La Fundación Alternativas ha publicado este miércoles un segundo informe sobre la desigualdad en España que analiza cómo han afectado las políticas económicas y sociales en el aumento de la brecha social. El análisis es la segunda parte de un documento publicado por la misma fundación en 2013, en el que se concluyó que España atravesaba el momento con mayor desigualdad social en la historia de la democracia.
“En el primer informe analizamos cómo estaba la situación de la desigualdad, pero ahora queríamos analizar las políticas públicas para ver qué es lo que está pasando en la sociedad española”, explica Jesús Ruiz Huerta, uno de los investigadores que ha participado en su elaboración.
Los investigadores, entre los que se encuentran representantes de diversas instituciones universitarias y científicas, han centrado sus pesquisas en el estudio de cinco vertientes de políticas públicas:
Pensiones: Debido a la importancia de las pensiones en la redistribución de la riqueza, los investigadores recomiendan que se reduzca la vinculación entre el presupuesto de la Seguridad Social y las cotizaciones sociales. Así como que se simplifique el sistema para conseguir que sea más eficiente, equitativo y financieramente viable.
Los investigadores recomiendan que se busquen distintas alternativas para garantizar unas prestaciones dignas para las futuras generaciones y que éstas no vean perjudicados sus ingresos tras la jubilación por el descenso demográfico.
Garantía de rentas mínimas: En el apartado que el informe ha dedicado al “sistema de garantía de ingresos”, los técnicos han establecido que el sistema actual ha sido insuficiente ante la crisis. Un sistema de prestaciones que ha colaborado en el aumento de la desigualdad entre los más ricos y los más pobres.
Los expertos han advertido también de que para luchar de manera eficaz contra la pobreza se necesita garantizar unos ingresos mínimos que avalen los derechos sociales de los ciudadanos en todo el territorio y que es necesario para evitar la desigualdad que las rentas mínimas de cada comunidad autónoma se equiparen.
Educación: El sistema educativo español contribuye a reducir las desigualdades en mayor medida que el promedio de la OCDE, y así lo refleja el informe, que no por ello deja de advertir las consecuencias que las últimas reformas como la Ley Wert pueden tener en la población más joven.
Según el informe, el “actual modelo de titulación de la ESO es muy inflexible” lo que, asegura, “cierra el acceso a la educación postobligatoria a muchos estudiantes”, lo que contribuye al aumento del fracaso escolar y el abandono.
La investigación apunta que el gasto en educación superior es menor cada año y advierte que los cambios en el sistema de becas universitarias las ha en menos equitativas. Ante esto, proponen introducir como complemento un sistema de becas-salario ligadas a la renta y al rendimiento académico.
Otro factor que el estudio analiza es el estado del alumnado inmigrante, cuya tasa de abandono escolar es muy alta. Los expertos aconsejan incorporar al sistema educativo un plan de incorporación de alumnos extranjeros que favorezca su integración y su rendimiento escolar.
Sanidad: Dentro de la asistencia sanitaria pública española, los expertos han puesto el foco en dos puntos preocupante: la pérdida de la universalidad y la instauración del copago.
La pérdida de la sanidad universal, que tras la reforma de 2012 dejó a los inmigrantes en situación irregular sin derecho a la atención médica. Una medida que según los resultados de la investigación “no se ha traducido en ganancias en eficiencia”, sino que “puede aumentar los costes” si se renuncia a las consultas preventivas en favor de la atención de urgencia.
El informe advierte de que la crisis económica y los recortes han afectado mucho a la igualdad de las personas ante el acceso al sistema sanitario. Los desempleados, inmigrantes, las personas con bajo nivel educativo y los hogares con ingresos más bajos se han visto más afectados por la reforma sanitaria que instauró el copago.
En el documento, los expertos recomiendan al Gobierno analizar los copagos a partir de criterios de coste-beneficio y tener en cuenta las cuestiones de igualdad en el momento de su aplicación.
Vivienda: En España la tasa de pobreza aumenta del 22,2% al 33,6% cuando se tienen en cuenta en la definición de pobreza los costes de vivienda. Este dato, entre otros indicadores ha llevado al grupo de investigación a recomendar que se lleven a cabo distintas medidas para garantizar el acceso a la vivienda.
Entre ellas está aumentar las zonas de reserva de viviendas de interés social, crear ayudas públicas para el pago de estas viviendas en hogares con problemas para pagar el alquiler o en riesgo de exclusión social o la creación de un sistema de ayudas de emergencia para hogares en riesgo inmediato de pérdida de la vivienda. Así como también plantean el diseño de unas políticas de control de precios del mercado libre.