Lo habían escuchado cientos de veces. En la radio, en la televisión, en una conversación cualquiera. Lo veían en los anuncios del metro, en los carteles de la sala de espera del centro de salud, en la parada del autobús. Lo vieron también cuando atravesaron los pasillos para llegar a la sala de vistas del juzgado: “Hay salida”, “denuncia”, “llama al 016”, “pide ayuda”. Isabel, Ruth, Gloria y Lourdes hicieron caso a las campañas contra la violencia de género y denunciaron, pero se encontraron con un sistema que les hizo sentir doblemente maltratadas.
Según la Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer, elaborada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 2015, un 65% de las víctimas nunca denuncia. Ni los juzgados ni la policía tienen conocimiento del grueso de la violencia machista que se da en nuestro país y si estas mujeres salen de la violencia, es por otras vías. Por eso, los colectivos feministas piden que junto al repetido mensaje de la denuncia, las instituciones sean capaces de garantizar la protección y acaben con la revictimización a la que, como a estas cuatro mujeres, somete la justicia a veces.
“No sabría qué responder”
Isabel López dice no quiere hablar más de los golpes y la humillación porque quiere contar algo que, afirma, nadie se atreve a relatar. “Yo he pasado un calvario judicial difícil de creer, he sido cuestionada y criminalizada por quien se supone que debía protegerme. Si me preguntan quién me ha maltratado más y quién me lo ha hecho pasar peor, el agresor o la jueza, no sabría qué responder”.
La Audiencia Provincial de Madrid condenó el pasado mes de octubre a la expareja de Isabel por maltrato habitual y por una paliza que motivó la denuncia en abril de 2014. Sin embargo, la mujer ha estado inmersa en un largo proceso judicial en el que, además de víctima, fue imputada y después absuelta. Y es que el agresor la denunció a ella el mismo día asegurando que el agredido había sido él.
Eso a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial ha alertado de que los jueces deben identificar este tipo de denuncias cruzadas para evitar tratar como violencia mutua lo que es violencia machista.
“La justicia falla cuando culpa a un inocente, pero cuando criminaliza así a una víctima, es terrible”, prosigue Isabel. La mujer lucha ahora en los tribunales por rescindir el régimen de visitas que su hija de cinco años sigue manteniendo con el hombre condenado. “Me obligan a vivir con la horrible sensación de que me he salvado yo a costa de poner en riesgo a mi hija. No hay condena peor”.
Isabel detalla el cuestionamiento al que, dice, ha sido sometida, con la permanente sensación de no ser creída, a pesar de los informes presentados que acreditan el maltrato. Aún así, la Fiscalía equiparó también al agresor y a la víctima –a la que pedía diez meses de prisión– hasta el día del juicio, cuando retiró la acusación hacia ella. De hecho, la jueza impuso una orden de alejamiento mutua que duró todo el procedimiento. “Después de tanto agotamiento y tanta lucha pierdes la esperanza, a mi me ha llevado hasta el intento de suicidio porque no puedes más. Sientes una indefensión absoluta porque la justicia te expone al agresor. Vas a pedir ayuda, pero te dan una patada para hundirte más”.
“Me quitó a mis hijos por intentar protegerlos”
Lourdes (nombre ficticio) ha recuperado a sus dos hijos tras una larguísima batalla judicial. Una sentencia de abril de 2016 le devuelve la custodia que la justicia había entregado al padre en 2010 y da libertad a ambos para que elijan cuando ver al hombre sin establecer ningún régimen de visitas. Sin embargo, llevan sin verle desde entonces. La motivación del fallo radica en el “más que sabido rechazo que presentan hacia su padre y que ha quedado patente durante estos años”.
Siete son los que han hecho falta para que esta frase acabe impresa en una sentencia. Eso a pesar de las inumerables denuncias por malos tratos –que acabaron archivadas o en absolución– que Lourdes interpuso contra su exmarido, del que se divorció tras años de maltrato. “Al principio la custodia fue para mí y él tenía que ver a los niños en un punto de encuentro, pero ellos se negaban. Lo más lógico hubiera sido que alguien investigara por qué lo rechazaban, pero no fue así y determinaron que yo les estaba influyendo y tenían un síndrome de alienación parental (SAP)”.
El SAP no ha sido reconocido por los principales organismos científicos y el CGPJ lo tilda de teoría pseudo científica y lo desacredita. Pero en base a él, a Lourdes le prohibieron ver a los menores durante casi un año. El padre mantuvo la custodia a pesar de la batalla que había emprendido su madre, que incluso contaba con un informe de la psicóloga de un hospital público que acreditaba que los niños “le tienen realmente miedo a su padre”.
La situación se prolongó así hasta que intervino el Servicio de Menores al ser avisado por el colegio debido a la ansiedad y malestar que mostraban los menores, que pasaron una temporada en una casa de acogida. El Servicio de Menores incluso temía “que pudieran llegar a realizar algún acto grave contra sus vidas si se mantenía la situación”, dice la sentencia.
Tras ello, Lourdes, que lleva desde 2010 en terapia en el centro contra la violencia de género del municipio gallego en el que vive, recuperó la custodia. “No nos creían. Así que para nosotros no existió la justicia. Al contrario, cometieron la peor injusticia: quitarme a mis hijos por intentar protegerlos”.
“Me arrepiento de haber denunciado”
“Tanto 'denuncia' y tanto cartel...para esto”. A Gloria (nombre ficticio) su exmarido tampoco le puso nunca la mano encima. Quizás por eso, sostiene, le costó tanto reconocer que había sido maltratada durante 25 años de matrimonio. Fue su hijo mayor, ahora de 24 años, el que en febrero de 2015 se acercó al cuartel de la Guardia Civil para avisar de la situación que estaban viviendo en casa. “Siempre fue una persona de carácter muy complicado, pero llegó un momento en que empezaron los insultos y las amenazas”.
Dice que no encontró justicia y que denunciar, en vez de servir para protegerla, le ha producido un enorme desgaste físico y emocional “y un desamparo económico brutal porque trabajaba en una empresa que compartíamos”. Finalmente la sentencia fue absolutoria. “La jueza me preguntó si había tenido miedo por mi integridad física, le dije que no y me respondió que entonces no tenía que verme un forense. A mi hijo, que había impulsado la denuncia, ni siquiera le tomó declaración”.
Ahora Gloria acude periódicamente al punto de violencia del municipio madrileño en el que vive, donde está siendo tratada para recuperarse de la violencia. “Yo me arrepiento de haber denunciado porque no me sirvió de nada, es más, lo único que provocó es que él se creciera porque vio que su actitud no tenía consecuencias”.
“El sistema te falla, pero al menos lo has intentado”
Ruth sigue teniendo miedo aunque han pasado varios años. Por eso utiliza un nombre que no es el suyo y pide preservar su imagen. Denunció a su expareja en 2012, pero el régimen de visitas con el hijo que tienen en común hace mantener el temor. Cuenta cómo la jueza encargada de dictar la sentencia le cuestionó por su aspecto y recuerda algunas frases literales. “Me dijo cosas como que si yo había accedido a las peticiones de mi pareja por algo sería”.
La mujer contaba con un informe del equipo psicoscial del juzgado que la había evaluado y estaba siendo atendida por el Centro de la Mujer de su ciudad, pero finalmente la sentencia fue absolutoria. “Él salió reforzado y legitimado de los juzgados como si su comportamiento no hubiera tenido nada de malo. Yo sabía que en el procedimiento tenía que desenterrar todo y que sería desagradable, pero nunca pensé que la juzgada iba a ser yo, que cuestionarían más mi comportamiento que el de él”.
Ruth fue víctima de violencia psicológica durante varios años, pero denunció cuando consiguió grabar las amenazas. Sin embargo, sintió que para la justicia lo que ella había vivido no era suficiente, a pesar de que la policía que la atendió en comisaría le dijo que lo que ella iba a denunciar no era solo una simple amenaza, sino violencia de género. “Empecé a ser consciente de que algo no iba bien cuando intentaba romper con él y nunca lo conseguía. Él siempre me manipulaba para darle la vuelta a mis argumentos e invalidarlos. El control sobre mi vida se fue incrementando poco a poco, a medida que iba minando mi autoestima”.
Ruth no consiguió protección, pero tras el divorcio y el tratamiento psicológico es capaz de afirmar que ya ha cerrado el capítulo: “Aun así, hay que arriesgarse y denunciar. El maltratador tiene que ver que luchas. Que destapas todo, pides ayuda y denuncias. Que luego el sistema te falla, pero al menos lo has intentado”.