“Cuando salimos quejándonos en los medios, no es por nosotros. Toda la ciudadanía va a pagar las consecuencias, esto hay que tenerlo muy claro. Cuando haya una vacuna [para la COVID-19], no vamos a llegar los primeros. Ni los últimos. No llegaremos y nos tendremos que gastar miles de millones en acceder a ella a través de farmacéuticas como Gilead. Que, por otra parte, ya ha anunciado que todo el Remdesivir [un fármaco para tratar la COVID] va a ir a EEUU y por el poco que quede habrá que pelearse. Si hubiéramos apostado hace años por tener laboratorios, centros de investigación, una industria en definitiva, podríamos producirlo aquí en forma de patente libre o genérica. Pero no. Tendremos que pasar por caja”.
Pablo Giménez, presidente de la Federación de Jóvenes Investigadoras (FJI/Precarias), pone voz a las quejas de un sector que ha estallado esta semana tras conocerse la resolución de las ayudas a la investigación para postdoctorales [personas que ya han leído su tesis] que concede el Gobierno a través del Ministerio de Ciencia. “No estamos invirtiendo, estamos jugando a ser científicos”.
Se refiere Giménez (y cientos de investigadores en las redes sociales, donde se han estado manifestando estos días) a la resolución de los programas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva (formación e incorporación) y Torres Quevedo, las cuatro principales ayudas públicas a la investigación que puede solicitar un científico que ya tenga el doctorado hecho, publicadas por el Gobierno el pasado día 6.
En total en esta edición se han concedido 828 ayudas: 197 Ramón y Cajal, las más prestigiosas y mejor dotadas que sí dan estabilidad, con 31.600 euros anuales durante cinco años; 225 Juan de la Cierva formación (para los que empiezan), con 21.500 euros anuales durante dos años; Juan de la Cierva incorporación, con 25.000 euros para tres años; y 181 Torres Quevedo, para trabajar en empresas que hagan I+D+i durante tres años y con un salario a negociar con la empresa, del que el ministerio paga una parte. Todas estas ayudas llevan varios años congeladas, de manera que se da la paradoja de que un estudiante predoctoral con un contrato público FPU o FPI, que todavía no ha leído la tesis –a diferencia de estos postdoctorales– cobra en su último año más que uno que sí es doctor, porque estos programas sí se han actualizado.
“Es imposible estar contento. En este país no es que tengas que ser excelente, es que tienes que ser el mejor entre los mejores para obtener un contrato precario”, valora Giménez. Se da la circunstancia de que precisamente este jueves saldrá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al ministro de Ciencia, Pedro Duque, a desgranar el plan del Ejecutivo para impulsar la ciencia tras la crisis de la COVID-19. Este joven investigador no tiene ninguna fe en los posibles anuncios del presidente. “Desde que yo entré en este mundo nos dicen que 'mañana'. Estamos un poco cansados de promesas. Mientras, cada día se amontonan más jóvenes en el exterior que quieren volver pero no pueden. Estamos en una situación límite”.
Desde el Ministerio de Ciencia, un portavoz asegura que este jueves va a haber medidas concretas y con fondos detrás que las aguanten. A la espera de conocer las medidas, explican desde la FJI, de momento la realidad es que mientras en España se han concedido 30 millones de euros para investigar la COVID, en Alemania se han dado 300 millones solo a un laboratorio.
“En Alemania estaría dirigiendo un grupo de investigación”
Mientras, las redes están llenas de casos de personas a las que les han valorado el currículum con más de 90 puntos sobre 100, pero les ha resultado insuficiente para obtener una ayuda. “Toda esta gente [que se ha quedado fuera] en Alemania o Reino Unido estarían dirigiendo grupos de investigación y aquí son mileuristas o milquinientos euristas. Y durante varios años”, explica Giménez.
Y cuando se acaba esto, vuelta a la rueda. A pedir otra ayuda, cruzar los dedos muy fuerte y que te la concedan, porque en España, en la investigación, fuera del sector público hace mucho frío. ¿El resultado? Las personas emigran y en su maleta se marchan la formación y la inversión que ha hecho el Estado en ellas. Algunos cálculos hechos por la propia FJI cifran en unos 150.000 euros el coste para España de formar a una doctorada en Microbiología.
Y este año hasta eso está más complicado. Los países han cerrado fronteras por el coronavirus y con ellas las esperanzas de muchos investigadores. Estados Unidos, una de las principales salidas para muchos de ellos junto a Alemania o Reino Unido, no concede visados J1 o H1, vinculados a la investigación, por lo menos hasta diciembre.
En esta situación de incertidumbre respecto al futuro está Isabel Abánades Lázaro, de 28 años. Esta licenciada en Química emigró sin siquiera probar en España cuando un Erasmus en Dublín le abrió los ojos respecto a las facilidades para doctorarse y trabajar en el extranjero. Leyó su tesis en Escocia, cuenta, y se quedó realizando “una pequeña estancia” posterior. Como había estado fuera de España los últimos años, pudo pedir una ayuda europea Marie Curie, que le fue concedida y le valió una plaza en el Instituto de Ciencia Molecular de la Universidad de Valencia, donde se encuentra actualmente.
Pero la Marie Curie se acaba y delante solo queda el abismo. “Para la mayoría de las ayudas competitivas el mínimo de experiencia [como postdoctoral] son dos años y en muchas el máximo siete, por lo que estoy en el límite inferior, está complicado”, explica.
A esta incertidumbre se une el problema de los plazos. Su actual contrato acaba en mayo de 2021. Su plan es pedir una ayuda Junior Lider de La Caixa, que se tramita en octubre. La ayuda Juan de la Cierva, que sería la otra salida natural para quedarse en España, se pide en enero, pero la resolución no sale hasta agosto y el trabajo empieza por octubre. En el caso optimista de que se la dieran, tendría de mayo a octubre desocupado.
¿Y si no te conceden ninguna? “Irme al extranjero sería mi plan B. O intentar conseguir un contrato con un jefe de grupo que tenga financiación, pero suelen ser escasos y de seis meses o un año, no te dan mucha independencia ni solvencia”, asegura. “Otra opción sería ser profesor en la Universidad, pero necesitas acreditarte por la ANECA y es mucho papeleo. ¡Y en Escocia he dado más de 100 horas de clase! Pero no creo que me las acrediten”, se lamenta.
El ya habitual sesgo de género
Las jóvenes investigadoras también lamentan que la resolución de las ayudas estatales tienen un sesgo de género ya habitual en la ciencia. Por poner un ejemplo, de las 197 ayudas Ramón y Cajal concedidas, el reparto varones-mujeres está en un 60%-40%. Por áreas se hace más evidente la brecha: con excepciones, en las más científicas apenas hay mujeres (3 de 16 seleccionadas en Biociencias, 5 de 17 en Ciencias Físicas), que sí están presentes en las humanidades y sociales (4 de 4 en Cultura, 6 de 8 en Estudios del Pasado).
Los datos son los que son. En 2018 había un 59% de mujeres preparando la tesis con un contrato en el CSIC, porcentaje que cae hasta el 51% en las postdoctorales. En el siguiente escalón, los Ramón y Cajal, ya se ha invertido la proporción: 59% de hombres. A partir de ahí, las curvas ya solo se separan más.
“Hay mucho sexismo en la investigación y muchas experiencias que se viven no alientan a seguir en la carrera”, explica Abánades su experiencia. “Son muchas horas de trabajo, mucho sacrificio, y si tienes una familia o quieres formarla el peso de los cuidados a los niños, etc. sigue recayendo en las mujeres. Cada vez menos, pero hay mucha incertidumbre y mucha gente que quiere estabilidad acaba planteándose pasarse a la industria [privada]”, añade.
En estas circunstancias espera la comunidad los anuncios que el Gobierno tenga a bien hacer mañana. Con esperanza, pero escepticismo a la vez. “Esto ha servido para darnos cuenta todos de las costuras que tiene el sistema”, cierra Giménez. “Que somos incapaces de abastacernos de productos, que con un buen sistema científico y una industria no habríamos vivido este drama como lo hemos vivido. Pedro Duque promete que es hora de llegar al 2% [la cifra considerada óptima para la I+D+i], pero es algo que todos llevan en el programa electoral. Pero esto parece un poco como los católicos y el cielo: todos quieren llegar, pero cuánto más tarde, mejor”.