Que la que ha comenzado este martes sea “la legislatura de la emergencia climática. De lo contrario, nuestro país y nuestro planeta tienen un problema”. Es la petición expresa que 26 grupos ecologistas, entre ellos el colectivo de jóvenes Fridays For Future (FFF), ha lanzado oficialmente al Estado español este martes en Madrid. Lo hacen entre otras razones porque, señalaba Manuela Martín en representación de FFF, “si no se toman medidas el mundo tal y como lo conocemos dejará de existir. Y España, con el riesgo de la desertificación, será uno de los países más afectados”.
Tras una XII Legislatura, la pasada, “perdida”, esta debería llevar aparejada “una ley de cambio climático, una transición energética justa y asociada a la fiscalidad, entre otras medidas más exigentes”, expresaba Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace. Tanto él como desde todas las organizaciones insistían en que son conscientes de que esa declaración de “emergencia” o “crisis” climática que esperan no deja de ser algo simbólico.
“No vamos a quedarnos quietas con una simple declaración como la del Parlamento Británico. A eso hay que darle contenido y desarrollo. En diciembre, el Ejecutivo que haya tiene que presentar un Plan Nacional Integral de Clima y Energía, y es algo que debería ir asumido en la declaración”, añadía Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción.
Andaluz hacía alusión la cámara británica como una de las instituciones que ya ha dado este paso. También en Europa lo ha hecho el irlandés. En España, solo la Generalitat de Catalunya ha declarado formalmente la “emergencia climática”, la pasada semana desde la Consellería de Territori y Sostenibilitat. Aunque, por el momento, sin medidas ni presupuesto concreto destinado a abordarla.
En Reino Unido además del Parlamento lo han hecho algunas ciudades, como Londres, Bristol o Mánchester. En el resto de Europa, recientemente se sumó Zúrich. En España, este martes se dirigían especialmente tanto al Gobierno en funciones como al que salga tras la investidura, pero se lo piden, decía Nicolás Eladiés de Extinction Rebellion, “a todas las instituciones, desde los Ayuntamientos a la Unión Europea. También a Renfe. A todos los niveles y a todos los que estén dispuestos a asumir lo que implica que estemos en una emergencia climática”.
Las universidades, precursoras
Mercedes Ruiz, como parte de Teachers for Future, defendía este martes el papel fundamental de los docentes y centros educativos. Las universidades han sido pioneras en nuestro país al declarar este estado de emergencia. La primera fue la Universitat Politécnica de Barcelona (UPC), a la que siguieron otras dos catalanas: la Universitat de Barcelona (UB), la Pompeu Fabra y la Autónoma de Barcelona. Este 21 de mayo ha arrancado en la Complutense de Madrid una plataforma que está en negociaciones con el Rectorado para realizar una declaración similar y elaborar una hoja de ruta verde en los campus. También Fridays for Future está en conversaciones con la Carlos III de Madrid.
En la Politècnica catalana, quien capitaneó el proceso fue Lola Ache, junto a otros miembros del Consejo y de FFF. Estudia 4º de Ingeniería Industrial y cuenta que “surgió de manera un poco improvisada, fijándonos en otras universidades extranjeras, sobre todo escocesas, y por la fuerza que el movimiento estaba tomando aquí”.
Como representante de alumnos, lo elevó al claustro en forma de moción, donde afirma que “encontramos muchos apoyos. Obviamente, una declaración pública es algo bonito, da incluso propaganda. No nos encontramos problemas”.
La declaración en sí, reconoce, no implica ningún compromiso, “pero nos ha servido para empezar a contactar con gente a la que le interesa este tema y con la universidad. Al ser técnica, es un tema que ya está muy implantado en el plan de estudios. Pero hay que hacer un plan sólido sobre generación de residuos y consumo energético. Estamos en diálogo, si declaras la situación de emergencia has de ser consecuente. Si no, es un brindis al sol”.
Según explican otros miembros de FFF –que sigue la estela de la sueca Greta Thunberg, también precursora de esta petición–, en el próximo Consejo de Gobierno que se celebre dentro de 6 meses en la UPC, y en todos los centros que se aprueben, los rectores y directivos tendrán que acordar los objetivos. “Con la Generalitat habría que hacer la misma reflexión: a ver en qué se traduce. Está muy bien la declaración, pero si se sigue permitiendo a las industrias campar a sus anchas, no sirve de mucho”, agrega Ache.
Tres compromisos para cumplir los plazos
Los acuerdos que salgan de unas y otras instituciones tendrán que partir, según estos colectivos, con los tres mínimos que asocian a una “declaración de emergencia”: la verdad, “los gobiernos deben ser sinceras acerca de la gravedad y urgencia en la que nos encontramos”; la acción, “deben promulgar medidas de política legalmente vinculantes para reducir las emisiones de carbono a cero neto para 2025”; y la democracia real, “con asambleas ciudadanas para supervisar los cambios”.
En la presentación para exigírselo al Gobierno y a las demás administraciones, las 26 asociaciones que se unen al comunicado hablaban de esas y más medidas concretas que habrían de ir aparejadas. “Realizar un giro de 180 grados en las políticas comerciales internacionales” o la recuperación de la soberanía alimentaria, convertir a España en puntera en energía solar o la reconversión del sector automovil, citaba Irene de la Cuerda, de CGT, también adscrita.
“Apenas nos quedan 11 años”, repetían. Para cumplir los plazos se remiten a “lo que concuerdan. Cada una tiene su modelo, pero hay una serie de mínimos, como que han de comprometerse a un 7% anual en la reducción de emisones para que sea efectivo”. Desde los colectivos han aprovechado para anunciar formalmente además que la batalla la seguirán dando en las calles: FFF saldrá el próximo viernes a nivel internacional, justo antes de las elecciones europeas.