La justicia cerca a los políticos que vendieron VPO a fondos de inversión en Madrid
“Es una operación que se ajusta a derecho. Es legal. Se ajusta a derecho y es legal”. Ese era el mantra que repetía varias veces la exdirectora del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) el pasado 6 de noviembre en una comisión parlamentaria que investiga la corrupción política en Madrid. Ana Gomendio estaba al frente del instituto cuando el Gobierno de Ignacio González (PP) vendió 2.935 viviendas de protección al fondo Goldman-Sachs.
Justo al terminar su comparecencia, comenzó la de su predecesor en el cargo: Juan Van Halen. Sobre la subasta acertó a decir: “Fue una decisión que se tomó, y yo me dediqué a ejecutarla, a ponerla en marcha, de hecho; no a ejecutarla, a ponerla en marcha”.
En ese 6 de noviembre, Gomendio había sido imputada judicialmente –ahora el término es investigada– por esta operación. Dos meses después, Van Halen corría la misma suerte y un juez de Instrucción de Madrid le ha citado para el 26 de febrero. Los dos responsables del Ivima que diseñaron y ejecutaron la venta de esas casas están implicados judicialmente. Las actas de aquella comparecencia parlamentaria –la Mesa de la Cámara dominada por el PP impidió que se tomaran imágenes in situ– desprenden que ambos altos cargos consideran que se limitaron a acatar órdenes.
“Cuando yo tomé posesión del cargo como Gerente del Ivima existían ya decisiones tomadas”, fue la contestación de Ana Gomendio. El diputado autonómico Ramón Espinar (Podemos) le preguntaba después: “¿Es usted la responsable política de la operación o es usted la responsable jurídica de una operación que le dan hecha cuando llega al Ivima?”. La exdirectora le replica. “Yo soy responsable gerente”.
Lo que el magistrado del juzgado de Instrucción Nº48, Ignacio Bigeriego, investiga es si hubo prevaricación y malversación de fondos en la adjudicación a Goldman-Sachs (que posee las casas mediante su filial Encasa Cibeles).
Un plan de muchos meses
El concurso arrancó formalmente cuando el Consejo de Gobierno presidido por Ignacio González acordó sacar a subasta las viviendas públicas, la mayoría de alquiler con derecho a compra, el 6 de junio de 2013. Un total de 32 promociones. Pero la idea y trabajos previos se remontaban meses atrás, como ilustraron ambos altos cargos en sede parlamentaria: se pidieron informes en el Ivima para ver qué promociones de casas podían enajenarse (venderse) y se decidió que se haría en un único paquete de casas: el que quisiera pujar tendría que poder llevarse todas. También se encargó una tasación de todo ese volumen de más de 2.900 casas para adjudicar en bloque.
El precio de salida que puso la Comunidad de Madrid fue de 168 millones. El precio final fueron 201. Con todo, la Cámara de Cuentas de Madrid ha informado que ese precio más alto suponía una “pérdida patrimonial” de 98 millones de euros respecto al valor de las casas. Cada vivienda le salió de media al comprador por poco más de 63.000 euros. La investigada Ana Gomendio ha insistido en que “tal y como estaba el mercado en ese momento, se sacó un 20% o más del valor de las viviendas”. Van Halen, antes de ser llamado como investigado, les dijo a los diputados que “de lo que se trataba era de conseguir unos fondos para reinvertirlos...”.
Sin embargo a esta venta masiva le hacía falta una cobertura legal para llevarse a cabo tal y como, al final, resultó. Un mes después del anuncio oficial, la misma administración publicó un decreto que modificaba el Reglamento de Viviendas con Protección Pública. Justo las afectadas por la adjudicación que se produciría meses más tarde. El cambio admitía que las promociones de alquiler se pudieran vender un año después de ser calificadas en lugar de siete años. Y permitía que se vendieran promociones en bloque incluso a “a sociedades o fondos de inversión inmobiliaria”. Como Goldman-Sachs.
Lo que supone para los vecinos
Sonia Martínez Aguilar es la presidenta de la Asociación de Afectados por el Ivima y explica qué ha supuesto el cambio de dueños de las casas. “Como un 30% de las personas recibían una ayuda [para el alquiler] de la Comunidad de Madrid por su renta, cuando han ido a intentar renovarla, el Ivima les ha dicho que ya no les puede renovar las ayudas porque esas viviendas ya no son públicas, que son privadas. Lo tengo por escrito en una carta”.
Encasa Cibeles no ha podido tocar el precio pactado del alquiler pero Sonia Martínez ha detallado algunas de las maniobras que se han ido dando desde que las escrituras cambiaron de manos: “Cuando compra Encasa Cibeles, estas casas se constituyen como comunidad de propietarios, para que nosotros [inquilinos] no tengamos ninguna decisión sobre esos suministros, las empresas de mantenimiento, etcétera, etcétera; con lo cual, sí que te pueden subir la cuota de comunidad”.
De igual manera, los inquilinos han pasado a asumir algunos gastos que el Ivima, en calidad de gestor de viviendas sociales, no les repercutía, como el IBI o la tasa de basuras. El responsable entonces de Vivienda, el consejero Pablo Cavero (ahora concejal del PP en el Ayuntamiento Madrid), defendió la operación, además de por los 200 millones que cobraron de golpe, porque el Gobierno se iba a ahorrar “los 800.000 euros anuales en concepto de IBI y tasas municipales de recogida de basuras”. Que salen ahora de los bolsillos de los vecinos porque Encasa Cibeles tiene derecho a reclamarlo.
Juan Van Halen, en noviembre de 2015, ante los diputados analizaba así este trasvase: “Si el casero les perdona el IBI o no, es otra cuestión, pero el IBI estaba en el contrato de alquiler y, legalmente, los derechos y obligaciones legales se han mantenido exactamente igual”. No así el precio final de lo que se paga. Para su sucesora al frente del Ivima nada supuso la entrada del fondo de inversión. El acta de su intervención registra esta exclamación: “El inquilino no pierde sus derechos. El nuevo titular se subroga en todos sus derechos. ¡Sigue teniendo la vivienda digna! ¡La sigue teniendo!”.
La vertiente judicial de esta venta arrancó con la querella presentada por un grupo de diputados regionales del Partido Socialista. Sin embargo, mucho del empuje para que no languideciera se ha debido a las acusaciones de la Asociación de Afectados o de la Asociación de Lucha contra la Corrupción Corruptil que han ido pidiendo la imputación de los responsables de toda la operación.
Destinos dispares
El contrato de venta fue formalizado el 25 de octubre de 2013. Desde entonces, los protagonistas politicos han ido corriendo diversas suertes. Gomendio fue la primera en verse ante el juez como investigada. El anterior director del Ivima, Juan Van Halen, había salido del instituto para ser viceconsejero y, de ahí, a alto cargo del Ministerio de Fomento. Tuvo que dimitir el pasado 2 de febrero al conocerse que también responderá ante el magistrado instructor.
Por encima de ellos, el presidente de la Comunidad de Madrid al cerrar el negocio, Ignacio González, no pudo presentarse a la reelección. Pasó a ser miembro del Consejo Consultivo en calidad de expresidente. Pero su compañera de partido y actual presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, ha eliminado ese organismo. Se ha dado de alta como abogado al tiempo que, todavía, es el secretario general del PP de Madrid. El jefe de Gomendio, Pablo Cavero, se marchó del Gobierno autonómico. Pero siguió la estela de Esperanza Aguirre y comparte con ella grupo municipal en Madrid.
A finales de 2013, con las primeras noticias de la entrada del fondo de inversión, algunos afectados de la Asociación de Vecinos de Vallecas se reunieron con Goldman-Sachs. El presidente de los vecinos, Enrique Villalobos, explicó entonces lo que le dijeron: ellos no eran una ONG, hacían negocios.
