“Los obispos, los curas, no debemos indicar el voto, eso es clericalismo”. El portavoz de la Conferencia Episcopal (CEE), César García Magán, echó por tierra décadas de estrategia calculada de la Iglesia católica española siempre que se convocaban elecciones. Nada de notas episcopales, ni siquiera de recomendaciones en los púlpitos.
“La Iglesia no tiene un partido político. No hay un partido político que sea el partido de la Iglesia, lo confirmo y lo reafirmo (…). Esperamos que nadie utilice a la Iglesia como moneda de cambio o arma arrojadiza en los debates políticos”, explicó el secretario general de la CEE, confirmando que “no se va a decir nada” ante este convulso año electoral en España.
Con todo, el portavoz de los obispos no pudo escapar a preguntas ‘políticas’, sobre la exhumación de Primo de Rivera, la sentencia del TC contra los colegios que separan a los alumnos por sexo o la maternidad subrogada.
Sobre este último tema los obispos han emitido una dura nota en la que la califican como “una nueva forma de explotación de la mujer”, que “queda reducida a un simple instrumento, ”un útero a disposición del contratante“, ”abriendo el camino a la explotación y a la comercialización de la persona humana“, con un ”contrato que se culmina con la entrega del niño“. Se aleja así de la posición del Partido Popular, que ante la polémica generada por el caso Obregón, se mostró abierto a legalizar los vientres de alquiler siempre que no tengan ”interés mercantil“. La nueva Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos señala esta práctica como ”una forma de violencia contra las mujeres“, como ha recordado la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Sobre el fundador de la Falange, el obispo auxiliar de Toledo señaló que “nosotros no tenemos nada que decir. Los restos de una persona pertenecen a su familia, y es la familia la que decide dónde enterrar a sus difuntos”. Tampoco quiso entrar el portavoz episcopal en la futura expulsión de los benedictinos de Cuelgamuros, prevista en la ley de Memoria Democrática, apuntando que “la CEE no tiene nada que decir, es un tema de la competencia de la Archidiócesis de Madrid, y no me voy a meter en su jurisdicción”.
Respecto a la sentencia del TC acerca de la ley Celaá, en lo referente al fin de la subvención a los centros que segregan por sexos –muchos vinculados al Opus Dei y que reciben millones de euros en conciertos–, el obispo recalcó que “las sentencias hay que acatarlas, aunque algunas no se compartan”, y volvió a reiterar su defensa del “derecho fundamental de los padres, que es que quien tiene el derecho y el deber de educar a sus hijos”.
Toda la información en www.religiondigital.org