El hospital público Ramón y Cajal, cuarto centro más grande de la Comunidad de Madrid, catalogado de alta complejidad y con 13 unidades de referencia nacional decretadas por el Ministerio de Sanidad, echó mano de diversos trucos para adjudicar a dedo cien millones de euros al menos en 2012, durante la presidencia de Esperanza Aguirre. Incluyó desde la derivación de pruebas y tratamientos a clínicas privadas a la compra de fármacos y las obras del edificio, según plasmó la Intervención regional en un documento revisado por eldiario.es.
Para distribuir los fondos a voluntad, la dirección del hospital catalogaba esos gastos como contrato menor, lo que permite adjudicar “directamente a cualquier empresario” sin pasar por concurso o competición. Pero esta modalidad impone por ley un límite de dinero (50.000 euros para obras, y 18.000 para suministros).
Así que o se elegían a dedo proveedores cuando, por el importe del gasto, no se podía o “se han producido fraccionamientos con el fin de eludir los requisitos de publicidad establecidos por la ley”, recogen los auditores. Es decir: se trocea el encargo total en varios contratos menores.
Con esta técnica se asignaron todo tipo de compras y servicios con dinero público. La partida más grande fue en aquel ejercicio la de material sanitario y productos farmacéuticos: 89,9 millones de euros de los que 86,4 “incumplen la normativa vigente”.
Algunas de estas adquisiciones llamaron la atención de los fiscalizadores por su cuantía a pesar de hacerse a dedo: Abbot Laboratorios 6,5 millones de euros, Bristol-Myers 2,6 millones, Janssen 2,7 millones, Merck-Sharp 4,6, Pfizer 2,7, Novartis, Roche 3 millones o Glaxosmithkline 1,05 millones de euros.
Uno de los puntos que recomienda más adelante la Intervención en los casos de diversos fármacos distribuidos en exclusiva por un laboratorio es que el hospital justifique adecuadamente “la conveniencia de adquirir ese producto y no otro equivalente.”
De igual manera, los acuerdos para la derivación a clínicas privadas para diagnósticos o tratamientos o la hemodiálisis sumaron más de cuatro millones de euros de los que gran parte fueron “adjudicaciones irregulares”. De hecho, el análisis afea que muchas veces se produjeran “prórrogas tácitas” de conciertos u “otras formas de adjudicación no definidas”. También indica que no se acreditaba que, previamente, se hubieran utilizado de forma óptima los recursos del Ramón y Cajal.
Una dinámica muy similar se daba a la hora de acometer obras en el edificio del hospital. Y, a tenor de los comentarios de los interventores, era una práctica que se arrastraba en el tiempo ya que indica el informe: “Se sigue realizando fraccionamiento del objeto del contrato en bastantes obras”.
Algún ejemplo de estos fraccionamientos: una obra para la unidad de resonancia magnética de 81.000 euros se adjudica con dos expedientes de 34.000 y 47.000 cada uno a la misma contratista. O la instalación eléctrica en la undécima planta supuso cinco contratos menores para sumar 252.000 euros y un solo beneficiario.
Contratos temporales sucesivos para cubrir el servicio
En 2012, el hospital gestionaba 1.118 camas y 44 quirófanos. Atendió 32.000 ingresos y realizó 11.000 intervenciones programadas y otras 3.000 urgentes, según su memoria de actividades. Se pasaron 963.000 consultas especializadas. Sin embargo, el análisis interno consideró que “la plantilla autorizada está por debajo de las necesidades estructurales del centro”.
Así que para atender a la población se debía echar mano de las contrataciones temporales y sucesivas (más de un tercio de los trabajadores). Se daban de esta manera “contratos eventuales de forma sucesiva con la misma persona y por los mismos motivos”. Esta técnica se usaba para “dar cobertura mediante nombramientos eventuales de puestos de plantilla”. Haría falta más personal estructural.
En este sentido, el informe ilustra cómo se utilizaron a los médicos todavía en formación, los MIR, para salvar el servicio de las guardias localizadas. Esto significa que el médico está fuera del hospital con un teléfono para ser llamado en caso de necesidad. Lo que dice la intervención es que su contrato de formación no puede utilizarse para solventar una “eventual, previsible o prevista carencia asistencial”. Esa labor debe estar satisfecha con los médicos de plantilla, dicen los interventores.