“Yo estoy indignada”. Así responde una de las trabajadoras de violencia de género en Andalucía sobre las que Vox ha solicitado los datos con el objetivo de “depurar casos ideológicos”. El último movimiento de la extrema derecha ha puesto sobre la mesa algunas de sus máximas sobre lo que llama “la supremacía de género” y esta vez ha apuntado contra las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) y los equipos psicosociales de los Juzgados de Familia y de Menores. Los tres organismos, formados por psicólogos, forenses y trabajadores sociales, emiten informes para ayudar a los jueces a decidir sobre órdenes de protección y medidas civiles en violencia de género y custodias y regímenes de visitas en procesos de divorcio. “Somos empleados públicos y personal cualificado. Nuestro trabajo está en la ley”, se defiende esta trabajadora, que se muestra desconcertada.
Los funcionarios sobre los que ha pedido información el juez Francisco Serrano se encargan de desarrollar una labor pericial de apoyo a los magistrados. El diputado de Vox conoce bien el sistema porque es juez de familia –en excedencia– y fue inhabilitado en 2011 por alterar un régimen de visitas de un menor con su padre. Serrano abandera una política dura en contra de las leyes de violencia machista y, de hecho, la petición de nombres y apellidos de las plantillas viene explicada así por él mismo: “Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños”.
De los equipos a los que ha señalado en este nuevo movimiento, los que más directamente trabajan con la violencia machista son las Unidades de Valoración Forense Integral, equipos especializados formados por forenses, psicológos y trabajadores sociales adscritos a los Institutos de Medicina Legal y previstos en la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004. Su labor es emitir informes integrales, siempre que lo solicite el juez, que utilizará, junto al atestado policial y su propia valoración, para decidir sobre las órdenes de protección y las medidas civiles cuando una mujer denuncia.
“Esas unidades están compuestas por profesionales formados para ello y son claves porque dan la posibilidad de hacer una valoración global; en el plano físico, psicológico y social”, explica el forense Miguel Lorente, que era coordinador de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía cuando la comunidad se convirtió en pionera al implantar estos equipos en 2005. “Analizan toda la historia de violencia como un continuo, no como un episodio puntual ni en base a la última agresión, que suele motivar la denuncia”, prosigue el que fuera también delegado del Gobierno contra la Violencia de Género entre 2008 y 2011.
A pesar de que las Unidades de Valoración Forense Integral no están instaladas en todas las provincias, tal y como exige la ley, y de que su uso no está muy extendido a nivel estatal, son herramientas fundamentales para predecir el riesgo de una víctima de maltrato. Además, valoran no solo a la mujer que ha denunciado, sino también al pregunto agresor y a los hijos e hijas. Es decir, es una herramienta fundamental a la hora de decidir sobre las medidas paternofiliales a tomar por parte del magistrado, entre ellas, los regímenes de visitas para mermar el riesgo de los menores lo máximo posible.
Tal es su utilidad que la Fiscalía lleva años llamando la atención sobre la necesidad de su “implantación urgente”, que debe extenderse por todo el territorio nacional, algo recogido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Lo hace a través de las memorias anuales, la última publicada el pasado mes de septiembre, en la que califica de “imprescindible” que los jueces complementen los informes policiales de valoración de riesgo con este tipo de instrumentos. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial también ha insistido en la necesidad de incrementar su uso.
“Son importantísimas porque valoran la realidad de la violencia de género en toda su amplitud. Abarcan cuestiones como la asimetría de poder que puede darse en la relación, detallan los mecanismos de control o, por ejemplo, si ha habido violencia psicológica”, señala la forense y exdirectora general de Violencia de Género de la Junta de Andalucía Ángeles Sepúlveda. La experta extiende la pertinencia de estas funciones a los equipos psicosociales de los Juzgados de Familia y de Menores, que también se encargan de expedir informes de valoración.
Ambos están formados por psicólogos y trabajadores sociales y, en el caso de los primeros, emiten estudios para ayudar a decidir a los magistrados en el contexto de un proceso de divorcio sobre la custodia, el régimen de visitas, la pensión o la atribución de la vivienda. Suelen evaluar al menor, al madre y a la padre y analizan factores como su estado psicológico, su credibilidad o qué medida puede ser más beneficiosa para los niños y niñas. Pero, ¿tienen algo que ver estos equipos con la violencia de género? En principio no, pero lo cierto es que en la práctica hay Juzgados de Violencia de Género que solicitan valoraciones de este tipo a los equipos psicosociales de Familia.
“Un porcentaje altísimo de las mujeres que sufren violencia de género nunca denuncian y salen de la situación a través de un proceso de divorcio cualquiera. Estos juzgados ven violencia aunque no la reconocen”, defiende Lorente, que incide en que, además, “hay casos en los que se archivan denuncias por maltrato” y el paso posterior puede ser que el padre interponga una demanda de modificación del régimen de visitas, algo que dirimen este tipo de juzgados y los equipos adscritos a ellos. “La vía civil está siendo un instrumento muy poderoso para someter a las mujeres”, concluye el forense.
Equipos técnicos de menores
En el caso de los equipos técnicos de menores, sobre los que también Vox ha solicitado datos de los profesionales que los integran, realizan la misma función pero con casos de menores de edad infractores. En este sentido, elaboran informes para orientar a los magistrados sobre la medida más adecuada a tomar cuando un menor ha cometido una infracción y también se encargan de los casos de violencia de género en estas edades.
¿Por qué ha decidido la extrema derecha apuntar contra este tipo de profesionales? Lo cierto es que la formación de Santiago Abascal ha defendido una y otra vez que las leyes contra la violencia de género “discriminan” a los hombres y se presentó a las elecciones andaluzas con un programa que pedía su derogación. Su batalla contra el feminismo es constante. Con esta petición de datos, el objetivo declarado de Vox es diferenciar entre aquellos trabajadores a los que considera preparados y aquellos que se mueven “por motivos ideológicos”. Una tesis que no es nueva y que el juez Serrano ya ha defendido públicamente en otras ocasiones. Incluso ha escrito un libro al respecto sobre cómo la decisión “de empleados públicos sin capacidad profesional y sin estar colegiados” afecta a “la custodia de menores” en casos de violencia de género.
“Veremos qué ocurre con esto, pero no tienen derecho a cuestionar la ideología de los trabajadores públicos de esta forma. Nos han puesto en la picota”, concluye la trabajadora afectada.