El informe científico de la ONU sobre la importancia crucial de contener el calentamiento global en 1,5ºC y la obligación de recortar las emisiones de CO un 45% para 2030 apelan de forma muy directa a España: tanto por las graves consecuencias que evitaría esa reducción como por las medidas para conseguir ese objetivo que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha calificado como “obligación de resultados”: que en 2050 el balance de emisiones sea cero.
De entrada, ese recorte perentorio de emisiones está por encima del compromiso adquirido por la Unión Europa que está en el 40% (y es vanguardia mundial). Para alcanzar ese extra, España tendría que acometer un recorte anual de entre el 7 y el 10% respecto a los niveles de 2010, según los cálculos del responsable de cambio climático de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz. Los científicos estiman que para conseguir ese freno en 1,5ºC el sector industrial debe emitir hasta un 80% menos que en 2010.
Ribera ha puesto el acento tras conocer el informe en que “afecta a todos los ámbitos de la sociedad”. Desde luego, el análisis global incluye la necesidad de revisar de igual manera la “demanda de energía” de la sociedad en general. A menos uso de energía, más fácil conseguir la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Andaluz estima que, en España, esa reducción de la energía consumida “debería rondar un 40% para 2030 si se pretender conseguir el objetivo del 1,5ºC grados”.
De igual manera, el transporte, al menos el urbano, no tiene más remedio que dar un salto gigante: los transportes de bajas emisiones tienen que pasar de menos de un 5% en 2020 a un intervalo de entre el 35 y el 65% a mitad de siglo. “Limitar el calentamiento implica reducciones más cuantiosas en el sector del transporte”, han dicho los científicos. Precisamente este martes se celebra la cumbre de ministros europeos de medio ambiente para decidir cuál será el nivel de reducción de emisiones de coches y furgonetas.
Aunque el informe del IPCC habla casi específicamente del CO, dentro de todo el cóctel de gases de efecto invernadero, también están actuando otros compuestos como el metano y los dióxidos de nitrógeno. Ambos están relacionados con el sector agrícola y tienen a España en puestos destacados de emisión. Las emanaciones sumadas de ambos gases equivalen a unos 35 millones de toneladas de CO. Es la tercera posición en la Unión Europea, pero en el periodo 1990-2015 solo España (junto a Chipre) ha incrementado sus emisiones de estos gases por su actividad agrícola, según Eurostat.
Los peores impactos
Algunos de los peores impactos a los que aboca un calentamiento global de 2ºC en lugar de 1,5, tocan frontalmente a España: desde la disposición de agua dulce hasta la destrucción de las costas pasando por la desertificación del territorio.
Un mayor o menor aumento del nivel del mar tiene incidencia en el riesgo que afrontan las zonas costeras. “Mayor calentamiento amplifica la exposición a riesgos para los sistemas ecológicos, la intrusión de agua salada, las inundaciones y los daños a las infraestructuras”, advierte el documento.
En este sentido, el caso del delta el Ebro, ejemplifica el ritmo al que se deja sentir este efecto. La tercera desembocadura más grande del Mediterráneo ve cómo la subida del nivel del mar se come el ecosistema (el 65% de su terreno se dedica a la producción de arroz) al que, además, no le llegan sedimentos atrapados en los embalses del río.
Parecida amenaza padecen la mayoría de playas del litoral español, como reconocía el informe de Impactos sobre la Costa del Gobierno en 2014. La Estrategia de Adaptación al Cambio Climático recoge que “las playas, dunas y acantilados, actualmente en erosión, continuarán erosionándose debido al ascenso del nivel del mar y, en menor medida, por aumento en la intensidad del oleaje”.
El documento de la ONU también menciona que habrá “cambios significativos” en la aridez si el calentamiento cambia medio grado más o menos. Precisamente, el índice de aridez del suelo está en la base de la desertificación, uno de los mayores riesgos descritos para el área mediterránea en general y España en particular. Hasta el 80% del territorio español está en peligro de convertirse en desierto a lo largo del siglo, según calculó el Ministerio de Medio Ambiente: al ritmo actual, “hasta tres millones de hectáreas de las zonas húmedas pasarán a áridas al llegar a 2100”.
El agua o la ausencia de ella. Uno de los puntos claves a la hora de analizar los efectos del cambio climático. Y uno de los que más preocupan en España. La falta de agua en algunas zonas con fortísima dependencia y un equilibrio hídrico delicado (como el arco sureste de la península) tiene implicaciones directas tanto en el consumo humano (la primera prioridad recogida por la ley española) como para la industria agrícola (gran demandante de agua). Que la temperatura global se vaya 2ºC por encima doblará la población sometida a estrés hídrico, según las regiones más o menos sensibles.
Y para completar el panorama, el IPCC ha incidido en la multiplicación de la pérdida de “recursos costeros” y pesca comercial en caso de no conseguir ralentizar más contundentemente el cambio climático. La Oficina Española de Cambio Climático ya ha constatado que el calentamiento del agua del mar está provocando “muertes a gran escala, sin precedentes” tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico españoles. Incluso de variedades comerciales (además de empobrecer el turismo submarino). España es la primera potencia pesquera de la Unión Europea.
El grupo de expertos de la ONU ha asegurado que se necesitan medidas drásticas y cambios a una escala “sin precedentes”. El Gobierno español debe concretar cómo implementar este mandato científico, al menos, en su Plan Integrado de Energía y Clima que tiene que remitir a la Comisión Europea antes de que acabe el año. Pero, como ha afirmado el ministro de Ciencia, Pedro Duque, sobre el combate contra el cambio climático ya “no estamos hablando de opinión”.