si no se detiene, ante un retroceso histórico que nos devolvería a la escuela de pobres del franquismo y, en consecuencia, a una universidad sólo para ricos.

El Real Decreto-ley 14/2012 de 20 de abril recorta 3.000 millones de euros en educación, de forma adicional a la reducción contenida en los Presupuestos Generales del Estado para 2012. Si unimos lo anterior a los más de 3.000 millones recortados en los dos últimos años, estamos hablando de un billón menos de las antiguas pesetas en inversión educativa. Así se reconoce en el Programa Nacional de Reformas presentado por el gobierno actual ante Bruselas.

Los recortes aplicados suponen además la eliminación progresiva de la educación de 0 a 3 años como etapa educativa, la práctica desaparición de la formación permanente del profesorado, la precarización de la función docente (más horario lectivo, menos retribuciones, sustitución de bajas a partir del décimo día), la masificación de las aulas (brutal aumento del 20% de la ratio alumnado-aula), junto a una reducción drástica de becas y de la oferta educativa en ESO, Bachillerato, FP y Escuelas de Idiomas, mediante un recorte del 66% en transferencias a las Comunidades.

Estos tijeretazos se suman a los que ya han hecho las propias Comunidades en años precedentes, reduciendo plantillas, salarios, gastos de funcionamiento de centros, tutorías, desdobles y apoyos, materias optativas, módulos de formación profesional, servicios de orientación o biblioteca, ayudas para adquisición de libros de texto, de comedor y actividades complementarias.

Y como corolario de todo lo anterior, una salvaje reducción de empleo público educativo. Medidas como la eliminación de horas de trabajo del docente fuera del aula para transformarlas en horas lectivas, el incremento de ratios y la reducción de la atención a la diversidad han dejado ya, o van a dejar, sin empleo a decenas de miles de profesoras y profesores interinos. Una reducción drástica y repentina que es fácil para la Administración, al haber mantenido desde hace años unas altas tasas de temporalidad totalmente injustificadas, con un profesorado competente que ha demostrado su valía y experiencia de forma sobrada y que juega una función imprescindible en las aulas para asegurar la calidad educativa.

Con estas medidas, no sólo puede incrementarse el fracaso escolar, sino que centenares de escuelas públicas serán fusionadas (especialmente en el ámbito rural), al aumentar las ratios y reducir las plantillas, mientras que los programas de apoyo y refuerzo serán laminados. Y todo ello a la vez que se han extendido los conciertos educativos, incluso en etapas no obligatorias, y se está subvencionando a familias que optan por centros privados de élite.

A lo anterior hay que añadir la asfixia económica de la Universidad pública española, que ha perdido unos 370 millones de euros desde 2010 (algo más del 5%), a lo que se suma el bárbaro recorte en Educación Superior y en I+D+i, a la par que aplican una brutal subida de tasas universitarias, aumentan las horas lectivas del profesorado universitario en un 50%, convierten la docencia en una especie de “castigo” para los no investigadores, expulsan al profesorado asociado por miles e impiden realizar ninguna convocatoria de plazas fijas en las universidades públicas.

Los ejes básicos de la nueva contrarreforma Wert, denominada Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, giran en torno a los siguientes principios y medidas:

1º. Reducir el número de asignaturas y centrar la carga lectiva en unos contenidos mínimos y elementales, lo que en la terminología neoconservadora se llama “volver a lo básico”. Dedicar así el período de educación obligatoria a preparar mano de obra barata y flexible, dotada con unos conocimientos instrumentales básicos para acceder a un mercado laboral precario y en constante rotación. Lo que Berlusconi resumió con el lema de las tres “ies”: “Inglese, Internet, Impresa” (traducido en España, este último, por “espíritu emprendedor”). De paso, recentralizar la educación y debilitar el peso de las humanidades, las sociales y las enseñanzas artísticas.

2º Itinerarios a partir de los 12 o 13 años: en la práctica supondrá segregar, seleccionar y clasificar cuanto antes al alumnado. Se quieren sustituir los programas de cualificación profesional (PCPI), una vía para aquel alumnado con mayores dificultades de aprendizaje y que sólo se utilizaban en último extremo para dar una oportunidad de titulación con una orientación hacia el mundo laboral a los 16 años, por un nuevo ciclo de Formación Profesional Básica (FPB). Ésta se adelanta incluso a 2º de la ESO si se ha repetido. No permite titular en ESO ni da acceso directo a la Formación Profesional de grado medio. No sería una opción muy excepcional sino una vía ancha para empujar de forma masiva hacia la FPB a alumnado muy joven. Además, se empuja a estos programas al alumnado que tenga una “situación socioeconómica desfavorable”, equiparando así pobreza y poca capacidad para el estudio.

Se adelanta también la vía hacia la FP a 3º de la ESO, a través de asignaturas optativas, para que en 4º los itinerarios hacia la FP o el Bachillerato estén “bien diferenciados”. Itinerarios que no conducirían a reducir el abandono y el fracaso escolar, como se pretende hacernos creer, sino a eliminar progresivamente la comprensividad y la igualdad de oportunidades durante la etapa obligatoria en educación, derivando cuanto antes a la población escolar con mayores dificultades o menos recursos hacia la FP de grado medio, convirtiéndola de nuevo en una vía de segunda categoría.

3º. La educación como una carrera constante de obstáculos y superación de pruebas y reválidas al final de cada etapa (Primaria, ESO y Bachillerato), apostando por un modelo de enseñanza basado en la presión del examen, frente a un modelo educativo más centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado. Así se acaba estudiando lo que se evalúa y se centra el tiempo y los esfuerzos docentes en preparar al alumnado para resolver pruebas y exámenes en todas las etapas educativas, como ya pasa en 2º de Bachillerato de cara a la selectividad y en algunas Comunidades Autónomas con las pruebas extraordinarias que se han ido poniendo en marcha. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid con las denominadas CDI (pruebas de Conocimientos y Destrezas Indispensables).

Y lo que es muy grave: se hurta la competencia al profesorado (Juntas de Evaluación) para decidir la titulación del alumnado en ESO, dejando sin valor alguno la evaluación continua que se realiza en los centros educativos.

4º. El mercado es el que debe orientar la educación. Es decir, someter los centros educativos a las exigencias del mercado, especialmente a la competitividad, estableciendo pruebas externas a nivel nacional, para ofrecer una clasificación de colegios según sus resultados. Con el fin de que los “clientes” puedan comparar y elegir aquél que más ventajas competitivas les aporte a sus hijos e hijas en el futuro mercado laboral. En este mercado competitivo las escuelas se hacen más selectivas, rechazando al alumnado que presente mayores dificultades y que pueda hacer descender sus resultados y su posición en el ranking.

5º. Los incentivos según resultados o el ‘pago por resultados’. Se trata de aplicar refuerzos e incentivos a los centros, no ya en función de las necesidades del centro y de su alumnado, sino de acuerdo con los resultados que obtienen en esas evaluaciones. En definitiva, condicionar la financiación pública a los resultados obtenidos, mediante los contratos-programa u otras fórmulas similares.

También se pretenden blindar los conciertos educativos para la patronal privada. Y legalizar aquello que el Tribunal Supremo ha considerado ilegal: recibir fondos públicos cuando se segrega y separa por sexo al alumnado, algo que hacen determinados colegios ultrarreligiosos sin ninguna base pedagógica que sustente su modelo.

6º. La denominada “Nueva Gestión”. Es decir, gestionar los centros públicos según las recetas de la empresa privada, mediante una mayor autonomía financiera que requiera de fuentes de financiación privadas ante la insuficiencia de la pública. Financiación externa de patrocinadores que imponen sus logotipos y exigencias, introduciendo los intereses privados y mercantiles en la educación pública. A ello se añade la especialización de los centros para ofrecer una oferta competitiva y especializada a la clientela; así como la “profesionalización” de la dirección, como gerentes o directivos profesionales especializados en gestión empresarial y de recursos humanos de forma “eficiente” y con rentabilidad económica.

Reducir la participación de la comunidad educativa, eliminando la capacidad de decisión de los consejos escolares en cuestiones trascendentes (proyecto educativo, presupuestos, admisión de alumnos, etc.). La administración elegirá a los directores de los centros públicos, reforzando su poder en general y especialmente en la elección del profesorado; algo especialmente peligroso cuando en algunas comunidades, por ejemplo en la de Madrid, con la excusa del bilingüismo se ha empezado a contratar irregularmente a profesores de otros países al margen del sistema de acceso a la función pública que establece la Constitución Española, desplazando de forma forzosa al profesorado que forma parte del sistema educativo español.

Está claro que con esta Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación se quiere volver a la antigua ley de educación del gobierno Aznar, profundizando aún más en este proceso de privatización, segregación y desmantelamiento de la educación pública. Algo que en vez de construir la escuela del futuro, recuperaría la mala escuela del pasado (Imbernón, 2012; Angulo, 2012)

2. El derecho a la educación

La finalidad de la educación pública

La finalidad de la educación debe responder a una serie de cuestiones fundamentales: ¿para qué se educa? ¿Qué valores debe transmitir la escuela pública? ¿Cuál es la función social que le atribuimos a la educación obligatoria? ¿Educar para el mercado o educar para la ciudadanía? La educación tiene como finalidad básica el desarrollo humano, moral, e intelectual de las personas. Ello se materializa en los siguientes principios: la universalidad o derecho de toda la ciudadanía a la educación; la humanidad o pleno desarrollo de la personalidad de todo ser humano; la civilidad al basarse la educación en los derechos y libertades fundamentales; la autonomía, para que todas las personas puedan aprender por sí mismas (Felipe Aguado, 2010).

La educación tiene que ser pública para que tenga carácter universal, y también obligatoria y gratuita, y acoger a toda la población sin distinción de origen, condición o circunstancias. Debe asegurar la igualdad en el acceso y en el desarrollo del derecho a la educación, combatiendo un fracaso escolar que afecta sobre todo al alumnado proveniente de las clases más desfavorecidas, y permitiendo la movilidad social. Por ello es fundamental su función compensadora: dar más a quien menos tiene para que supere sus dificultades y desarrolle toda su potencialidad.

En función de la prioridad que se dé a la educación, asignamos importancia, tiempo y dedicación a unos contenidos, unas metodologías y unas actividades en el aula; así priorizaremos unos objetivos, diseñaremos el Proyecto Educativo de cada centro. ¿A qué le dedicamos más tiempo y empeño en nuestro trabajo cotidiano: terminar el temario, los contenidos o estimular la convivencia, la valoración de la diversidad y el pensamiento crítico, por ejemplo? Esto condiciona toda la práctica docente.

A la hora de responder a la pregunta de para qué la educación, pedagogos como Giner de los Ríos decían que educar es preparar al joven para dirigir su propia vida. Se educa fundamentalmente para ser personas y ello pasa por desarrollar valores en el alumnado del siguiente tipo:

Como dice Wrigley (2007), “deberíamos ser el número uno en el mundo en porcentaje de jóvenes de 18 años que están política y socialmente implicados. Mucho más importante que nuestras puntuaciones en matemáticas y nuestras puntuaciones en ciencia es la implicación de la generación siguiente en el mantenimiento de una democracia real y en la construcción de una sociedad más justa para los que más la necesitan: los jóvenes, los enfermos, los ancianos, los parados, los desposeídos, los discapacitados, los analfabetos, los hambrientos y los desamparados.” Incluso va más allá y dice: “se deberían identificar las escuelas que no pueden producir ciudadanía políticamente activa y socialmente útil y divulgar sus tasas de fracaso en los periódicos”.

La escuela es un espacio en el que se transmiten contenidos académicos, pero estos no pueden ser indiferentes para la vida, aprendidos para aprobar los exámenes y olvidados después, ni se deben orientar en función exclusiva del mercado laboral e impartirse con unas formas de organización y funcionamiento basadas en la competitividad del mundo empresarial.

Este esquema tradicional lo que provoca generalmente son problemas de rechazo, indisciplina, conflictos, fracaso y aburrimiento, endémicos de todos los sistemas educativos de los países industrializados. Parece evidente que una escuela academicista, históricamente diseñada para la transmisión homogénea de contenidos y para el tratamiento uniforme de los estudiantes, no es el marco adecuado para formar para una vida compleja y multidimensional como la actual ni para responder a la diversidad de situaciones y a la heterogeneidad de las personas (Pérez Gómez, 2004).

Hay que recordar una obviedad que puede ser olvidada: la educación no es neutra. Es decir, cada tipo de educación responde a un modelo social y político determinado. El modelo educativo tiene coherencia con el modelo social. Así pues, debe definir si se limita a reproducirlo o aspira a transformarlo. Por ello, Paulo Freire planteaba evitar una educación “bancaria” y defendía una educación liberadora.

Si el modelo social es reproducir y conservar los valores y privilegios de una sociedad clasista y competitiva, la educación estará al servicio de dicho objetivo y estratificará la población para que esa misión se siga cumpliendo. Si se concibe un modelo social de transformación de la sociedad, la escuela será también parte de ese motor de cambio. Por ejemplo, si el modelo social es un tipo de sociedad más justa, pacífica, igualitaria y científica, deberá coincidir con un modelo de escuela inclusiva, solidaria, compensatoria y laica.

Educar para convivir, para valorar las diferencias, para cooperar, para ser críticos, para ser ciudadanos y ciudadanas en una sociedad democrática, etc., no se puede convertir en algo secundario que se atiende cuando se puede. Hay que imaginar otro tipo de sociedad mejor y posible para imaginar otro tipo de escuela posible y necesaria. A la escuela pública le corresponde una función social clara: la formación de ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la sociedad con la que les ha tocado vivir, la preparación para el trabajo, la integración en la sociedad civil y el cambio social. Debe educar para la convivencia y para construir una sociedad solidaria y cooperativa. No olvidemos que el modelo educativo tiene que ver con la formación, información y sentido crítico de la ciudadanía. Y ello influirá en el grado de cohesión social y en la calidad de la democracia.

Como transmisora de información, ideas y conocimientos, la educación pública tiene que tener como atributo su carácter laico, para que sea plural ideológica y culturalmente y se base en los conocimientos científicos y no en las creencias de cada cual. El Estado no puede delegar su responsabilidad en entidades privadas ni permitir que cualquier ideología invada los límites del pensamiento científico y plantee otros fundamentos morales que no sean los derechos humanos y los valores universales.

En resumen, se trata de educar para saber, para pensar, para ser libre, para elegir y para mejorar la sociedad.