El grupo de científicos de alto nivel que ha pedido al Gobierno una evaluación independiente y urgente de la gestión central y autonómica de la pandemia de COVID-19 se ha reunido este jueves con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por primera vez. Fue el pasado 7 de agosto cuando publicaron su primera carta en la revista británica The Lancet, y tras varios contactos con el Ministerio, se les citó para este 1 de octubre. Del encuentro, una primera toma de contacto, ha salido otro emplazamiento, para dentro de entre dos y tres semanas, confirman algunos asistentes a elDiario.es. El resultado por ahora es positivo, ya que “la actitud del ministro era muy abierta”, y “se ha comprometido” a ese próximo encuentro, es decir, “ya no hablaba de irnos al final de la pandemia sino al presente”. “Esperanzadora”, la describen algunos de los asistentes. Fuentes del Ministerio también la califican con “saldo positivo”.
La reunión ha sido por videoconferencia y han participado en ella los especialistas Joan Carles March, Alberto García-Basteiro, Margarita del Val, Manuel Franco, Helena Legido-Quigley e Ildefonso Hernández. Tanto en la firma de la primera carta del 7 de agosto como en una segunda que enviaron el 22 de septiembre detallando cómo debería ser ese examen les acompañaban Carlos Álvarez-Dardet, Álex Arenas, Rafael Bengoa, Carme Borrell, Montse Gea-Sánchez, Juan Jesús Gestal Otero, Beatriz González López Valcárcel, José M. Martín-Moreno, Clara Menéndez, Sergio Minué, Carles Muntaner, Miquel Porta, Daniel Prieto-Alhambra y Carmen Vives-Cases. Luego sumaron su apoyo entidades como Médicos del Mundo y la Sociedad Española de Salud Pública. Por parte del Ministerio, ha estado presente en la conferencia el ministro y la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.
En esa segunda carta enviada defendían que ha llegado el momento de definir cómo ha de ser el examen “en términos de tiempos, alcance y liderazgo”. En esta primera reunión no se ha llegado a tanto detalle, pero sí se ha acordado que en la próxima reunión el grupo de científicos presentará un documento –en el que ya trabajan– con una propuesta de ejecución en firme para el Ministerio. Será decisión del ministro, si finalmente se lleva a cabo la evaluación, adoptarla, modificarla, o presentar otro modelo. También se han puesto los mimbres sobre el fondo, el que han sostenido en sus dos manifiestos: “No queremos buscar culpables, tiene que haber respeto por el trabajo hecho, y confianza mutua”, explica Joan Carles March.
March, profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública, añade que una de las propuestas de ejecución que se han puesto encima de la mesa, por parte de ellos, es que “se elija a una persona que reúna las características, independiente y experta, que puede ser nacional o internacional, y que a su vez esa persona de confianza seleccione a un equipo”. Pero es solo una fórmula posible: se ha comentado también la guía que los profesores Martin McKee y Mike Gill presentaron en mayo para el Reino Unido con el mismo objetivo, o la que prepara la OMS a nivel mundial. Han repetido en ocasiones que no tienen por qué ser los responsables ellos mismos, sino que pueden ser expertos externos.
El grupo de expertos pide que todos los gestores se sometan a la auditoría, autonómicos y centrales. Lo que les ha expuesto el Ministerio es que quieren buscar consensos con las comunidades para que haya participación y autorización de todas, que salgan de Consejo Interterritorial. Y se les ha puesto de ejemplo de trabajo el estudio de seroprevalencia del Instituto de Salud Carlos III, que contó con el beneplácito de todas las consejerías y que acabó teniendo reconocimiento internacional –España es el país que tiene una investigación más completa sobre el tema–. También que se quede como “legado” de esta legislatura, es decir, que a partir de este proceso se sistematice un procedimiento de evaluación de crisis al que se puede recurrir, igual que de mucho de lo aprendido durante la pandemia de gripe A se quedó la Ley de Salud Pública de 2011. “A nosotros también nos parece fundamental. Que sirva de modelo de análisis y de refuerzo de los técnicos”, especifica March.
Hace solo una semana, en entrevista con elDiario.es, el ministro Salvador Illa se mostraba a favor de realizar una auditoría pero se inclinaba por dejarlo para un futuro: “Cuando veamos, que va a llegar el día, que hemos derrotado al virus, que será cuando tengamos una vacuna eficaz y se la hayamos podido administrar a la gente, haremos las evaluaciones y veremos lo que hay que hacer. Y nos plantearemos todos cómo podemos mejorar los sistemas de nuestro país para combatir pandemias”. La respuesta que han encontrado este jueves, sin embargo, ha sido algo distinta, con la idea de comenzar ya a trabajar. “Y valoramos que haya sacado una hora para recibirnos tras un día como el de ayer”, en referencia al Consejo Interterritorial en el que se se aprobó sin mayoría la orden que fija cerrar las ciudades con alta incidencia de COVID-19.
“La COVID-19 ha golpeado fuertemente a España, con más de 300.000 contagios, 28.498 muertes confirmadas, y un exceso de alrededor de 44.000 muertes, a 4 de agosto de 2020. Más de 50.000 trabajadores de la salud han sido infectados, y casi 20.000 muertes ocurrieron en residencias de ancianos”. El artículo del 7 de agosto empezaba con esa enumeración de los datos de la primera ola de coronavirus en nuestro país. En octubre, España ya tiene más de 600.000 casos diagnosticados, y se ha convertido en el país de Europa con más incidencia por cada 100.000 habitantes. Todo eso debe ser analizado de manera independiente, para determinar qué falló y qué se hizo bien en el pasado, tanto en el pasado como actualmente y en lo que quede de crisis, apuntan los expertos.
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