El Ministerio de Igualdad quiere reformar la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 para hacer permanente el Pacto de Estado que las Cortes aprobaron en 2017 y que caduca el año que viene. El departamento dirigido por Irene Montero ha iniciado este lunes el proceso y ha sacado a consulta pública el proyecto con el que quiere cumplir dos objetivos: además de blindar el acuerdo “que facilite que continúe gobierne quien gobierne”, explican fuentes de Igualdad, se prevé ampliar el objeto para abarcar “otras manifestaciones de la violencia machista” más allá de la pareja o expareja, en línea con el Convenio de Estambul.
La vigencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género termina el próximo septiembre de 2022 y entonces finaliza su compromiso económico asociado. La idea del Ministerio es “garantizar que siempre en los Presupuestos Generales del Estado haya una partida suficiente destinada a la lucha contra la violencia machista” y, según explica en la consulta pública, establecer “una estructura organizativa con personal especializado” que incluya a la administración central, autonómica y local para mejorar la coordinación.
El texto reconoce que el pacto “supuso un hito clave” que no obtuvo ningún voto en contra en el Congreso y el Senado -solo Unidas Podemos se abstuvo por considerarlo insuficiente-. La idea del ministerio es abordar el proyecto en el seno del Gobierno a través de una reforma “muy específica” con el objetivo de “blindar su permanencia” y que se constituya “como una exhortación atemporal a las administraciones públicas” para que continúe vertebrando la respuesta de nuestro país contra la violencia machista“. Aún así, posteriormente el proyecto tendrá que someterse al Congreso y al Senado en un momento de auge de los discursos negacionistas.
La reforma de la ley también persigue adaptar la norma al Convenio de Estambul para abordar otros tipos de violencia machista más allá de la pareja o expareja y “asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales en esta materia”, asegura la consulta pública sin concretar si esto implica que se extenderá a otras víctimas el mismo marco de ayudas, asistencia y protección que contempla la norma.
Con este mismo objetivo está en marcha la adaptación de los servicios de atención a mujeres: el teléfono 016 ya lo ha hecho, mientras que Igualdad está ultimando la ampliación del Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de la violencia de género (Atenpro) y las conocidas como “pulseras” de control a hombres acusados de maltrato.