Las inundaciones son recurrentes y mortales en España. Son el desastre natural, en gran medida consecuencia de la acción humana, más mortífero: 361 personas han fallecido desde 1995 por avenidas, según el Ministerio del Interior. Producto de una combinación letal de deterioro climático e inadecuada “gestión de los sistemas naturales y la expansión urbanística”, como describe el Ministerio de Transición Ecológica, las inundaciones provocan más muertes que los incendios forestales, los temporales marítimos, los deslizamientos de terreno, los aludes o el viento huracanado.
Las inundaciones ocurridas la semana pasada durante la última DANA han causado siete muertes y unos 3.500 desplazados. Casi todo ha ocurrido en lugares donde se constata esa gestión deficiente y proliferación de construcciones a las que hacía referencia el documento ministerial. Áreas calificadas como zonas inundables con alta probabilidad, según la cartografía oficial del Gobierno. Es decir, allí donde estadísticamente se repiten las avenidas cada diez años (también se clasifican zonas con retornos cada 50, 100 y 500 años). Se trata de puntos donde está comprobado que el agua buscará su cauce en caso de lluvia torrencial.
Entre los puntos donde se han registrado fallecimientos este septiembre de 2019, Orihuela y Redován (Alicante), la ciudad de Almería, Caudete (Albacete) o Baza (Granada) caen en este mapa que implica un periodo de retorno de 10 años. Esto significa que hay un 10% de probabilidades de sufrir un episodio en un año cualquiera, “del 92,8% de verse inundada en un período de 25 años consecutivos y del 99,5% de inundarse en 50 años consecutivos”, según explican los técnicos de la cartografía.
Otras localidades que han protagonizado inundaciones y rescates como Ontinyent (Valencia) o Cabo de Gata (Almería) también están marcadas en rojo por el visor que señala estas zonas con alta probabilidad de inundación. Lo mismo que en las localidades malagueñas afectadas por las riadas como Alahurín el Grande, atravesada por el cauce del arroyo de la Villa, Coín, Cártama o Alahurín de la Torre.
¿Por qué la acción humana? La expansión de un urbanismo irrespetuoso con el medio ambiente está detrás de buena parte de la destrucción asociada a las inundaciones. Hasta 50.000 edificaciones ocupan cauces y zonas de riesgo, según Ecologistas en Acción. La organización señala que se incumple sistemáticamente la normativa del Plan Hidrológico Nacional.
¿A qué disposiciones se refiere? Ese plan, que tiene rango de ley, indica que el Gobierno tiene que ponerse de acuerdo con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para “eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pudieran implicar un grave riesgo para las personas, los bienes y la protección” de ese dominio. La ley de aguas de 2001 permite además al Gobierno “limitar por decreto el uso de las zonas inundables”.
La cartografía de zonas inundables se solapa con la secuencia de avenidas mortales. En 2018, unas precipitaciones violentas y concentradas en el este de Mallorca provocaron una riada en San Llorenç des Cardassar en la que murieron 12 personas. La localidad es zona inundable con retorno de 10 años. La misma situación se repitió en las muertes en Lorca y Puerto Lumbreras (Región de Murcia), Pizarra y Archidona (Málaga) en 2012. En 2015, fallecieron dos personas junto a unos invernaderos en Albuñol (Granada), municipio rodeado de zonas inundables de alta probabilidad.
El Ministerio para la Transición Ecológica admite en su base de indicadores ambientales que “en los últimos años se constata un aumento en la frecuencia e intensidad de determinados fenómenos climáticos extremos, que han sido causa de una serie de desastres naturales destacables” e indica que “existen evidencias de su vinculación al cambio climático”.
Desestabilización económica
Al mismo tiempo advertía en un análisis de 2013 que “los desastres naturales ”pueden desestabilizar el equilibrio socioeconómico de cualquier región“ por las pérdidas de vidas y materiales. El año pasado, el coste por inundaciones ascendió a 257 millones de euros, según el Consorcio de Compensación de Seguros. Las reclamaciones por inundación suelen liderar la estadística de este organismo. En 2016 fueron 212 millones, en 2014 otros 106 millones y en 2013 el coste ascendió a 219 millones de euros, según las cuentas del consorcio.
Tras esta última DANA se multiplicarán las reclamaciones de indemnización. Cuando todavía no se había retirado el agua tanto la Generalitat Valenciana como el Gobierno de la Región de Murcia ya adelantaron que pedirían la declaración de zona catastrófica para acceder a ayudas económicas extraordinarias por parte del Estado. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, contestó que estudiaría ambas solicitudes al visitar las zonas afectadas por las inundaciones.