El 20 de marzo de 2018, eldiario.es inició una ronda de llamadas para recoger la versión de los implicados en el caso Máster. La información iba a ser publicada al día siguiente, el 21 de marzo, y se iba a titular “Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas”.
La estrategia para contrastar la información, tras consultar con el equipo legal ante la posibilidad de demandas contra el medio que luego se materializaron, fue iniciar una ronda de llamadas rápida y evitar así que los funcionarios de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que habían permitido el trato de favor y la falsificación se pudieran avisar entre sí para pactar una coartada. eldiario.es eligió llamar en primer lugar al que parecía el eslabón menos poderoso: la funcionaria de administración y servicios (ascendida recientemente a jefa de servicio) Amalia Calonge, la persona que entró con su clave de usuario en el sistema y cambió dos “no presentado” por dos “notable” en las notas de Cristina Cifuentes. Lo hizo en el año 2014, pese a que el máster había concluido en 2012, y sin que mediara ninguna nueva matrícula de la alumna.
La llamada se produjo a las 9.53 h de ese martes y duró 12 minutos. En ella, Calonge alegó que si cambió las notas sería porque se lo mandó un profesor, como siempre hace, pero aseguró no recordar nada en concreto de este caso. Tampoco quiso confirmar si era amiga de Cristina Cifuentes, con quien salía en su foto de perfil de WhatsApp.
La ronda de llamadas continuó esa mañana con el vicerrector de Posgrados (hoy cesado), el responsable de comunicación de la universidad (dejó el cargo) y el profesor Pablo Chico de la Cámara (sigue dando clase en la URJC).
Tal y como recoge la diligencia de la jueza Carmen Rodríguez Medel en la que procesa a Cifuentes, ese mismo día, Amalia Calonge, funcionaria de administración de la universidad pública, nada más recibir la llamada de eldiario.es dio el chivatazo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid: unos periodistas estaban investigando su posgrado.
Lo hizo a través de María Teresa Feito, que es la persona clave porque cubría todas las puertas del caso: amiga personal de Cifuentes, asesora de su Gobierno en la Consejería de Educación, profesora titular en la URJC y amiga personal de Enrique Álvarez Conde, el director del máster y del Instituto de Derecho Público. Según el auto judicial, recogiendo la declaración de Feito: “El propio 20 de marzo 2018, doña Amalia Calonge la llama a ella tras haber tenido noticias por un periodista del problema con el máster de Cifuentes. A juicio de esta instructora, es claro que desde la URJC la identifican como la persona que sirve de interlocución con la entonces Presidenta de la Comunidad de Madrid”.
Cuando eldiario.es hace la primera llamada a la jefa de Gabinete de Cifuentes, Marisa González, esta ya había recibido un aviso que pasó por alto. Feito había intentado hablar con ella dándole solo algunos detalles de lo que ocurre. González la despacha con la excusa de que está muy ocupada, pero le devuelve la llamada horas más tarde “muy nerviosa”, según relató la propia Feito ante la jueza. Le cuenta que han contactado con ella unos periodistas y preguntan por el máster de Cifuentes.
Hay cuatro llamadas entre González y eldiario.es ese día. La primera, a las 13.08, en la que se informa de que Cifuentes está ocupada (ha ido a declarar a la comisión de investigación del Congreso sobre la financiación del PP). Y en la segunda, que está comiendo en ese momento. La jefa de Gabinete emplaza a eldiario.es a hablar por la tarde para dar una explicación. Es en la llamada de las 17.21 cuando se informa de que están haciendo gestiones y se inicia una suerte de llamada a tres. González está al habla con la periodista y a la vez con María Teresa Feito en otro teléfono, a la que se le trasladan las preguntas de eldiario.es en directo y se la insta a recopilar toda la información y llamar a quien haya que llamar para aclarar por qué hay un cambio de notas en 2014.
Faltan 14 horas para la publicación y Feito, empleada pública en ese momento como asesora de la Consejería de Educación, está al tanto de la noticia, en contacto con la URJC para recabar información y trabajando ya para la coartada de Cifuentes, ya que según la jueza es la persona que “indiciariamente siguiendo instrucciones de doña C.C. [Cristina Cifuentes] con la finalidad de ocultar los hechos descritos” va a intentar justificar que “doña C.C. había cursado el máster con normalidad”.
Sin embargo, esa tarde anterior a la publicación, la presidenta opta por dar una explicación que al día siguiente se revelará falsa: la versión oficial en ese momento es que Cifuentes se dejó dos asignaturas para más adelante, por eso el cambio de notas en 2014. Al cierre de la noticia, esa noche del día 20 de marzo, la Universidad no aclara nada más allá de que van a hacer gestiones y no tienen información, los profesores contactados y funcionarios implicados tampoco han dado una explicación. El director del máster, entonces un desconocido Álvarez Conde, mantiene en ese momento que no recuerda quién es el tutor de Cifuentes (era él).
Es al día siguiente, 21 de marzo, con la publicación a las 6.50 de la mañana en eldiario.es, cuando se pone en marcha la operación para salvar a la presidenta desde la Comunidad de Madrid, según los indicios que recoge Medel en su resolución. Decenas de periodistas de medios nacionales llaman a Cifuentes y a la URJC insistentemente. El equipo de la presidenta no responde, algo anómalo ya que se caracteriza por ser una de las políticas más locuaces del PP. En la universidad no contestan porque hay un gabinete de crisis en el despacho del rector, que empieza a ver periodistas y unidades móviles llegar a su universidad. Ante la presión y una repercusión que él no se esperaba según confesó a la jueza, acaba por convocar una rueda de prensa pasada la 1 de la tarde de ese mismo día.
Feito, que tiene o al menos tenía una estrecha relación con Álvarez Conde, y que entonces trabaja para el gobierno de Cifuentes, se presenta en persona en la sede de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos, donde está el rectorado y el trasiego de gente saliendo y entrando del despacho de Ramos es permanente. Se está decidiendo qué hacer, qué decir y cómo decirlo. Con la excusa de que va a ver a un vicerrector (que ha negado ante la jueza que estuviera citada con él) entra en escena la asesora Feito. Allí, no se sabe si en persona o por teléfono, la asesora y profesora enviada por Cifuentes, según los indicios de la jueza, “instó a Álvarez Conde a que creara, o diera instrucciones para crear, los documentos”.
Es la mañana del miércoles 21 de marzo, y el catedrático traslada a su “discípula” Cecilia Rosado el encargo. Mientas tanto, tanto él como el profesor Pablo Chico de la Cámara cuentan al rector que ha sido todo por un “error”, una versión sin confirmar que el rector asume y difunde en su comparecencia ante los medios.
Para apuntalar que todo es correcto, Rosado está trabajando mientras en el acta falsa, como le ha indicado su mentor: “Inventándose la fecha, el título y la composición del tribunal”, dice el escrito de Rodríguez Medel. Esta profesora contratada evidenció en sede judicial que contravenir las órdenes de Álvarez Conde, “con control absoluto sobre el máster” tenía “consecuencias nefastas”, según la jueza.
Habla con las otras dos profesoras, Alicia López de los Mozos y Clara Souto, y firma por ellas el acta fraudulenta. Pero Feito no solo instó al catedrático a dar coartada a Cifuentes, sino que llamó a la profesora Rosado durante toda la mañana, como esta última contó a la jueza: “Recibo un whatsapp que dice 'soy Maite Feito, este es mi número', y a partir de ahí empieza a llamarme sin parar”. Feito también llama a Calonge de nuevo y tiene contacto con Pablo Chico de la Cámara, que le envía un correo que difundirá también por la noche Cifuentes como parte de su defensa. Es el correo de 2014 en el que el docente pide a Calonge el cambio de nota. Es decir, Feito está en contacto con todos los implicados.
La crisis sigue esa mañana en el despacho del rector, a quien le están dando consejos sobre cómo explicarse y cómo mover las manos, y Feito sigue llamando insistentemente a la profesora Cecilia Rosado: “Para la elaboración del acta falsa y también para que redactara el trabajo en sí, a lo que doña Cecilia se negó, instándole entonces doña Teresa a que le facilitara la bibliografía necesaria para hacerlo por otros medios”. Es decir, según el relato de la jueza instructora el trabajo de Cifuentes no se perdió en ninguna mudanza, sino que se intentó fabricar el mismo día en que se publicó la noticia. Tras esa conversación es cuando Feito amenaza a Rosado, según relata esta: “Me dijo que si no entregábamos el acta Cifuentes nos iba a matar”.
Pasada la una del mediodía, comparece ante los medios el rector Javier Ramos junto a Álvarez Conde y Chico de la Cámara para avalar la coartada de la presidenta. Antes de salir, hace firmar a los dos catedráticos con los que va a sentarse un documento que recoge la versión que le han dado y que durante la instrucción se ha demostrado falsa. Mientras, sigue la fabricación de las pruebas para intentar cubrir a la ilustre alumna.
A las cinco de la tarde, la profesora Rosado envía el documento falsificado al rector, según relata en sede judicial, pero no a Teresa Feito, aunque esta se lo pide. Aquí llega uno de los misterios del proceso. A las 17.36, ese documento se envía desde el mail oficial de la secretaría del rector a la Comunidad de Madrid, para que Cifuentes pueda usarlo como prueba.
Pese a que el rector da por bueno el proceso, veinte minutos después de mandar el mail con el acta, a las 17.55, ordena abrir una investigación interna sobre todo el caso máster, expediente universitario que no ha visto la luz y que fue paralizado, según justificó la URJC entonces, porque se puso en marcha la investigación judicial.
A las ocho y pico de la tarde, 14 horas después de la publicación de la noticia, todos los medios españoles reciben un correo de Cifuentes con cinco documentos, entre ellos el acta con las firmas falsificadas y el correo de Pablo Chico de la Cámara. Fueron el salvavidas mediático de la presidenta durante unos días, y el que exhibió en un vídeo colgado en redes sociales como prueba de que había defendido su trabajo fin de máster en el que “por cierto, saqué un notable”, presume en el vídeo, pese a que sabía que el 2 de julio de 2012 nunca estuvo allí ni hizo ninguna exposición pública de su trabajo como obliga la normativa y como ahora sospecha la jueza, según la resolución dictada este miércoles.
Catorce días después de ese vídeo viral, El Confidencial publicó que las firmas del acta eran falsas. Al día siguiente, la profesora Alicia López de los Mozos confesó ante la inspección de servicios de la URJC que todo fue una farsa, que nunca se constituyó ningún tribunal ni se evaluó a la alumna Cristina Cifuentes Cuencas, desmontando así una coartada instigada, según recoge la jueza en su auto, desde la sede de la Comunidad de Madrid y fabricada dentro de una universidad pública con la finalidad de tapar una crisis que acabó 35 días más tarde con la dimisión de la presidenta.
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