Primer varapalo judicial al fondo buitre que Ana Botella, exalcaldesa de Madrid, vendió 1860 viviendas sociales. En una sentencia pionera, el juzgado nº 43 de Primera Instancia de Madrid impide a Fidere desahuciar a una familia con un menor de dos años a la que no renovó el contrato pese a que estaba al corriente de los pagos tras diez años en la vivienda.
La jueza entiende además que Fidere –empresa filial de Blackstone en España– debe garantizar que el contrato, firmado con la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) antes de la venta, puede prorrogarse hasta 15 años y después posibilitar la compra siempre que los inquilinos mantengan las mismas condiciones que los hicieron adjudicatarios de un piso protegido.
El pronunciamiento judicial afecta a una de las siete familias de la calle Lope de Vega a las que Fidere, a través de un burofax y con solo un mes de antelación, obligaba a dejar sus casas por unas supuestas obras en el edificio que nunca se han iniciado. En los próximos meses está previsto que se celebren al menos otros dos juicios vinculados al mismo caso, asegura Mariano Benítez de Lugo, el abogado que lleva la causa.
La sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, no es firme y está aún sujeta a una posible apelación de Fidere ante la Audiencia Provincial de Madrid. Tampoco sienta jurisprudencia, pero los afectados esperan que a partir de ahora “haya unidad de criterio” en la actuación de los demás jueces que llevan casos de este bloque.
“Hemos respirado. Hemos vivido muchos meses con el corazón en un puño con una niña de dos años”, dice Alberto, el inqulino que podrá continuar en su casa, en conversación telefónica con este medio. Está aliviado. El afectado cuenta cómo, tras rescindir unilateralmente el contrato, Fidere no aceptaba los recibos y después alegó que había impagos. “Lo que hicimos, para evitar que se agarrara a eso, fue consignarlo mes a mes en el juzgado”, explica.
La jueza fundamenta su decisión de desestimar la demanda de Fidere y, por tanto, permitir a la familia quedarse, en que el contrato de arrendamiento de estas viviendas de Protección Pública “está sometido a una normativa especial”. Concretamente, según el auto, un decreto autonómico de la Comunidad de Madrid que protege especialmente estos contratos.
En este caso, dice la jueza, Fidere no puede alegar que se acoge al derecho de expiración del término del contrato recogido en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como si fuera un alquiler de libre mercado. El auto concreta, además, que el contrato firmado por esta familia con la EMVS se firma “al amparo de la LAU con la sola excepción a las especificaciones derivadas del propio régimen de protección pública de vivienda”.
Según el abogado, la sentencia no hace referencia a las condiciones particulares del inquilino, sino que establece una “especie de teoría general”. “Es por eso el primer eslabón de una cadena de posibles sentencias favorables a los inquilinos que fueron ninguneados por la gestión del PP”, sostiene Benítez de Lugo, que también lleva la querella de los afectados, el PSOE y el Ayuntamiento de Madrid contra el fondo buitre. Esta acción, por la vía penal, se ha sobreseído por segunda vez pese a que se presentaron nuevas evidencias de irregularidades ofrecidas por un informe de la Cámara de Cuentas, otro del fiscal del Tribunal de Cuentas y las conclusiones de la Comisión de Investigación del Ayuntamiento de Madrid.
La presidenta de la asociación de afectados por la venta de las viviendas la EMVS, Arantxa Mejías, califica la sentencia de “muy esperanzadora” para más personas que están en situaciones similares. Fidere también intentó desahuciarla,pero un acuerdo con mediación del Ayuntamiento con el fondo buitre lo paralizó.