La Iglesia da por hecho que el Tribunal Supremo permitirá la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, pero que la familia del dictador podrá llevar los restos donde estime oportuno, según ha sabido eldiario.es de fuentes eclesiales. El único lugar que, hasta el momento, han aceptado los descendientes ha sido el nicho propiedad de la familia en la cripta de la catedral de La Almudena.
La Iglesia de Madrid tiene un problema con Franco. Sus restos reposan en el Valle de los Caídos, en una tumba monumental que goza de la inviolabilidad de los Acuerdos Iglesia-Estado, y con una comunidad benedictina, encabezada por su prior, el candidato por las listas de Falange Santiago Cantera, dispuesta a defender, con uñas y dientes, la lápida de Franco, sin hacer caso a las llamadas al diálogo del cardenal Osoro.
Este problema va camino de acrecentarse, ya que la institución asume a estas alturas que la sentencia del Tribunal Supremo será a favor de la exhumación de los restos del dictador, pero también del derecho de sus nietos a enterrar a Franco donde ellos quieran. La sepultura familiar en La Almudena está a pocos pasos del Palacio Real (anteriormente conocido como de Oriente y centro de exaltación franquista) y justo debajo del lugar en el que, cada domingo, preside la Eucaristía del domingo el cardenal de Madrid.
¿Por qué asume la Iglesia que el destino final de la momia se encamina hacia el templo episcopal en la capital madrileña? La razón es que, en los sucesivos recursos a la decisión del Gobierno de sacar a Franco del Valle, la familia Franco anunciaba que sólo aceptarían su salida de Cuelgamuros si se le inhumaba en la cripta de La Almudena, junto a su hija Carmen y su marido, el marqués de Villaverde. En ningún caso al cementerio de Mingorrubio, donde descansa Carmen Polo, la mujer del dictador, y el destino elegido por el Ejecutivo socialista.
En ese punto, la Iglesia “no podría hacer nada”, confirman fuentes eclesiales a eldiario.es. “La tumba es propiedad de la familia, y si el Supremo les concede a ellos potestad para elegir el lugar de inhumación, nosotros no tenemos nada que decir”, admiten, no sin cierta preocupación, sabedores de que, en ese caso, se correría el riesgo de convertir la cripta de La Almudena en un lugar de peregrinación de nostálgicos del franquismo.
Dispositivo de seguridad
La diócesis madrileña se vería obligada a disponer un sistema de seguridad para asegurar que la cripta continuara siendo un lugar de culto y oración –como ya adelantó este diario–. Así, como sucede en la basílica de San Pedro, se impediría el acceso con indumentarias o insignias de claro corte político, así como la prohibición de todo tipo de concentración política o que incluyera loas al dictador. No obstante, se asume que es imposible evitar que se produzcan actos de este tipo.
Oficialmente, el Arzobispado de Madrid, así como la Conferencia Episcopal, no se pronuncian sobre el tema, y continúan llamando al diálogo entre Gobierno y familia, y al respeto de las resoluciones judiciales. Ello no evita recordar que, el pasado mes de diciembre, la Delegación del Gobierno en Madrid emitió un informe en el que desaconsejaba la inhumación de Franco en La Almudena, aduciendo razones de seguridad y de orden público.
En concreto, el informe alegaba que esos problemas obligarían a la Delegación a actuar para preservar la seguridad, actuaciones que, paradójicamente, provocarían una “limitación significativa” de derechos fundamentales, y en concreto los de integridad física y moral, libertad religiosa, libertad y seguridad y manifestación y reunión.
La Delegación del Gobierno señalaba que la cripta de La Almudena no podría absorber el elevado volumen de visitas que atraería la sepultura, incrementado por su carácter céntrico y bien comunicado, y que se sumaría a la presencia habitual de turistas en la zona.
Del mismo modo, también se darían problemas para la lucha antiterrorista, puesto que se trata de un lugar emblemático y cercano al Palacio Real o la Plaza Mayor, y avisa de un posible colapso circulatorio y de movilidad en el entorno, con el consiguiente riesgo para los servicios esenciales y la seguridad ciudadana.
Además, sostiene que el enterramiento en ese lugar podría generar problemas de conflictividad social, por “espolear a la extrema derecha”, ofendiendo así a sus víctimas y parte de la sociedad, y generar altercados, enfrentamientos y concentraciones no autorizadas.
Por todo ello, alega que pueden verse vulnerados los derechos de quienes deseen visitar la sepultura, de quienes acudan a la Catedral por motivos turísticos y religiosos y de todos los que caminen por el entorno.
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