La Iglesia católica dice sentir la crisis económica en sus cuentas. Añadida a la crisis vocacional, su parte financiera también acusa la caída de su imagen. La gestión demasiado opaca del dinero que recibe y los privilegios como la exención del IBI o las inmatriculaciones que ningún Gobierno –independientemente del color político– se ha atrevido a derogar ya no pasan por alto. Por cuarto año consecutivo, los obispos constatan que cae el dinero que ingresan mediante la X en la declaración de la renta. ¿Solución? Por primera vez consentirán que una auditora externa, realizada por Price Waterhouse, revise sus cuentas en busca de mejorar su transparencia económica.
La Iglesia católica pierde dinero. Por cuarto año consecutivo, y según sus propios datos, el número de contribuyentes que marcan la X a favor de la Iglesia en su declaración de la renta disminuye. En 2013 les reportó 247 millones frente a los 249 del año anterior. A los obispos no les queda más remedio que apostar por la transparencia para revertir el flujo de efectivo. ¿Deseada o impuesta?
Lo cierto es que los escándalos económicos y financieros –desde Gescartera hasta la aparición de alguna congregación religiosa en la lista Falciani, sin olvidar la situación de bancarrota técnica de algunas diócesis, como la de Granada– han llevado a los responsables de la gestión económica del Episcopado español a anunciar “un plan de transparencia” en sus cuentas que implica, entre otras cosas –y por primera vez en la historia–, auditorias externas tanto a la Conferencia Episcopal como a varias diócesis (de momento, únicamente nueve de las 70 existentes en España).
Lo anunció el gerente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, quien incidió en que se trata de “un plan piloto que implica la realización de diez auditorías de cuentas y procesos de gestión para valorar la situación de la contabilidad de la Iglesia”.
“Queremos implantar nuevos sistemas de gestión”, subrayó Barriocanal: “Es un paso más en la transparencia y el compromiso de la Iglesia para mostrar su gratitud a los que colaboran en su sostenimiento”. Porque “nos equivocamos muchas veces, pero tratamos de acertar y contar a la gente lo que hacemos con el dinero que dan a la Iglesia y a la sociedad en su conjunto”. “La transparencia es una nueva forma de evangelizar”, remató.
“Continúa siendo indispensable”, apuntó, señalando que los 247 millones del IRPF son aproximadamente el 25% de los fondos que necesita la Iglesia. “La decisión personal de los contribuyentes a la hora de marcar la casilla seguirá siendo fundamental. Pueden hacerlo o bien solo para la Iglesia católica, o bien conjuntamente para la Iglesia católica y para los llamados ”otros fines sociales“ (excepto en Guipúzcoa). Ninguna de las dos opciones significa que el contribuyente vaya a tener que pagar más ni que le vayan a devolver menos”, precisó el gerente.
Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia, a la cabeza
Las cifras se han estancado este año. Así, mientras que el porcentaje aumenta ligeramente (pasa del 35,01 al 35,2%), la cantidad recibida disminuye (247 millones frente a los 249 del ejercicio anterior), y también lo hace el número total de declarantes (7,268 millones ante los 7,339 del ejercicio 2013). Los datos apuntan que las comunidades donde más dinero se asigna son Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia, en tanto que donde más se marca la casilla de la Iglesia son Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y La Rioja.
“Aunque se trata de un incremento pequeño, este dato es positivo si se tiene en cuenta que, como consecuencia de la crisis, se ha producido una reducción importante de la renta declarada en España, con una disminución tanto en el número de declaraciones presentadas como en la cantidad total de dinero recaudado”, señaló el gerente del Episcopado. ¿Ha tocado techo el porcentaje? Eso parece.
Al tiempo, Fernando Giménez anunció la creación de un “portal de transparencia” que permita “ser un modelo para las diócesis españolas, con independencia de los requisitos legales que pueda establecer la Ley de Transparencia”. Será un “proceso lento pero necesario”, apuntó el gerente del Episcopado, que anunció la creación de “un manual de buenas prácticas”, especialmente respecto a dónde invertir y dónde no; los protocolos que rijan los sistemas de compra y cobro; un manual de obras (nuevos templos y rehabilitación); y un protocolo de contratación de personal, “dadas las peculiaridades concretas” de las personas que trabajan para la Iglesia.
Se establecerán también modelos contables y se elaborará un software de gestión, “lo más sencillo posible”, para que cualquier párroco pueda llevar sus cuentas con la mayor transparencia. A la vez, la Iglesia española estudia una plataforma única para hacer donativos online. Un trabajo que está en fase de diseño y que podría suponer una gran cantidad de dinero en las arcas de la Iglesia.
240 euros por ciudadano y año
Pese a todo, y refiriéndose a polémicas como el pago del IBI, Barriocanal quiso asegurar que “la Iglesia tiene exactamente el mismo régimen fiscal que una fundación, un club deportivo o cualquier confesión religiosa que tiene acuerdo con el Estado”, al tiempo que criticó a los que quieren “dar la vuelta” a la financiación de la Iglesia. “A día de hoy, nuestro régimen no deriva de los acuerdos Iglesia-Estado”.
Respecto a la modificación de la Ley Hipotecaria que impedirá las inmatriculaciones a favor de la Iglesia, Barriocanal volvió a recordar que hasta 1998 “la Iglesia no podía inmatricular los bienes que desde hace siglos eran suyos”. En este punto aclaró que “tal vez hubiera sido necesario un periodo de transición, pero la medida no nos ha parecido mal. La Iglesia no está peleada ni disgustada con el legislador por eso”.
Con todo, algunos expertos cifran en 11.000 millones de euros la cantidad que la Iglesia católica recibe anualmente del Estado, según ha contado la organización Europa Laica. Unos 240 euros por ciudadano/año, de acuerdo con los datos de esta organización.