Tras tres sentencias en contra y cinco años yendo de un juzgado a otro, el matrimonio formado por José y Juan –nombres ficticios– no cesa en su empeño por que España reconozca lo que dice la partida de nacimiento de sus hijos gemelos, nacidos de un vientre de alquiler en Estados Unidos en 2008. Y lo que dice es que ambos son los padres de los pequeños, al menos en el país americano.
Pero el Tribunal Supremo acaba de emitir un fallo que dice que ese certificado no es válido en España porque los niños nacieron por maternidad subrogada, una práctica prohibida expresamente por la Ley de Reproducción Asistida, aprobada en 2006. El fallo, adelantado por el diario El MundoEl Mundo, desestima el recurso presentado por esta pareja en noviembre de 2011 contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que también invalidó la inscripción de ambos en el Registro Civil como progenitores de los niños.
“Cuando tengamos la sentencia, nuestro abogado la estudiará y con toda probabilidad recurriremos el fallo”, asegura José en conversación telefónica, tras enterarse por la prensa de la decisión del alto tribunal. Tras cinco años de batalla legal, no piensan quedarse quietos ante lo que siempre han considerado “una discriminación” con respecto a las parejas heterosexuales.
“Conocemos parejas de hombres y mujeres que también han tenido hijos de un vientre de alquiler en Estados Unidos, y no han tenido problemas en inscribir a sus hijos –explica–, pero llegamos nosotros, que nunca hemos ocultado que somos un matrimonio formado por dos hombres, y es entonces cuando empiezan los problemas”.
En España, la filiación de los hijos viene determinada por el parto, por lo que una pareja formada por hombre y mujer, o una mujer soltera, puede fácilmente saltarse las normas. En Estados Unidos, sobre todo en el estado de California, donde nacieron los hijos de José y Juan, la gestación por sustitución, más conocida como vientre de alquiler, está perfectamente regulada y hay agencias especializadas que se encargan de todos lo trámites.
En la fecundación pueden emplearse gametos –óvulos y espermatozoides– de ambos progenitores y luego implantar el óvulo en el útero de la mujer que gestará el bebé, que habitualmente cobra una cantidad de dinero por ello. Tras el parto, un juez determina que las personas que han firmado el contrato previo son los progenitores del nacido. Por tanto, una pareja heterosexual española no tiene problemas en acudir al consulado –que en el extranjero actúa como Registro Civil– con el certificado de nacimiento de su hijo o hijos e inscribirlos como tales.
“Con la verdad por delante”
“Desde el principio nosotros queríamos ir con la verdad por delante, estábamos casados y ambos teníamos los mismos derechos”, explica José desde su casa en Valencia. Otros amigos, cuenta, prefirieron ocultar su condición sexual, y así uno de ellos quedaba inscrito como padre, y el otro debía iniciar los trámites de adopción.
“Conocemos a una pareja en la que él ha tardado nueve años en lograr la adopción de la hija de su marido, y ahora es lo que nos está pidiendo el Supremo que hagamos”, afirma José, quien subraya el “sinsentido”, que su abogado resume así: “Renuncias a ser padre para luego volver a pedirlo por otra vía y llegar a donde estábamos nueve años antes”.
Tras el nacimiento de sus hijos, José acudió al consulado de Los Ángeles con el certificado que decía que él y Juan eran los padres de los pequeños. Pero el cónsul les negó la inscripción porque la gestación por sustitución está prohibida en España. Recurrieron la decisión y a principios de 2009 la Dirección de Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, emitió una orden por la que permitía la inscripción de los niños. “Fue entonces cuando les sacamos su DNI (hasta entonces sólo tenían pasaporte de EEUU), la tarjeta sanitaria y su pasaporte español”, relata José. Hasta entonces no había sido posible.
Un año después la Fiscalía, que entonces dirigía Cándido Conde-Pumpido, recurrió la inscripción. Un juzgado de instrucción la declaró nula, y la pareja, a su vez, recurrió la decisión. Entonces se pronunció el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que también rechazó la inscripción de los pequeños precisamente por haber nacido de un vientre de alquiler. El matrimonio acudió al Supremo y ahora, de nuevo, se encuentran como al principio.
“Aunque el tribunal diga que el proceso de adopción será rápido, en ese tiempo nuestros hijos estarán desprotegidos”, afirma el padre. Y pone varios ejemplos: “¿Qué pasa si yo renuncio a mi paternidad y en el tiempo que tardo en solicitar la adopción fallece mi marido? A efectos legales, ¿quién sería el padre de mis hijos? ¿Qué pasaría con mi familia, y con la de mi marido, qué derechos tendrían hacia mis hijos?”. Su respuesta es fácil: quedarían completamente desamparados.
Por ello, asegura que presentarán de nuevo un recurso, porque “los jueces tienen que velar por el interés superior del menor, y aquí no lo están haciendo”. Añade, además, que el fallo del Supremo viola varios tratados de la ONU, como los que se refieren a los menores, y en los que se establece que un niño tiene que tener los mismos padres en todo el mundo. “Según lo que ha decidido ahora el Supremo, nuestros hijos tienen unos padres, nosotros, en Estados Unidos y en el resto del mundo, pero en España sólo uno de nosotros puede ser su padre”.
“Nuestro mayor deseo siempre ha sido ser padres”
A los que aseguran que los vientres de alquiler, un proceso que puede llegar a costar en EEUU hasta 180.000 euros, incluidos los viajes, es un proceso reservado para los más pudientes, José responde que es cuestión de prioridades. “Nosotros somos los dos funcionarios, y en vez de hipotecarnos con una casa preferimos emplear nuestros ahorros en formar una familia”, explica. Hasta hace un año, cuando pudieron comprarse su primera casa, después de pagar todas las deudas, habían vivido de alquiler. Y hasta que nacieron los niños hace cinco años su único coche era un Renault Clio de más de 10 años.
“Nuestro mayor deseo siempre ha sido ser padres y primero pensamos en adoptar, pero cuando se nos cerraron todas las puertas, acudimos a la gestación subrogada”. Durante tres años recorrieron varios países. “El cónsul de la República Checa nos dijo que éramos unos monstruos y en Rusia llegaron a decirnos que preferían ver a los niños muertos antes que los criáramos nosotros”.
En España, su proceso coincidió con una moratoria en las adopciones por exceso de peticiones, y, según asegura José, los servicios sociales de la Comunidad Valenciana “por entonces hacían todo lo posible para que una pareja gay no pudiera adoptar”.
“No nos negaban la adopción abiertamente porque hubiera sido ilegal, pero retrasaron nuestro expediente todo lo que pudieron”, afirma. Ante esta situación, acudieron a Estados Unidos, el país que más garantías les daba. Cinco años después tienen una familia y ganas de seguir peleando por que sea reconocida como tal en España.