Política e Iglesia: “Los católicos estamos absolutamente obligados a objetar” ante el aborto y la eutanasia, frutos de unas leyes que no respetan la libertad religiosa y de conciencia y que se basan “en ideologías que no reconocen la naturaleza del ser humano que le ha sido dada en la creación, y que debe ser la fuente de toda moralidad”.
Estas son las claves de la 'nota doctrinal' publicada este mediodía por la Conferencia Episcopal y en la que consagran el derecho a una “objeción de conciencia institucional”, al tiempo que recuerdan a los políticos católicos que “no pueden promover positivamente leyes que cuestionen el valor de la vida humana, ni apoyar con su voto propuestas que hayan sido presentadas por otros”
Avisos
La nota arranca con un ‘aviso a navegantes’: “La libertad no se puede separar de los otros derechos humanos, que son universales e inviolables”, que “requieren ser tutelados en su conjunto”. El primero de los derechos fundamentales es “el derecho a la vida desde su concepción hasta su conclusión natural”, que “condiciona el ejercicio de cualquier otro derecho y comporta, en particular, la ilicitud de toda forma de aborto provocado y de eutanasia”, apunta el documento, que también consagra como fundamental el derecho a la libertad religiosa, como “una defensa frente a las tentaciones totalitarias y a la tendencia que los poderes públicos tienen a invadir la vida de las personas en todos los ámbitos”.
Individualismo sin límites éticos
Y es que, para la Iglesia española, “en las últimas décadas se está imponiendo una nueva visión de los derechos humanos”, caracterizado por “un individualismo que no quiere aceptar ningún límite ético” y que ha conducido al reconocimiento de algunos derechos que los obispos no aceptan como tal.
“Recientemente hemos asistido en nuestro país a la aprobación de la ley que permite la práctica de la eutanasia y la considera como un derecho de la persona”, apunta la nota, que considera esta norma “un paso más en el conjunto de leyes que conducen a que la vida humana quede gravemente desprotegida”. Al tiempo, los obispos también critican las leyes de igualdad y contra el odio que, en su opinión, “se inspiran en principios antropológicos que absolutizan la voluntad humana, o en ideologías que no reconocen la naturaleza del ser humano que le ha sido dada en la creación, y que debe ser la fuente de toda moralidad”.
“En estas leyes se promueve, además, la imposición de estos principios en los planes educativos, y se restringe el derecho a la objeción de conciencia tanto de las personas como de las instituciones educativas, sanitarias o de asistencia social, con lo que se limita el ejercicio de la libertad”, denuncian.
“Actualmente tenemos la sensación de que se ”toleran“ algunos derechos humanos como si se tratara de una concesión ”graciosa“, de que se recortan progresivamente, y de que se promueven valores contrarios a las convicciones religiosas de amplios grupos de la sociedad”, lamenta la Conferencia Episcopal, quien reclama una toma de postura “unitaria” por parte de los católicos “para tutelar el propio derecho a la objeción de conciencia en los contextos legislativos que prevén la eutanasia y el suicidio”.
“La libertad no puede ser entendida como un derecho a actuar al margen de toda exigencia moral”, añade la nota, que insiste en que “vivimos inmersos en una cultura que no valora lo religioso como un factor positivo para el desarrollo de las personas y las sociedades”.
Actuar según “la Verdad”
Porque, añaden, “el principio que está en la base de muchas leyes que se aprueban es que todos debemos vivir como si Dios no existiese. Se tiende a minusvalorar lo religioso, a reducirlo a algo meramente privado y a negar la relevancia pública de la fe. Esto lleva a considerar la libertad religiosa como un derecho secundario”, que se reduce “a una tolerancia o libertad de culto”. Algo inadmisible para los obispos, que reivindican “el reconocimiento positivo del derecho de toda persona a ordenar las propias acciones y las propias decisiones morales según la Verdad”.
En este punto, la Iglesia apunta de la necesidad de “actuar según la propia conciencia”, como “la prueba má grande de una libertad madura” en la sociedad. Eso sí: una conciencia formada, porque de lo contrario, “el hombre está sometido a influencias del ambiente cultural en que vive, a presiones que le vienen desde el exterior y a sus propios deseos. Todo esto puede llegar a oscurecer sus juicios morales e inducir al error a causa de la ignorancia”.
Frente a esto, “los poderes públicos han de respetar la autonomía de las personas”, porque “cuando el poder se sirve de los medios de los que dispone para difundir una determinada concepción del ser humano o de la vida, se está extralimitando en sus funciones”.
No a los registros de objetores
Por ello, “la objeción de conciencia supone que una persona antepone el dictado de su propia conciencia a lo ordenado o permitido por las leyes”. “Esto no justifica cualquier desobediencia a las normas promulgadas por las autoridades legítimas”, pero sí quieren dejar claro que “el Estado no debe restringirlo o minimizarlo con el pretexto de garantizar el acceso de las personas a ciertas prácticas reconocidas legalmente, y presentarlo como un atentado contra ‘los derechos’ de los demás”.
Para los obispos españoles, “una justa regulación de la objeción de conciencia exige que se garantice que aquellos que recurren a ella no serán objeto de discriminación social o laboral”. Por ello, consideran que “la elaboración de un registro de objetores a determinados actos permitidos por la ley atenta contra el derecho de todo ciudadano a no ser obligado a declarar sobre sus propias convicciones religiosas o ideológicas”.
Así las cosas, indica la nota doctrinal, “el cristiano no debe prestar la colaboración, ni siquiera formal, a aquellas prácticas que, aun siendo admitidas por la legislación civil, están en contraste con la ley de Dios”. Más aún: “ante las leyes que legitiman la eutanasia o el suicidio asistido, se debe negar siempre cualquier cooperación formal o material inmediata”.
Niegan legitimidad
Y es que, sostiene la Conferencia Episcopal, “los católicos estamos absolutamente obligados a objetar en aquellas acciones que, estando aprobadas por las leyes, tengan como consecuencia la eliminación de una vida humana en su comienzo o en su término”, porque “el aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Leyes de este tipo no solo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que, por el contrario, establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia”.
Una obligación que implica, especialmente, a “los católicos que tienen responsabilidades en instituciones del Estado” que “con frecuencia se ven sometidos a conflictos de conciencia ante iniciativas legislativas que contradicen principios morales básicos”.
Estos políticos “no pueden promover positivamente leyes que cuestionen el valor de la vida humana, ni apoyar con su voto propuestas que hayan sido presentadas por otros”. “Es legítima, por tanto, la objeción de conciencia institucional a aquellas leyes que contradicen su ideario. El Estado tiene el deber de reconocer este derecho”.
Y más allá: “las instituciones sanitarias católicas (…) no se deben plegar a las fuertes presiones políticas y económicas que les inducen a aceptar la práctica del aborto o de la eutanasia”, así como “tampoco es éticamente aceptable una colaboración institucional con otras estructuras hospitalarias hacia las que orientar y dirigir a las personas que piden la eutanasia”.
“Semejantes elecciones no pueden ser moralmente admitidas ni apoyadas en su realización concreta, aunque sean legalmente posibles. Esto supondría una colaboración con el mal”, señalan los obispos, que culminan su nota denunciando que vivimos en una sociedad donde “estamos asistiendo a la difusión de antropologías contrarias a la visión cristiana del hombre, de la sexualidad, del matrimonio y de la familia, que tiene como consecuencia la normalización de ciertos comportamientos morales opuestos a las exigencias de la ley de Dios”.
“Frecuentemente estas ideologías son promovidas por los poderes públicos y se impone su difusión en centros educativos mediante leyes que tienen un carácter coercitivo”, relata el documento, que insiste en que “dado que la libertad religiosa y de conciencia es un derecho fundamental, los católicos tienen el deber de oponerse a la imposición de estas ideologías”.
“Los valores que se están generalizando en nuestra cultura y las leyes que se están aprobando en nuestras sociedades occidentales sitúan a los creyentes ante problemas difíciles de conciencia. Frecuentemente nos encontramos ante opciones dolorosas, que exigen sacrificios en la vida profesional e incluso en la vida familiar”, culmina el documento, una enmienda a la totalidad a la legislación social del actual gobierno.
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